11 personas fueron capturadas y judicializadas, entre ellas un exconcejal de Marmato (Caldas) y los señalados cabecillas de la organización.
Fiscalía General de la Nación,
FGN
CALDAS, COLOMBIA (17 SEP 2024) – La Fiscalía General de la Nación asestó un golpe a una red delictiva dedicada a la extracción ilegal de oro en áreas de especial protección ambiental en Marmato, Caldas. En el operativo, 11 personas fueron capturadas y judicializadas, entre ellas un exconcejal y los presuntos cabecillas de la organización criminal.
Los capturados, según las pruebas presentadas, estarían involucrados en la explotación, adquisición, transporte y comercialización del oro extraído sin licencias ambientales ni títulos mineros en una franja forestal protectora del río Cauca. Un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente les imputó cargos por concierto para delinquir agravado, daño en los recursos naturales, ecocidio y explotación ilícita de yacimiento minero.
Entre los procesados destacan Jaiber O. C., Arlex Marino V. G., Elkin E. O. y Jhon Fredy O. C., quienes estarían encargados de las labores de extracción, presentando a los mineros ilegales como trabajadores de subsistencia. Además, se encuentran Luis Francisco R. F. y Deiver Alonso O. C., presuntos responsables de la adquisición de precursores químicos y explosivos.
La red también incluía a Juan Manuel G. Z. y Walter de Jesús H., dueños de compraventas que habrían acopiado y comercializado el oro en Medellín. Asimismo, José Ilian T. O., transportador acusado de usar certificados de origen fraudulentos para trasladar el metal, y el exconcejal de Marmato, Carlos Olmes Cañaveral Betancur, quien habría alertado a la red sobre operativos de la fuerza pública.
Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, y ninguno aceptó los cargos.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.