El joven habría atacado con arma blanca en múltiples ocasiones a su padre de 42 y su hermana de 7 años, causándoles la muerte en el lugar de los hechos.
Fiscalía General de la Nación,
FGN
BOGOTÁ, COLOMBIA (1 AGO 2024) – La Fiscalía General de la Nación ha judicializado a un joven de 14 años que estaría involucrado en el homicidio de su padre y su hermana menor de edad, en hechos registrados en la localidad de Suba, Bogotá.
La investigación, adelantada por una fiscal de la Unidad para Responsabilidad Penal para Adolescentes de la Seccional Bogotá, revela que el pasado 30 de julio el adolescente, presuntamente, atacó con un arma blanca a su padre de 42 años y a su hermana de 7 años, causándoles la muerte en el lugar de los hechos.
El joven también habría agredido a su madre de 37 años, quien logró avisar a los vecinos de la situación. Unidades de la Policía Nacional acudieron rápidamente al lugar y aprehendieron al menor en flagrancia.
El adolescente fue imputado por el delito de homicidio agravado, cargo al que se allanó. Un juez de garantías para adolescentes le impuso medida de internamiento preventivo en el centro especializado CIPLA.
Continúa el debate…
Sigue sin resolverse la cuestión ética y moral de este tipo de casos. Siguen abiertos los interrogantes, los cuales deberían ser respondidos: ¿Cuándo puede ser un menor juzgado como un adulto? ¿Acaso no hay que tratar con la misma severidad a un menor como a un adulto en casos tan graves? ¿Qué diferencia hay entre un asesino de 16 o 17 años con uno de 18? ¿O uno de 14 con uno de 15 o 16?
Podemos encontrar casos muy severos que involucran menores; algunos de ellos involucran tortura, o incluso premeditación. En este caso, un menor le quitó la vida a su propia sangre: a su padre, de 42 años, y a su hermana pequeña, una niña de tan solo 7 años. Si a un menor se le perdona acciones como estas, o se les trata con tanta impunidad como se hace actualmente, ¿acaso no se le está permitiendo convertirse en un asesino, enseñándole que puede aprovecharse de su situación de menor para hacer y deshacer a voluntad propia?
Por estos casos, hay que pensar.
Hay que pensar seriamente si de verdad es correcto tratar a todos los menores de edad con la misma impunidad, incluso si hay premeditación o malicia detrás del hecho, incluso si hay brutalidad o acciones que solo una mente perversa y depravada realizaría, o que al menos se le tacharía así si fuese un adulto.
Hay que pensar si de verdad un menor de 14 años no tiene plena consciencia sobre el bien y el mal, a diferencia de un bebé recién nacido que apenas viene a oír sobre tales conceptos.
Hay que pensar bien si de verdad casos de esta índole, con tanta aparente malicia detrás, pueden seguir recibiendo tanta impunidad, o si los menores, con plena consciencia de su condición legal, realmente no la aprovecharán para cometer acciones que un adulto no podría sin ser tachado de «monstruo».
Y hay que preguntarse finalmente… ¿De verdad es tan distinto un asesino de 17 años a uno 18?
El debate sigue inconcluso.
- キハノフアン (menor de 17 años)
Apunte Urbano
«En el año 2011, el Congreso expidió la Ley 1453, de Seguridad Ciudadana. Muchos periodistas en el país -también abogados y demás ciudadanos-, creímos que con esa Ley se iban a introducir sanciones más drásticas o ejemplares en el código penal para los menores delincuentes. Pero no fue así. El debate se dio, el país se rasgó las vestiduras y quienes atacan el populismo punitivo pidieron medidas menos retributivas, más restaurativas: perdón, atención sicosocial y olvido. El debate se inició, pero está inconcluso.»
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.