Punta del Este, 8 mayo de 2022.- Más de 20 años cargados de amenazas, espionaje y tortura psicológica. Ese es el tiempo que ha pasado desde que la periodista colombiana Claudia Duque fue secuestrada en 2001 a raíz de su investigación sobre el asesinato del colega y humorista Jaime Garzón, perpetrado en 1999.
Duque narra su historia, durante una entrevista con la Agencia EFE, de forma pausada, con detalles, porque, si bien su vida parece sacada del guion de un ‘thriller’, constituye el relato de dos décadas de “graves ataques por parte del Estado colombiano”.
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Sus constantes investigaciones contribuyeron a destapar, en 2009, el escándalo de las escuchas ilegales o «chuzadas» a más de 300 personas, incluida ella, por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), anterior organismo de servicios de inteligencia, que implicó al entonces mandatario Álvaro Uribe (2002-2010).
¿PROTEGIDA?
En 2020, la periodista independiente y corresponsal en Colombia del proyecto periodístico de derechos humanos Radio Nizkor se entera de que hay una “orden de asesinato” en su contra y quienes deben ejecutarla son funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP), responsable de custodiar a defensores de derechos humanos y periodistas.
Su fuente le aseguró que la UNP usaría los datos del GPS del coche blindado, que esa misma institución -nacida bajo el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) tras la disolución del DAS- le había facilitado diez años atrás para protegerse de las amenazas, para localizar y cumplir la orden.
“Esa fue la primera noticia que yo tuve de que había un GPS en el carro (automóvil)”, asegura.
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Sus alertas se dispararon y, en ese mismo instante, comenzó a luchar para obtener la información de la que la UNP disponía mediante el GPS, aunque le llevó cerca de 2 años conseguir los datos recabados.
“Logré obtener 25 mil registros de mis movimientos entre febrero y agosto de 2021”, indica. Con esa información pudo armar el puzle entre los datos de ubicación y los acontecimientos de su vida en cada una de las fechas.
De esta forma, descubrió que uno de los seguimientos más exhaustivos ocurrió un día en el que hizo un viaje “del que nadie tenía conocimiento” y en el que su familia había recibido una llamada telefónica con información falsa sobre ella: había tenido un accidente y estaba gravemente herida.
Su investigación sobre los abusos que estaban sufriendo ella y su familia siguió y así descubrió que su carro también contaba con apagado y encendido remoto, bloqueo de puertas a distancia y de transmisión de cualquier señal desde el vehículo, además de cámaras y micrófonos en el interior del coche.
“Te apagan el carro, te bloquean las puertas, te bloquean la posibilidad de mandar alerta y te hacen cualquier cosa y después lo montan como un atentado o como un accidente”, denuncia.
Ante esta situación Duque, quien debió exiliarse varias veces de su país, renunció en febrero pasado a la protección oficial y entregó el vehículo como forma de denunciar los abusos por parte del Estado.
LA «AVENTURA MARAVILLOSA»
La colombiana visitó Uruguay esta semana con motivo de la conferencia de la Unesco por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, donde expuso su caso ante la comunidad internacional y fue una de las figuras más destacadas.
“Yo nunca hablo de esto”, explica a EFE; por eso, “vine aquí a denunciar mi caso porque en Colombia he perdido todas las batallas”, agrega.
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Este último capítulo de renuncia a la protección estatal estuvo precedido de otros anteriores como la noche en la que recibió 70 amenazas, el día en el que un hombre la siguió con un arma o cuando descubrió que habían mandado violar y matar a su hija.
En 2004, tras el secuestro de 2001 y varios años de incesantes amenazas, “decido pasar a la acción”, cuenta.
“Yo lo único que sé hacer en la vida es investigar, así que de esta forma hice frente a todo esto”, explica Duque, quien pese a los riesgos, considera que ser periodista en Colombia es una “aventura maravillosa”.
Duque entiende que uno de los motivos por los que, pese a la desaparición del DAS, no puede ejercer su profesión libremente es porque muchos de sus integrantes «hacen hoy parte de la UNP» y sostiene que «el Estado está cooptado por el crimen organizado”, y hay funcionarios que “están por poder, por corromper o por robar”.
En su opinión, el Estado “está fallando en lo mínimo, que es garantizar instituciones transparentes que realmente hagan un servicio público”.
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La periodista no duda de que, pese a todo, “vale la pena no ser cómplice” sobre la situación en Colombia y “alzar la voz para dar a conocer lo que está pasando”, afirma vehementemente.
“En mi país la libertad de expresión es una utopía”, afirma y parafrasea a la lideresa indígena Cristina Bautista, asesinada en 2020: “Si hablamos nos matan, si no hablamos también; entonces que nos maten hablando”.
Jacinta Rivera Trobo
EFE