La decisión del alto tribunal colombiano establece que el presidente Iván Duque debe proceder a la sanción de la normativa sin demora.
La Corte Constitucional ordenó al presidente Iván Duque sancionar la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por lo que las seis objeciones presentadas por su Gobierno quedaron sin efecto.
Con siete votos a favor y uno en contra, los magistrados ratificaron que sí hubo quorum el jueves 2 de mayo durante el debate realizado en el Senado para rechazar las objeciones del mandatario. Ese día se obtuvo el respaldo de 47 votos para descartar las objeciones y 34 para considerarlas.
Con las objeciones, el Gobierno buscaba modificar artículos de la Ley y que los victimarios tuvieran la obligación de reparar a las víctimas. También para que no se le quitara al alto comisionado para la paz la posibilidad de presentar ante las autoridades colados, mafiosos que quisieran entrar al sistema de diferenciación judicial. Regular la extradición de terceros, práctica de pruebas para extradición, entre otros.
La Corte asumió la decisión sobre la Ley luego que el Congreso no se pusiera de acuerdo tras varios debates. El presidente, que acató la decisión, no podrá presentar nuevas objeciones.
Lo que dijo Duque
“Hoy lo puedo decir con la frente en alto: la decisión que toma la Corte Constitucional la acato, como colombiano y defensor de la legalidad”, dijo Iván Duque minutos antes de conocerse públicamente la decisión de la Corte.
“Tenemos que reflexionar sobre las herramientas que deben seguir abiertas para corregir las cosas que no están saliendo bien”, añadió Duque refiriéndose al tema y aseguró que “por eso, tenemos, todos, que seguir construyendo la paz con legalidad y sin impunidad”.
Recordó que desde que aspiró a la Presidencia siempre insistió en la necesidad de construir “una paz sin impunidad, una paz con legalidad”, y añadió que siempre rechazó que “por tendencias electoreras y, por qué no, maniqueas, se quiso dividir a la sociedad colombiana entre amigos y enemigos de la paz”.
“Siempre dije, con claridad, que los únicos enemigos de la paz son los que quieren, con la violencia y por la violencia, arrebatarles a los colombianos sus libertades, sus derechos, su vida, su honra, sus bienes”, anotó.
Sustentó que las objeciones estaban orientadas a que los victimarios tuvieran la primera obligación de reparar a las víctimas; que el Alto Comisionado de Paz no perdiera la facultad de revisar a los postulados, para evitar ‘colados’; que no se limitaran los trámites y diligencias de la Fiscalía para que hubiera justicia oportuna; que no se afectara la extradición como mecanismo de cooperación judicial, permitiendo que terceros, con el pretexto de decir la verdad, tuvieran un “cheque en blanco” para nunca ser enviados a la justicia internacional.
Así mismo, recordó que siempre dijo que acataría la decisión que tomara el Congreso. Indicó que en la Cámara las objeciones no fueron aceptadas y en el Senado hubo diferencias sobre el resultado de la votación. Entonces, “dije que me sometería al veredicto de la Corte Constitucional”, puntualizó.
