Los actos investigativos permitieron conocer que el niño, de tres años, también fue abusado sexualmente y sometido a actos de tortura.
Fiscalía General de la Nación,
FGN
CUNDINAMARCA, COLOMBIA (1 SEP 2024) – La Fiscalía General de la Nación demostró que un hombre es el responsable de abusar sexualmente, agredir físicamente y causarle la muerte a su hijastro de tres años, en hechos ocurridos el 5 de marzo del año en curso, en el barrio Carlos Lleras, en Fusagasugá (Cundinamarca).
Ante las pruebas y argumentos aportados, un juez penal de conocimiento lo condenó a 43 años de prisión, por los delitos de homicidio, acceso carnal violento y tortura, todas las conductas agravadas.
La investigación de este caso comenzó tan pronto el padrastro reportó la supuesta desaparición del menor de edad. En su momento aseguró que el niño estaba jugado frente a la casa en la que vivían y no lo volvieron a ver. Un equipo del CTI, con apoyo del Gaula Militar y la Policía Nacional, recopiló los videos de las cámaras de seguridad, realizó entrevistas y diversas técnicas científicas, y estableció que el hombre mentía.
Las verificaciones permitieron conocer que esta persona agredió y le causó la muerte a su hijastro en la vivienda, y sacó el cuerpo oculto en bolsas plásticas verdes. Posteriormente, lo trasladó y arrojó a una zona boscosa de la vereda La Aguadita. Allí fue encontrado por el personal de policía judicial.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció que la víctima presentaba signos severos de violencia y abuso sexual.
La sentencia conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.
FGN
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.