PUERTO RICO, CAQUETÁ, COLOMBIA (24 ABR 2024) – En un fallo decisivo, un juez promiscuo de Puerto Rico, Caquetá, ha sentenciado a un hombre a 20 años de prisión por tentativa de feminicidio y acceso carnal violento, en un caso que resalta la grave problemática de la violencia de género en la región. Este juicio refleja los esfuerzos continuos de la justicia colombiana para combatir la violencia contra las mujeres.
Los eventos que llevaron a esta condena ocurrieron el 26 de mayo de 2023. El acusado, en un acto de violencia premeditada, irrumpió a través del techo en la habitación de su excompañera sentimental, ubicada en un parqueadero en la vía hacia el aeropuerto San Vicente del Caguán. Una vez dentro, atacó a la mujer con un arma cortopunzante, apuñalándola en el pecho y el estómago frente a su hija menor de edad.
La investigación reveló que desde finales de 2019 hasta septiembre de 2022, el condenado había sometido a la víctima a maltratos físicos, verbales, sexuales y psicológicos de manera continuada. Este patrón de abuso culminó en el intento de feminicidio que, afortunadamente, no resultó en la muerte de la víctima.
Con la condena impuesta, el juez también libró una orden de captura contra el condenado, quien enfrentará dos décadas tras las rejas como resultado de sus acciones.
Este caso subraya la importancia de la denuncia y el papel crucial de las autoridades judiciales y policiales en la protección de las víctimas de violencia doméstica. Además, refuerza el mensaje de que la violencia contra las mujeres es un delito grave que conlleva severas consecuencias legales.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
