Condenan a 20 años a alias ‘Javi’ por una masacre en Cúcuta

293
Foto de la Fiscalía General de la Nación, FGN

CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER, COLOMBIA (27 MAY 2024) – Carlos Javier Tamayo Alba, alias ‘Javi’, ha sido condenado a 20 años y 6 meses de prisión tras suscribir un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. La sentencia fue dictada por un juez penal del circuito de Cúcuta, quien avaló el acuerdo presentado por el abogado defensor de Tamayo Alba.

Alias ‘Javi’ fue encontrado responsable de al menos tres homicidios ocurridos en los barrios Atalaya y Torres de Ciudad Rodeo de la zona metropolitana de Cúcuta entre junio y noviembre de 2022. Entre las víctimas se encontraba Édgar Omar Ayala Pinto, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Ciudad Rodeo. Durante el ataque contra el líder social, ocurrido el 8 de noviembre de 2022, su hijo de 19 años resultó herido.

Las pruebas presentadas, incluidas declaraciones, entrevistas, reconocimientos fotográficos y análisis de videos, permitieron identificar a Tamayo Alba como el autor de los crímenes. Fue capturado en noviembre de 2022 mediante orden judicial.

Tamayo Alba aceptó voluntariamente su responsabilidad en los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todos agravados.

Esta sentencia subraya el compromiso de la Fiscalía y las autoridades judiciales en la lucha contra la violencia y en la protección de la seguridad y justicia para los ciudadanos de Cúcuta.

A.U.


La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.