Bruselas, 18 mayo.- La Comisión Europea (CE) anunció este martes que propondrá que las grandes multinacionales activas en el mercado único comunitario estén obligadas a publicar la tasa efectiva de impuestos que pagan cada año para mejorar la transparencia fiscal.
La iniciativa se incluye en una comunicación sobre la adaptación de la fiscalidad empresarial al contexto del siglo XXI, caracterizado, en particular, por la proliferación de compañías digitales.
La publicación tiene lugar cuando la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) sigue debatiendo un nuevo sistema fiscal global adaptado al mundo digital y las grandes multinacionales.
El objetivo es lograr un acuerdo en ese organismo los próximos meses, después de que la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca haya dado un nuevo impulso a unas negociaciones estancadas durante la presidencia de Donald Trump.
Las discusiones en la OCDE tienen dos pilares: el primero se centra en el modo de asignar un porcentaje de los beneficios de las empresas, en particular de las digitales, a ciertas jurisdicciones para que paguen impuestos donde operan aunque no tengan presencia física.
El segundo pilar busca establecer a nivel global un mínimo de tributación efectiva para las multinacionales con el fin de evitar que trasladen sus beneficios a paraísos fiscales o jurisdicciones con legislaciones más laxas.
LAS PROPUESTAS
Ante ese escenario, Bruselas presentó hoy la comunicación en la que plantea que «ciertas grandes empresas» que operan en la Unión Europea publiquen su tasa efectiva de impuestos.
La propuesta legislativa se presentará en 2022 y se basará en la metodología sobre el segundo pilar que se debate en la OCDE.
De acuerdo con la Comisión, la iniciativa «permitirá el escrutinio público cuando se utilicen estrategias de planificación fiscal agresivas y proporcionará a los responsables políticos una mejor visión general de la contribución fiscal de las grandes empresas que operan en la UE».
Asimismo, Bruselas busca hacer frente al uso «abusivo» de las empresas fantasma, aquellas que no realizan operaciones comerciales, pero sirven para canalizar transacciones de otras compañías del mismo grupo y reducir la presión fiscal. A menudo, son simples buzones ubicados en países con unas tasas reducidas del impuesto de sociedades.
La CE propondrá en el cuarto trimestre de este año nuevos requisitos de seguimiento y presentación de informes para esas firmas, «de modo que las autoridades fiscales tengan una mejor supervisión y puedan responder mejor a la planificación fiscal agresiva a través de estas entidades».
Por otro lado, la comunicación incluye una recomendación adoptada hoy sobre el tratamiento fiscal de las pérdidas para dar un mejor apoyo a las empresas en la recuperación tras la pandemia.
La recomendación insta a los Estados miembros a permitir el traspaso de pérdidas para empresas al menos hasta el año fiscal anterior, pues el arrastre de pérdidas «tiene la ventaja de beneficiar a las firmas que eran rentables en los años anteriores a la pandemia».
Así, las compañías que obtuvieran ganancias y pagaron impuestos en los años anteriores a 2020 podrían compensar sus pérdidas de 2020 y 2021 con estos impuestos.
Los Estados miembros deben limitar el importe de las pérdidas transferidas a 3 millones de euros por ejercicio fiscal deficitario.
Además, Bruselas publicará en 2022 una iniciativa para apoyar la recuperación de empresas tras la pandemia reduciendo el sesgo deudista en los impuestos sobre sociedades actuales, que trata la financiación de las firmas con deuda de forma más favorable que la financiación con fondos propios.
Esta propuesta tiene por objeto incentivar que las empresas financien sus actividades con fondos propios en lugar de endeudarse.
Para 2023, la CE espera presentar un nuevo marco de tributación de las empresas que operan en más de un país de la UE que «reducirá los trámites administrativos y los costes de conformidad, minimizará las oportunidades de elusión fiscal y apoyará el empleo en la UE y la inversión en el mercado único».
El nuevo marco (BEFIT, por sus siglas en inglés) fijará un código normativo único para la UE y sustituirá a la propuesta de base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades, que se retirará.
ACUERDO GLOBAL
La Comisión Europea subrayó que la reforma del sistema fiscal global que se debate en la OCDE complementa a la agenda comunitaria.
Una vez que se logre el acuerdo en la OCDE sobre los dos pilares, Bruselas propondrá para su aplicación en la UE dos directivas.
El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, aseguró en una rueda de prensa que un acuerdo en principio es «posible, incluso en la reunión del G20 que tendrá lugar en Venecia a mediados de julio». Tampoco descartó que el pacto llegue en septiembre.
La comunicación de hoy no cubre la fiscalidad digital, si bien los líderes de los Veintisiete pidieron a la Comisión presentar una propuesta de impuesto digital que funcione también como recurso propio para financiar el presupuesto comunitario.
Bruselas tiene previsto publicar su propuesta el 14 de julio y hoy recalcó que está trabajando en un diseño «que no menoscabe u obstaculice las discusiones en el G20 y la OCDE».
EFE
