VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA (9 JUN 2024) – Claudia Lorena Moscoso Gilón fue condenada a 7 años y 3 meses de prisión por un juez de conocimiento, tras ser hallada culpable de exigir 25 millones de pesos para gestionar el archivo de una investigación contra una empleada de una compañía transportadora con sede en Tuluá. Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación fueron cruciales para la condena.
La investigación de la Fiscalía reveló que Moscoso Gilón, quien trabajaba como asesora externa en la oficina jurídica de la empresa transportadora, utilizó esta posición para contactar a una empleada y ofrecerle ayuda para cerrar un caso en su contra. Moscoso Gilón prometió obtener información del proceso y coordinar con un funcionario de la policía judicial para asegurar el archivo del caso. A cambio, exigió un pago inicial de un millón de pesos y posteriormente solicitó más dinero para completar la gestión.
La evidencia demostró que Moscoso Gilón recibió el dinero a cambio de sus servicios, lo que llevó al juez a encontrarla culpable del delito de concusión en calidad de interviniente.
Adicionalmente, Claudia Lorena Moscoso Gilón enfrenta una investigación por presuntas amenazas de muerte contra jueces, fiscales, líderes políticos, periodistas, abogados e integrantes de la fuerza pública en Tuluá. Las intimidaciones, llevadas a cabo a través de panfletos y actos violentos, fueron realizadas a nombre de la organización criminal autodenominada ‘Los Cancerberos’.
Actualmente, Moscoso Gilón permanece recluida en un establecimiento penitenciario mientras continúa la investigación por su presunta participación en estas amenazas.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.