Casi 60 ataques contra defensores de derechos humanos que cuestionan a empresas en Colombia

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Bogotá, 9 junio de 2022.- Entre 2020 y 2021 se registraron 58 casos de ataques contra defensores de derechos humanos que buscan prevenir o exponer el abuso por parte de las empresas en Colombia, una cifra que demuestra la necesidad de protección urgente para las personas que defienden la tierra, el territorio y el medioambiente, según un informe.

Así lo indica el documento «Empresas y Derechos Humanos en Colombia: Se necesita protección urgente para las personas que defienden la tierra, el territorio y el medioambiente (2020-2021)» del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), presentado este jueves en Bogotá.

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El documento es una actualización del informe presentado sobre la situación colombiana en 2020, en el que se revela que entre enero de 2020 y diciembre de 2021 hubo «un patrón continuo de ataques, con al menos 58 nuevos casos de ataques contra defensores que plantean preocupaciones sobre las empresas». El número de ataques desde 2015 es de 239.

La tendencia en Colombia «es preocupante en la medida que hay más concesiones petroleras, para agronegocio y para industrias de energías renovables, por ejemplo, que lesionan los derechos colectivos adquiridos de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, principalmente en las zonas rurales», cuenta Amanda Romero, directora del programa del CIEDH para Colombia.

La otra preocupación en el caso de Colombia es «el incumplimiento de los acuerdos de paz», agrega, para indicar que «la situación no ha mejorado», por lo que desde el CIEDH hacen un llamado «tanto a las empresas como a las instituciones para que actúen, de lo contrario podría empeorar».

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Las empresas junto al Estado y los inversionistas deben «tomar en consideración lo que se denomina la diligencia debida en empresas y derechos humanos, de manera que conozcan que invertir en un país como Colombia conflicto requiere lo que las Naciones Unidas han denominado una diligencia debida reforzada», que implica un mejor análisis de riesgo en derechos humanos.

EMPRESAS Y RIESGO

Los sectores más peligrosos para los defensores de los derechos humanos en Colombia, según los datos recopilados, siguen siendo el carbón, el petróleo y el gas, la agroindustria y la minería, incluida la extracción de minerales para la transición energética.

Los ataques son perpetrados «por una variedad de actores», incluidas empresas de seguridad contratadas por las empresas, fuerzas armadas y autoridades locales, aunque los ataques también pueden ser por parte de miembros de la comunidad en apoyo de un proyecto controvertido o los mismos trabajadores del mismo.

Sin embargo, la investigación del CIEDH muestra que la mayoría de los ataques están conectados a grupos paramilitares, seguidos por grupos delictivos organizados.

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El tipo de ataque más común en 2020 y 2021 fueron las amenazas de muerte -22-, la intimidación y las amenazas -18-, el asesinato -14 personas fueron asesinadas-, mientras que una persona resultó gravemente herida y otra fue secuestrada, lo que muestra «un patrón preocupante de escalada de amenazas a violencia física».

RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS

Si bien la responsabilidad corporativa directa por los ataques contra los defensores de derechos humanos puede ser difícil de verificar, «las empresas deben llevar a cabo una diligencia debida reforzada cuando operan en contextos afectados por conflictos o situaciones en las que existe el riesgo de que ocurra un conflicto, debido a un mayor riesgo de graves violaciones de derechos humanos en estos contextos», según la ONG.

En este sentido, «independientemente de si una empresa perpetra directamente un ataque, tiene la responsabilidad de respetar los derechos de los defensores de derechos humanos y mitigar los riesgos que enfrentan al plantear preocupaciones» sobre cualquier aspecto de la propia empresa.

Y si bien en el informe se reconoce que algunas empresas han dado los primeros pasos para abordar los riesgos, como la publicación de políticas, «las políticas por sí solas son insuficientes».

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«Los Estados tienen la obligación de vigilar el comportamiento de las empresas máxime cuando hay daño ambiental o daño social o abusos en contra del derecho laboral», recuerda Romero, que insiste en la necesidad «urgente» de tomar acción.

EFE

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