CALI, COLOMBIA (1 ABR 2024) – En una decisiva actuación judicial, la Fiscalía General de la Nación ha logrado que Erick Santiago Montoya Mosca sea enviado a prisión preventiva, tras ser señalado como el presunto autor de un intento de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Este suceso, que tuvo lugar en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, subraya la persistente lucha de las autoridades contra la violencia y la criminalidad en la región.
El incidente investigado ocurrió el pasado 3 de enero, en el barrio La Sultana, una zona suroccidental de Cali. Según reportes, la víctima, un hombre que caminaba por una vía pública de manera indefensa, fue brutalmente interceptado y atacado con disparos de arma de fuego, presuntamente, por Montoya Mosca. Este acto de violencia inusitada dejó al transeúnte gravemente herido, destacando una vez más los desafíos en materia de seguridad que enfrenta la ciudad.
La captura de Montoya Mosca, ejecutada el 24 de marzo por personal de la Sijin de la Policía Nacional Mecal, fue el resultado de una orden judicial previamente emitida, culminando en su presentación ante un juez de control de garantías. En las audiencias concentradas que siguieron, el juez decidió en favor de la solicitud de la Fiscalía, determinando que el procesado deberá enfrentar los cargos en su contra desde un centro carcelario, medida que refuerza el compromiso de las autoridades con el mantenimiento del orden y la justicia.
A pesar de que Montoya Mosca optó por no aceptar los cargos imputados, la decisión del juez refleja la gravedad con la que el sistema judicial colombiano trata los delitos de violencia, en especial aquellos que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos. Este caso, junto con otros similares, resalta la importancia de la labor continua y coordinada entre la Fiscalía, la Policía Nacional y otras entidades, en pro de salvaguardar la paz y la seguridad en Cali y sus alrededores.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
