En un comunicado que transcribimos a continuación, la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca Asocbac, filial del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica y perteneciente al Proceso Social de Garantías para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Antioquia, denunció que a pesar de la reciente visita del presidente Iván Duque al Bajo Cauca antioqueño, la consolidación de fenómenos de violencia en manos de actores ilegales sigue permeando la cotidianidad y la tranquilidad de los habitantes de esa subregión.
Es así como líderes y lideresas de Asocbac siguen siendo y han sido desplazados, amenazados y asesinados, a pesar de pesar de existir la Medida cautelar No. 210-17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH para el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica respecto de Colombia.
Este martes 21 de enero, siendo las 9:00 a.m., la Asociación recibió información acerca de la vulneración y el riesgo en materia de amenazas contra la vida, la dignidad, la integridad física y psicológica de la comunidad campesina de la vereda La Pipiola, del corregimiento El Doce, municipio de Taraza Antioquia.
“La fuerte presencia de grupos ilegales que operan fácilmente en la región impusieron y prohibieron la permanencia de las comunidades en esta vereda, advertimos que en este momento se presenta e está presentando un desplazamiento masivo de aproximadamente 60 personas.
Estas familias lamentablemente han decidido abandonar, no solo sus propiedades sino también los enseres, sus animales de pastoreo, gallinas, cerdos, sus proyectos de piscicultura bajo la premisa de un desarraigo por acción armada.
Muchas de estas familias han estado comprometidas y son beneficiarias del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito PNIS, lo que demuestra nuevamente la falta en las garantías de seguridad para las personas que le seguimos apostando a la paz de varios sectores de organización campesina.
Como antecedente, es necesario recordar que en esta vereda durante el año 2018 fueron asesinados dos miembros de la Junta de Acción Comunal, que a su vez hacían parte del PNIS; además en dicho año, también se presentó un fuerte enfrentamiento en que fue quemada por los ilegales una vivienda, generando todo tipo de miedo, zozobra contra la población y en el año 2019 se presentó un doble homicidio.
Este desplazamiento masivo demuestra nuevamente el nivel de riesgo y el abandono de por parte del Gobierno Nacional.
Pedimos de manera urgente todas las garantías para la vida, la integridad física y mental, para nuestra dignidad de campesinos y de campesinas, además, insistimos en la utilización de protocolos, acciones urgentes y la puesta en práctica de las recomendaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo en sus Alertas Tempranas.
Al Señor Gobernador de Antioquia le pedimos facilite un espacio de interlocución directa y urgente con El Proceso Social de Garantías para que conozca de primera mano lo que como sociedad civil requerimos de manera urgente. Así mismo, cite a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad CNGS para discutir políticas públicas de seguridad para las comunidades del Bajo Cauca.
Al Senado de la República, para que sesione de manera urgente desde este territorio y podamos plantear soluciones reales a esta crisis que ya lleva varios años.
Nuevamente, hacemos un llamado a la comunidad internacional para hacer seguimiento a la crisis humanitaria en el la región.
Seguiremos insistiendo en que los grupos armados ilegales saquen a la población civil de sus confrontaciones y que respeten nuestro derecho a la vida y la permanencia en el territorio”.
