CASANARE, COLOMBIA. (22 DIC 2024) – La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Yuber Javier M. N. y Ángerson José M. A., señalados de extorsionar a un comerciante en el municipio de Paz de Ariporo. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de extorsión agravada.
Hechos investigados
Según la investigación, el pasado 14 de diciembre los dos hombres fueron retenidos por el comerciante y uno de sus empleados en el momento en que intentaban intimidarlos para exigir una suma millonaria.
En el proceso judicial consta que los acusados se habrían presentado como integrantes del frente 28 de las disidencias de las Farc, buscando infundir temor en sus víctimas y obligarlas a pagar bajo la amenaza de ser asesinados.
Tras su detención, Yuber Javier y Ángerson José fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes adelantaron su judicialización.
Decisión judicial
El material probatorio presentado por la Fiscalía permitió al juez imponer medida de aseguramiento en centro carcelario a los capturados. Pese a las evidencias, los señalados no aceptaron los cargos.
Compromiso institucional
La Fiscalía General de la Nación reafirma su compromiso con la seguridad de los habitantes de Casanare y su lucha contra la extorsión y otras formas de intimidación. Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier caso de extorsión a través de la línea 165 del GAULA de la Policía Nacional, disponible las 24 horas.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.