Medellín, Colombia, 25 agosto de 2022.- La Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) y la Agencia de Prensa Análisis Urbano hicieron un llamado hoy al presidente Gustavo Petro a tomar acciones urgentes, que partan de un diagnóstico certero y elaborado desde el territorio, para detener la masacre de líderes sociales y firmantes de la paz en el departamento de Antioquia.
En el informe “Aportes al Plan de Emergencia para la Protección de Líderes (as) Sociales y Firmantes de la paz”, ambas organizaciones de la sociedad civil señalan que Antioquia padece desde hace cuatro décadas la intensidad de un conflicto que la desangra y en la que confluyen todos los tipos de violencia y actores armados que operan en Colombia.
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“Aquí tenemos paramilitares, con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), disidencias de las Farc, grupos armados como los Caparros o los de Abajo, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Oficina y cientos de bandas que, en conjunto, son factores de violencia que siembran el terror y el miedo entre la población civil”, señala el presidente de Corpades, Luis Fernando Quijano.
De acuerdo con el informe -que busca contribuir desde el territorio a formular políticas efectivas para detener la violencia contra civiles, líderes sociales y firmantes de la paz-, Antioquia es un caldo de cultivo que propicia un alto grado de ingobernabilidad territorial, que favorece la continuidad de la guerra y disfruta de la muerte a manos de diferentes actores armados que se disputan y controlan la mayoría de los municipios del departamento.
Datos de Corpades y de la ONU indican que Antioquia es uno de los departamentos de Colombia más golpeados por la violencia.
Desde el 2017 a la fecha han sido asesinados en el departamento 138 defensores de derechos humanos. Y en el transcurso de este año se han registrado 172 asesinatos de personas protegidas por el derecho internacional humanitario.
En varios municipios antioqueños las tasas de homicidios son muy superiores a las de un país en guerra.
Por ejemplo, en Betania se presentó una tasa de 235,6 homicidios por cada 100 mil habitantes el año pasado, una tasa nueve veces superior al promedio nacional.
En Ituango, la tasa fue de 175,0, mientras en Vegachí fue de 172,6; en Ciudad Bolívar de 172,5, en Betulia de 158,3 y en Salgar de 118,4.
Los responsables de los homicidios son, principalmente, los actores armados que ostentan el poder territorial.
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Entre los años 2020 y 2022, se registraron además 44 masacres en el departamento, la cifra más alta del país.
Solo en el transcurso de este año se han presentado 400 acciones armadas contra las comunidades, la más alta cifra del país, por arriba del Cauca, donde se han presentado 365; de Chocó (183) y de Nariño (122).
“No existe un territorio que haya tenido tantas afectaciones sobre la población como Antioquia”, señala el informe.
La investigación indica que las AGC, conocidas también como Clan del Golfo, tienen presencia armada en el 93 % de los municipios antioqueños.
“Luego de la firma del acuerdo de paz, la avanzada paraestatal se fortaleció -con algún tipo de licencia de los entes de seguridad del Estado-. Por eso, de un solo golpe, sin disparar ni una sola bala, y sin mayor esfuerzo, las AGC lograron tomarse la Serranía del Abibe, los corredores estratégicos entre el departamento de Córdoba y Urabá y comandar desde El Parque Natural Nudo del Paramillo, bastiones estratégicos que antes eran dominados por la guerrilla de las Farc y expandirse hacia otras zonas del departamento y del país”, agrega el reporte de Corpades y Análisis Urbano.
La paz total es un anhelo. La implementación regional del acuerdo de paz es una urgencia. El Gobierno Petro debe priorizar la lucha contra la violencia con origen en los grupos armados al margen de la ley. Una violencia que comete homicidios, masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos, limitaciones a la movilidad, violencia sexual, extorsión y reclutamiento de menores.
Antioquia, y todo el país, requiere, como ya dijo el presidente Petro, establecer un proceso para desmantelar pacíficamente el narcotráfico. El sometimiento se debe dar mediante un diálogo franco, sin impunidad, de castigos sensatos, de verdades completas, de compromisos de no repetición. El Estado debe copar los territorios que abandonen los ilegales, de lo contrario, de nada servirá un sometimiento, si esos fragmentos de país quedan libres, tan abandonados como siempre, disponibles para que otros vayan y hagan lo mismo.
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El documento señala que la violencia y la criminalidad que viven departamentos como Antioquia se constituyen en un desafío de seguridad nacional para Colombia.
Por ello, concluye el texto que el nuevo Gobierno debe tener en cuenta las recomendaciones realizadas por las Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo y organizaciones de la sociedad civil, que actúan desde los territorios y que pueden contribuir con diagnósticos certeros que permitan diseñar una política de Seguridad Humana efectiva, que posibilite la construcción de la paz total.
APORTES DESDE EL TERRITORIO AL PLAN DE EMERGENCIA PARA LA PROTECCIÓN DE LÍDERES SOCIALES Y FIRMANTES DE LA PAZ
Aportes desde el territorio al Plan de Emergencia para la Protección de Líderes Sociales y Firmantes de la… by Análisis Urbano Medellín on Scribd
