MONTERÍA, COLOMBIA (24 FEB 2024) – Un significativo fallo judicial ha sido emitido por un juzgado penal de conocimiento en Montería, Córdoba, condenando a seis personas a seis años y dos meses de prisión por participar en un esquema fraudulento contra la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Telecom), ya desaparecida. Los condenados, Gladys María Montes Montiel, Naver Emelson Garrido Martínez, Rodrigo Antonio López Villegas, Remberto Ballestas Mendoza, Neftalí Carmelo Zapata Suárez y Benjamín José Corrales Benítez, fueron declarados responsables del delito de fraude procesal.
Además de la pena de cárcel, el fallo incluye una multa de 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes e inhabilidad para ejercer funciones públicas durante 60 meses. Este resultado es fruto del trabajo de la Fiscalía General de la Nación, a través de un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, quien presentó argumentos decisivos para demostrar la culpabilidad de los implicados en el doble cobro de indemnizaciones.
El caso se remonta al 28 de noviembre de 2008, cuando los entonces trabajadores de Telecom presentaron una tutela en Cereté, Córdoba, reclamando el pago de salarios y prestaciones sociales adeudados tras su despido. Tras obtener un fallo favorable y recibir el desembolso correspondiente, el 27 de abril de 2009, los mismos individuos solicitaron, mediante una nueva tutela en Montería, una indemnización adicional por los mismos conceptos.
La segunda acción de tutela también les fue favorable, resultando en pagos adicionales por parte de Telecom. Sin embargo, la Corte Constitucional eventualmente declaró improcedente esta segunda tutela y revocó el fallo, estableciendo que los accionantes habían inducido en error al juez y afectado el patrimonio de Telecom, ordenando el reintegro de las sumas indebidamente recibidas.
Este caso pone en evidencia las medidas que está tomando la justicia colombiana para combatir la corrupción y proteger los recursos públicos, enviando un claro mensaje sobre las consecuencias legales que enfrentan aquellos que buscan beneficiarse ilegalmente del patrimonio del Estado.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.