La Paz, 1 de noviembre de 2022.- El presidente de Bolivia, Luis Arce, tomó juramento este martes al nuevo alto mando militar al que pidió defender al Gobierno «legalmente constituido a través de las urnas», en medio del conflicto por la realización del censo de población que para el oficialismo es un intento de un «golpe de Estado».
Los nuevos jefes militares juraron el cargo en un acto en la casa de Gobierno en La Paz presidido por Arce junto al vicepresidente boliviano, David Choquehuanca, y el ministro de Defensa, Edmundo Novillo.
El general de Ejército Hugo Arandia es el nuevo comandante de las Fuerzas Armadas, el contraalmirante Gonzalo Vigabriel es jefe del Estado Mayor, el general Juan José Zúñiga el comandante del Ejército, mientras que la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) está a cargo del general Marcelo Zegarra y la Armada Boliviana bajo el mando del contraalmirante Juan Arnez.
«El lugar de las Fuerzas Armadas está en el seno de su pueblo que ha expresado su voluntad de convivir en paz y en democracia y cuya obligación es la de defender al Gobierno legalmente constituido a través de las urnas como la única vía legítima de alcanzar la conducción del Estado», sostuvo Arce en su discurso.
El presidente agradeció a los jefes salientes y remarcó que es deber de los militares «resguardar la paz y el orden con apego estricto» a la Constitución.
Según Arce, «hoy Bolivia se encuentra nuevamente amenazada por aquellos que, incapaces de aportar a la democracia, apuestan por la confrontación y la violencia poniendo en peligro la convivencia democrática entre bolivianos» y que «ponen en movimiento una estrategia para reeditar el golpe de Estado de 2019».
Bolivia vivió una crisis política y social en 2019 tras las fallidas elecciones generales anuladas en medio de denuncias de fraude a favor del entonces presidente Evo Morales, que renunció asegurando ser víctima de un «golpe de Estado».
Desde hace once días en Santa Cruz, la mayor región y motor económico del país, se cumple una huelga ciudadana para exigir que el censo, que debía realizarse este mes, se efectúe en 2023 y no en 2024 como lo definió el Gobierno de Arce.
Sindicatos y organizaciones sociales afines al oficialismo han intentado frenar con violencia la huelga y realizan un «cerco» con bloqueos de carreteras para aislar a la región cruceña e impedir el ingreso de alimentos a su capital, al considerar que la protesta ciudadana busca desestabilizar al Ejecutivo nacional.
Arce consideró que hablar de «federalización» del país es «atentar contra la integridad nacional» y sostuvo que «la misión constitucional de las Fuerzas Armadas es garantizar y defender la independencia, la unidad y la integridad» del territorio boliviano.
Por otra parte, señaló que «Bolivia está cada día más cerca de una nueva etapa en su historia en la cual el litio jugará un rol tan importante como actualmente juega los hidrocarburos».
Para Arce, «los ojos de potencias extranjeras ya se han posado una vez más» sobre los recursos naturales bolivianos y afirmó que la obligación de las Fuerzas Armadas es «velar» por esas riquezas «para que el sueño de la industrialización del litio con soberanía se haga realidad».
A su turno, Arandia expresó su «compromiso de cumplimiento y respeto a los preceptos constitucionales» mediante la preservación de la integridad territorial, el respeto a la dignidad de los habitantes «y por sobre todo el respeto al Gobierno legalmente constituido y electo por el voto mayoritario».
EFE
