¡ATENCIÓN! Se instaló Mesa de Diálogo entre el Gobierno Petro y estructuras armadas del Valle de Aburrá 

FECHA:

Voceros de las estructuras armadas organizadas del Valle de Aburrá y representantes del Gobierno de Gustavo Petro instalaron en la cárcel La Paz, de Itagüí, el Espacio de Diálogo sociojurídico con el objetivo de alcanzar la Paz Urbana. En este escenario, en el que se reunirán las partes dos veces al mes, se buscará reducir la violencia en esta subregión antioqueña, proteger a la ciudadanía, desmantelar a más de 350 bandas y reintegrar a la vida civil a más de 14 mil personas pertenecientes a estos grupos.

Familiares y amigos de reclusos se reunen este 2 de junio de 2023a las afueras de la cárcel de máxima seguridad La Paz, durante la instalación de una mesa para desarrollar diálogos con grupos armados ilegales. EFE/ Luis Eduardo Noriega A.

Itagüí, Antioquia, Colombia, 3 junio de 2023.- Este viernes 2 de junio de 2023 quedará en la memoria como constitutivo de un momento histórico para Medellín, Antioquia y Colombia. A eso de las once de la mañana, en la cárcel La Paz, del municipio de Itagüí, se instaló una Mesa de Diálogo sociojurídico entre 17 voceros de grupos armados ilegales -con injerencia en el Valle de Aburrá- y delegados del Gobierno Nacional que tiene como objetivo el avanzar en el propósito de alcanzar una Paz Urbana y Rural, elemento clave en la política de Paz Total del Gobierno Nacional.

Entre los voceros representantes de las estructuras armadas estuvieron como principales: Juan Carlos Mesa Vallejo, Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, Gustavo Adolfo Pérez Peña, Juan Camilo Rendón Castro, Alberto Antonio Henao Acevedo, Freyner Alfonso Ramírez García y Mauricio de Jesús Morales Múnera. Y como suplentes: Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, Juan Fernando Álvarez, Elder Zapata Rivera, Iván Darío Suárez Muñoz, Sebastián Murillo Echeverry, Rodrigo Henao Acevedo, Carlos Augusto Correa López, Andrés Oliveros Correa, John Fredy Yepes Hoyos y Jesús David Hernández Grisales.

Estos señalaron que quieren un cambio de rumbo para Medellín y el Valle de Aburrá, razón por la cual aceptaron la invitación del gobierno del presidente Gustavo Petro e hicieron un llamado a la comunidad internacional para que participen en este diálogo y entre todos trazar la ruta para la construcción de la Paz Urbana. “Nos acogimos a este proceso por el compromiso que tenemos con la ciudadanía”, dijo uno de ellos en la instalación. Y añadió que es necesario que el país conozca la otra parte de la historia y la razón que tuvieron para elegir ese camino como el único medio para sobrevivir en un país sin oportunidades.

Por su parte, la delegación del Gobierno Nacional está integrada por el padre Jaime Humberto Henao, representante de la Iglesia Católica; Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz; Isabel Zuleta, senadora de la República; Javier Sarmiento por la Procuraduría General de la Nación; Jorge Iván Mejía Martínez, exSecretario de Gobierno de Medellín -quien será el coordinador de la delegación-; Lucía González, exComisionada de la Verdad, María Gisela Quintero, líder social; Luis Fernando Quijano, presidente de la ONG Corpades y analista del conflicto urbano y rural; Mijael Lacher, politólogo; y Joan Édison Giraldo.

El Alto Comisionado Danilo Rueda fue el encargado de anunciar quiénes serán los representantes de este diálogo sociojurídico que tiene como finalidad el sometimiento a la justicia de más de 14 mil personas que hacen parte de unas 350 bandas integradas a 14 estructuras armadas ilegales y que están adscritas la mayoría a la Oficina del Valle de Aburrá, además dos estructuras armadas independientes, los Triana y el Mesa. Asimismo, Rueda señaló que el proceso cuenta con testigos internacionales de Suiza y Noruega, del Instituto de Paz de los Estados Unidos y delegados de la OEA.

Durante nueves meses de acercamientos exploratorios, anteriores a este acto de instalación, las estructuras armadas ilegales del Valle de Aburrá se comprometieron a suspender toda clase de hostilidades, confrontación o disputas, con el objetivo de sumarse a la Paz Total. En ese tiempo, la reducción de homicidios en los diez municipios del área metropolitana ha sido notable.

De esta manera, los grupos armados abrieron la puerta a esta segunda fase que pretende darle fin al conflicto urbano. La verdad, la no repetición, la memoria y los derechos de las víctimas estarán en el centro de la conversación. Así mismo, este proceso reconoce todas las pasadas experiencias de paz urbana que han tenido lugar en la ciudad. El criterio central para la toma de decisiones es el respeto por los derechos y la vida de las comunidades afectadas. Solo de esta manera se podrá construir una paz urbana, integral, estable y duradera, indicó Daniel Millares, delegado de la OEA.

Sobre este momento crucial para la Paz Total, el presidente Gustavo Petro indicó que “hoy se abre y he firmado el decreto para la mesa en la cárcel de Itagüí. Es para lograr la paz entre los jóvenes de las comunas populares de Medellín y lograr que esas comunas  definitivamente abandonen el eco y la realidad que ha teñido de tanta sangre en el pasado a esa ciudad y a Colombia. Queremos que esos  jóvenes se transformen en jóvenes en paz. Inicia un proceso inédito».

Este espacio de diálogo se ha logró materializar gracias al apoyo y el acompañamiento de la sociedad civil, líderes sociales y jóvenes de la ciudad, representantes religiosos, miembros de la academia, representantes del cuerpo diplomático y entidades multilaterales como la MAPP-OEA. “La memoria, el dolor, las historias de vida y el clamor de miles de habitantes de los barrios del área metropolitana de Medellín constituyen un mandato para que el Gobierno nacional y los grupos armados ilegales trabajen de manera mancomunada, con valentía y transparencia, en la edificación de este proceso”, destacó finalmente la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

“La mejor manera de honrar la vida de tantos torturados, desaparecidos y asesinados es posibilitar las condiciones para que la vida digna de millones de habitantes de esta ciudad, del Valle de Aburrá, puedan experimentar un país con democracias profundas”, puntualizó Rueda.

La próxima semana los representantes del Gobierno Nacional anunciarán cuáles serán los mecanismos de participación para dar desarrollo al diálogo sociojurídico. La creación de la agenda permitirá avanzar en la consolidación del proceso y en el mapeo de las condiciones que propicien la continuidad y el reciclaje de la violencia en los barrios y las comunas de Medellín.

Se conoció que, además, se adelantan acercamientos con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, organización con presencia en la parte alta de la comuna 8, Villa Hermosa; en Barrio Bolsa de Belén, en el corregimiento de San Cristóbal y en la vereda Aguas Frías, del corregimiento de Altavista; igualmente, en el municipio de Caldas.

A.U.

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