¿Concierto para delinquir en Fiscalía Medellín?

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Imagen tomada de Revista Semana.

Redacción Análisis Urbano

El 18 de agosto de 2009, un ciudadano alertó a la policía sobre el posible atraco del que estaba por ser víctima la sucursal de Bancolombia ubicada frente a la Plazuela San Ignacio, centro de Medellín. El denunciante informó que dentro del banco se encontraba un sujeto armado y que frente a la entidad había un taxi, de placas TSE 144, con otros tres hombres armados también.

Los policías que recibieron la denuncia inmediatamente se dirigieron al banco para verificar la información pero allí no encontraron al sujeto descrito, entonces procedieron a buscar al vehículo mencionado. Los uniformados ubicaron el taxi afuera de la entidad bancaria, efectivamente, con tres hombres en su interior. Cuando se acercaron a requisarlos, uno de ellos advirtió la presencia policial y reaccionó sacando un revólver por lo que la policía desenfundó sus pistolas y le ordenó que estuviera quieto y entregara el arma. El sujeto obedeció sin resistirse.

Entre los hombres dentro del vehículo  estaba Harrison Bedoya Castaño, quien llevaba puesto un casco y un chaleco con las placas HWM 66A, pertenecientes a una moto Yamaha RX 115, que estaba parqueada a pocos metros del taxi, y al requisarlo, los uniformados encontraron que Bedoya tenía las llaves de la moto pero no portaba ningún documento legal de esta ni manifestaba tenerlo, por tal razón, en el Informe de la Policía de Vigilancia en Casos de Captura en Flagrancia, en la casilla de “vehículos implicados”, el ítem de “propietarios”, en el caso de la moto, quedó vacío.

Los hechos se encuentran narrados en el informe de la policía, y los capturados en flagrancia fueron Ferney Henao Giraldo, Harrison Bedoya Castaño y John Alexander Arango, todos por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones; también llevaban consigo 5 cartuchos calibre 38, munición con la que estaba cargado el revólver.

Ese día los hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía, y ese mismo día fueron dejados en libertad.

La acción de la fiscalía

De acuerdo al expediente judicial, Ferney Henao Giraldo, Harrison Bedoya Castaño y John Alexander Arango obtuvieron la orden de libertad el mismo día de la captura, según el fiscal, porque, “el delito no comporta detención preventiva”.

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En palabras del fiscal, la libertad se concedió porque el estudio del arma incautada -practicado el mismo día de la captura en una eficacia que no es propia de la fiscalía- indicó que “no es apta para producir disparos”.

El dictamen del auxiliar balístico forense, en realidad, dice: “se verificó que se encuentra NO APTA para disparar sin inconveniente (sic)” y luego cierra con el siguiente dictamen: “se encuentra en mal estado y no es apta para realizar disparos”.

Catorce días después, con una celeridad que no suele acompañar los procesos en fiscalía, la fiscal Ángela María Bedoya Vargas, hoy coordinadora encargada de la Unidad de Vida de la Fiscalía seccional Medellín, ordenó archivar –más no precluir- la investigación con el siguiente argumento:

“ese artefacto incautado no tiene el funcionamiento de un arma y por ende no puede causar zozobra en la comunidad, un arma es un artefacto que se utiliza como agente impulsor de un proyectil, perdiendo su carácter cuando sean parcial y totalmente inservibles y no sean portadas […] nos encontramos frente a una conducta atípica, es decir que o tiene relevancia penal. […] una circunstancia fáctica que no permite caracterizar los hechos como delito, debiéndose en consecuencia archivar las diligencias”.

El problema es que Ángela María Bedoya, que para la fecha era fiscal 122 seccional Unidad de Vida, no debió emitir concepto alguno y estaba obligada a declararse impedida ya que Harrison Bedoya Castaño, uno de los implicados, es su sobrino. Y no lo hizo.

Por esta irregularidad, el expediente debería volverse a abrir e investigar, pero si no hay elementos nuevos esto no puede hacerse.


De acuerdo a la asesoría legal que recibió Análisis Urbano, el único recurso posible sería volver a hacer el estudio del revólver para verificar si en realidad era incapaz de producir disparos, ya que el dictamen balístico que la encontró “no apta para disparar sin inconveniente” era un poco ambiguo. Sin embargo, esto no se podrá probar debido a que la fiscal Bedoya también dispuso la destrucción del arma incautada y la envió a la Cuarta Brigada de Ejército para tal efecto.

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Y sin ser suficiente esta irregularidad, la Fiscal Bedoya también ordenó la devolución de la moto inmovilizada a una señora que se acreditó como madre de Harrison Bedoya Castaño, su sobrino. En el acta de entrega, la fiscal lo denominó como “propietario tenedor legítimo del vehículo”. No obstante, ninguno de los documentos lo acreditan como tal.

No presentó recibos de impuestos, facturas de reparación de la moto, certificado de revisión técnico mecánica, o cualquier documento en el que figuren sus datos para acreditarlo como “propietario tenedor legítimo”. La matrícula no estaba a su nombre y tampoco aparece en el historial del vehículo.

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Harrison Bedoya sólo presentó un formato de traspaso abierto en el que figura otro sujeto como propietario pero el documento no estaba autenticado y nunca que se legalizó. Por lo tanto, ante la ley, este señor, que aún hoy, en pleno marzo de 2016, sigue figurando en el Runt como único dueño de la moto, sería entonces el responsable del vehículo y quien debía retirarlo del patio de la Fiscalía.

El otro documento que pudo acreditar a Bedoya como tenedor legítimo era el Soat, pero este tampoco estaba a su nombre, quien figuraba era Wilder Camilo López Sepúlveda, otro joven que, de más no está decirlo, tiene pendiente un proceso en la Fiscalía al que está vinculado como indiciado por el delito de hurto calificado en unos hechos ocurrido el 29 de agosto de 2012, en el sector El Poblado.

La fiscal Bedoya no debió oficiar la entrega de la moto a su sobrino, así como no debió ordenar el archivo de la investigación; posiblemente podría estar incurriendo en prevaricato por acción en el primer caso y por omisión en el segundo.

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No obstante, lo único concreto de este proceso es que la fiscal Ángela María Bedoya Vargas no se declaró impedida estando en la obligación de hacerlo, y eso solo es elemento suficiente para que se le abra una investigación.

La autoridad pertinente determinara si es una falta grave, leve o levísima. De acuerdo a la asesoría legal recibida para este artículo, podría ser grave porque hay indicios de comisión de posibles delitos, como son: concusión, prevaricato, tráfico de influencias y hasta concierto para delinquir.

De ser así, la Fiscalía debería compulsar copias que apunten a procesar o investigar a la coordinadora (e) de la Unidad de Vida de esta entidad, seccional Medellín.

De igual forma, debería abrirse una investigación que se extienda al Director Seccional de Fiscalía de Medellín, Germán Darío Giraldo Jiménez, quien de manera extraña trasladó a la fiscal que funcionaba como coordinadora de la Unidad de Vida, y que llevaba un semestre adelantando diálogos con jefes de la Oficina recluidos, a fin de concretar un posible sometimiento de esa estructura, y la remplazó por  la fiscal Ángela Bedoya. Situación que detalla el periodista Juan Diego Restrepo en su columna Exmiembros de la ‘Oficina de Envigado’ suspenden diálogo con Fiscalía.

Documento tomado de la Revista Semana

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Análisis Urbano también pudo conocer que la fiscal Bedoya estaría involucrada en el comité técnico de investigación que tiene a su cargo procesos que se adelantan por las amenazas de muerte y asesinatos de integrantes de Corpades -organización no gubernamental de la que hace parte este medio- cuyos indiciados son miembros de la mafia y el paramilitarismo.

La Fiscalía debería solicitar investigar a sus directivos en Medellín y posiblemente extenderse a familiares, este medio ha recibido denuncias de una supuesta cercanía que se tendrían con la mafia que concentra su poderío en el centro de la ciudad y está al mando de “Pedro Pistolas”, sujeto que se está configurando como el mayor capo de la ciudad y quien estaría detrás del atentado que se planeaba contra el alcalde Federico Gutiérrez.

Fiscalía Medellín debe investigarse, especialmente si es una ciudad que ya cuenta con antecedentes de directivos involucrados con el crimen: caso Guillermo León Valencia Cossio, exdirector seccional de Fiscalías de Medellín a quien se le demostró su vínculo con la mafia y el paramilitarismo, condenado por prevaricato; ocultamiento, alteración y destrucción de materiales probatorios; y concierto para delinquir agravado, entre otros delitos.

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