Antioquia, Colombia, marzo 28 de 2022- De batallones ubicados en seis departamentos colombianos, entre ellos Antioquia, además de la ciudad de Bogotá, era extraído armamento que terminaba en poder de grupos armados ilegales.
Al parecer, militares utilizaban actas fraudulentas para justificar la pérdida de material, armas y municiones, cuando en realidad eran elementos sustraídos de batallones en Antioquia, Bogotá, Caquetá, Tolima, Cesar, Putumayo y La Guajira.
La Fiscalía General de la Nación, a través del CTI y la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, en articulación con el Ejército Nacional, puso en evidencia las actividades ilícitas en las que estarían involucrados dos sargentos, uno de ellos en retiro, y cuatro soldados profesionales del Ejército para desviar armamento, munición y material de intendencia y venderlos a estructuras ilegales.
Según el informe, los uniformados se valían de conceptos técnicos falsos y actas fraudulentas para reportar la pérdida de los elementos de intendencia en batallones ubicados en Antioquia, Bogotá, Caquetá, Meta, Putumayo, Tolima, Cesar y La Guajira.
Diferentes armas como pistolas, revólveres, ametralladoras, fusiles y lanzagranadas habrían sido sustraídos de las sedes militares, y vendidos a estructuras de las disidencias de las Farc, el ELN y las AGC o Clan del Golfo en Antioquia, Chocó, Nariño, Arauca y Caquetá.
Los involucrados en este andamiaje fueron capturados en diligencias realizadas en Piedecuesta (Santander), Ibagué (Tolima), Villavicencio (Meta) y Bogotá. En los procedimientos se incautaron armas, munición y prendas de uso militar que, probablemente, estaban listas para ser comercializadas.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir agravado; porte y tráfico de armas de uso privativo, de uso restringido de las Fuerzas Armadas; y enriquecimiento ilícito. Uno de los procesados aceptó los cargos. Todos deberán cumplir medidas de aseguramiento privativas de la libertad en centro carcelario.
Con la decisión fueron afectados el sargento primero (r) Cristian Leonardo Castro Ojeda y el sargento viceprimero Juan Manuel Torres Hernández; y los soldados profesionales Ronald González García, Jesús Tique, Eris José Pacheco Jiménez y José Alexander Muñoz Joven.
Por este caso de deviación de armas, munición y otros elementos de uso oficial han sido capturadas y judicializadas 25 personas, entre integrantes y exintegrantes de la fuerza pública, y civiles.
