Capturado en Norte de Santander hombre por grabar videos porno con menores de edad

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Foto archivo

NORTE DE SANTANDER, COLOMBIA (15 ABR 2024) – Un juez con función de control de garantías de Norte de Santander dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Yonathan Gustavo Jaimes Orellanos, capturado bajo la sospecha de explotación sexual de menores. La decisión fue tomada después de que la Fiscalía General de la Nación presentara argumentos sólidos que implican a Jaimes Orellanos en actividades ilícitas.

El arresto se efectuó durante un operativo de registro y allanamiento realizado por el CTI y la Policía Nacional el 14 de abril en una vivienda del barrio Nueva Colombia, en el municipio de Zulia. La investigación se inició gracias a una denuncia ciudadana que alertó sobre la entrada y salida frecuente de adolescentes de entre 15 y 17 años al inmueble.

Según las autoridades, el procesado al parecer utilizaba la vivienda para producir videos con contenido para adultos que posteriormente eran difundidos en plataformas digitales. Durante el operativo, dos menores que estaban siendo obligadas a participar en videos de webcam fueron rescatadas y entregadas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.

En el lugar, las autoridades incautaron cuatro computadoras y seis teléfonos celulares que se presume eran utilizados para coordinar y distribuir el material ilícito. Jaimes Orellanos ha sido judicializado por su presunta responsabilidad en los delitos de trata de personas y pornografía con menores de 18 años, cargos que ha negado.

A.U.


La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.