La jueza 30 de control de garantías anunció en la noche de este jueves que la decisión sobre si el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez continúa en detención domiciliaria se conocerá el próximo sábado 10 de octubre, a las 8:00 a.m.
Esta determinación la tomó sobre las 9:50 p.m., luego de más de 12 horas de audiencia en las que las partes dieron a conocer sus argumentos.
«Se había llegado a un acuerdo previamente con las partes sobre que ese podía ser un término que se acompasa no solamente con la necesidad de evaluar de fondo tan variados y profundos argumentos que se han presentado en torno a este debate tan complejo, sino también que es un término respetuoso frente a el ejercicio de esa labor defensiva que se ha desplegado en pro de reivindicar una garantía de carácter fundamental que se encuentra actualmente afectada», argumentó la funcionaria judicial.
La audiencia que se llevó a cabo este jueves contó con las intervenciones de los abogados Jaime Granados, defensor de Álvaro Uribe, y Reinaldo Villalba, apoderado de Iván Cepeda; de los delegados de la Fiscalía, Gabriel Jaimes, y de la Procuraduría, María Lourdes Hernández; y del exfiscal Luis Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Perdomo, quienes buscan ser declarados como víctimas en el proceso.
Los argumentos de la defensa de Uribe
Para Granados, Uribe debe recobrar su libertad debido a que ahora el expediente se surte por ley 906 de 2004, y este no es similar al que se adelantaba en la Corte Suprema, ley 600 de 2000.
Granados aseguró que el proceso en ley 600 estaba en etapa de indagatoria, y daba cabida a una detención preventiva, no obstante, en su tesis, aseguró que para que exista vigencia de la medida de aseguramiento en contra de Uribe, debió surtirse una audiencia de formulación de cargos, bajo el actual procedimiento penal.
«Hay precedentes que permiten extraer conclusiones. Debe haber un contorno de formulación de imputación, es decir, un acto de comunicación en presencia de un juez constitucional, en el proceso ley 906, esto no se ha registrado», aseguró Granados, a la vez que añadió que «al no surtirse una imputación de cargos no tiene por qué estar privado de la libertad. No se puede homologar la medida de aseguramiento de la ley 600 a la 906».
Para el penalista es claro que solo podrá abrigarse a una medida de aseguramiento cuando se haya formulado imputación de cargos ante un juez constitucional, de lo contrario de vulneraría el derecho al debido proceso.
La solicitud de la Fiscalía
En la mañana de este jueves, el fiscal Gabriel Jaimes le solicitó a la jueza la libertad del exsenador.
El delegado del ente acusador dejó claro que su solicitud no es una «antesala» a lo que será el proceso de investigación en contra del expresidente. Por el contrario, aseguró que habrá celeridad en el caso, no habrá impunidad, habrá justicia y derecho.
«La investigación no parte de cero. La gran cantidad de pruebas recaudadas no se desestima sino que por virtud del cambio del sistema penal, se han convertido en elementos material probatorios, evidencia física legalmente obtenida, que serán revisados a la luz de la cadena de custodia y de incorporación probatoria, para ser valorados legalmente de cara a una formulación de imputación», argumentó el fiscal Jaimes.
Respecto de la solicitud de libertad, el fiscal dejó claro sus argumentos. Señaló que “asimilar la indagatoria a la formulación de imputación resulta afectante y lesiva al sistema penal acusatorio”.
De acuerdo con Jaimes, para la Fiscalía es evidente que hay «incompatibilidad procesal» en caso que se llegue a avalar la indagatoria como una imputación de cargos, en la ley 906. A su juicio, «vulneraría el derecho del debido proceso, si en el caso presente avanzáramos en el mismo estanco procesal».
Jaimes dejó claro que como no hay curso de imputación, no hay punto de partida para una medida de aseguramiento. El fiscal, que intervino después de la defensa de Uribe, se sumó a sus argumentos para pedir la libertad.
Apoderado de Cepeda expuso su posición
El abogado Reinaldo Villalba, apoderado del senador Iván Cepeda -la contraparte en el proceso-, basó su argumentación en solicitarle a la jueza que no se anule lo actuado por la Corte Suprema de Justicia, puesto que esto sentaría un mal precedente.
«Existen todos los precedentes jurisprudenciales que determinan que se deben mantener lo actuado en el sistema anterior, y pretenden mostrar que lo correcto constitucionalmente hablando es borrón y cuenta nueva, arrasar con lo que se ha hecho. Eso sí que crearía un grave precedente que afectaría la seguridad jurídica y anularía muchísimos procesos que lleva la Corte cuando el parlamentario deje de serlo por la razón que sea», expuso.
El abogado rechazó las críticas que hizo la Fiscalía a la indagatoria adelantada por la Sala de Instrucción de la Corte e indicó que esta se hizo brindando las garantías necesarias, sin afectar el debido proceso.
El jurista abogó por la armonización de los dos sistemas, para que el proceso pueda seguir su curso.
«Siendo que comparten muchas características, se las atribuyen a la imputación queriendo mostrar que esta lo tiene, pero la indagación no. Si bien la defensa presentó el tema empezando por la no equivalencia entre las dos figuras, no se puede desconocer que luego de la indagatoria hubo una medida de aseguramiento que también existe en Ley 906. Esta medida está en ambos procedimientos y por tanto la actuación a seguir sería hacer el escrito de acusación», especificó.
Montealegre y el ‘rifirrafe’ con Jaimes
El exfiscal Luis Eduardo montealegre empezó su intervención argumentando que solicitaba que se negara la libertad al exsenador, no obstante, en el marco de su relato se refirió a Jaimes y al abogado Jaime Granados, con palabras que culminaron en un rifirrafe y llamado de atención por parte de la jueza.
«Las intervenciones del filósofo del derecho Gabriel Jaimes y del letrado Jaime Granados Peña están basadas, esas argumentaciones en falacias, sofismas, en distorsión del precedente y además incluye violaciones manifiestas de principios y valores constitucionales», dijo el exjefe del búnker.
Ante tales señalamientos, Granados, quien defiende los intereses del exsenador Uribe, solicitó ante la jueza de garantías respeto por parte de Montealegre, en el marco de la diligencia que se adelantó de manera virtual y que completó más de diez horas.
Montealegre le solicitó a la jueza que «dijera qué es lo que debo suprimir de mis referencias y apreciaciones al letrado Granados y al filósofo del derecho Jaimes, para no incurrir en una conducta indebida. Le solicitó en que me diga en qué soy irrespetuoso».
Para la jueza, quien en más de una ocasión llamó la atención de los juristas, aseguró que tales afirmaciones por parte de Montealegre pueden llegar a generar malentendidos.
«En una expresión lingüística, ninguna de las palabras y expresiones que usted ha utilizado puedan entenderse de alguna manera directa como peyorativas o irrespetuosas, pero sí naturalmente, en el contexto en que lo está haciendo, aludiendo a que se está refiriendo a la posición del letrado Jaime Granados y del filosofo del derecho Gabriel Jaimes, creo que pueden dar lugar a malentendidos», dijo la jueza 30.
Jaimes, por su parte, expuso que en medio de una diligencia se pueden atacar los argumentos más no a las personas que hacen parte de la misma.
«Hemos escuchado muy pacientemente los argumentos, por supuesto, expresiones desmedidas y llenas de ironía que no tienen cabida en los escenarios judiciales. La justicia, esta que es la justicia real, merece respeto, no solo el suscrito, la audiencia, el país que lo está viendo, la señora juez, esta administración de justicia merece el respeto y la identidad. Ataque todo lo que quiera los argumentos, así se ejercita el derecho en las audiencias».
Por su parte, Granados llamó la atención del ex fiscal general y le hizo fuertes señalamientos respecto de la forma cómo se debe comportar en el marco de una audiencia judicial.
«Como el señor fiscal he ejercido la paciencia que, como estas canas le dan a uno para llevar la intemperancia de algunas personas que no son capaces de distinguir los argumentos de otra cosa».
Granados aseguró que no se siente irrespetado porque Montealegre le llamó letrado, por el contrario, consideró que cualquier denominación que se haga no puede ser deshonrosa sobre el trabajo que hacen los abogados, no obstante, lo que a su juicio le parece «desconvenido» no es la expresión como tal, sino la forma de expresarlo.
El penalista habló sobre su labor ejercida en las audiencias judiciales y consideró que esa experiencia es la que le hace falta a Montealegre: «La forma de conducirse en una audiencia implica un decoro, un respeto. Los argumentos todos los que quiere, toda la fortaleza y la dialéctica que enriquecen un debate, pero a las personas no se les toca, por una elemental cortesía, así le cueste trabajo abogado Montealegre, a las personas el respeto».
Una vez superado el impase, la diligencia continuó, no obstante, con otro revés en la misma, nuevamente por parte del exfiscal Montealegre, quien trajo a colación la similitud que tiene el proceso del excombatiente de las Farc, Jesús Santrich y el del caso Uribe. El exjefe del búnker lo mencionó porque así lo hicieron las partes en el proceso.
«En este caso el señor Álvaro Uribe Vélez fue privado de la libertad con fundamentos absolutamente legales, constitucionales de acuerdo al artículo 29 de la Constitución, luego no se puede convocar como lo hace el constitucionalista Gabriel Jaimes y como lo hace el abogado Granados Peña, comparar el proceso con el caso de Jesús Santrich, como lo estamos tratando (…) resulta que los planteamientos que está haciendo la defensa Gabriel Ramón Jaimes y Jaime Granados, defensa de Uribe, esos planteamientos lo que tienen en el trasfondo…», resaltó Montealegre lo que generó un nuevo pronunciamiento de Jaimes.
El fiscal del caso no le reprochó a Montealegre traer a colación la similitud entre los procesos del exsenador y el excombatiente de las Farc, sino el hecho que hubiese puesto a la Fiscalía como «defensa» de Uribe Vélez.
«La expresión del doctor Montealegre en el sentido de que la Fiscalía es defensora del señor Uribe por supuesto que son irrespetuosas», dijo Jaimes.
La jueza, en un último llamado de atención, aseguró que el debate jurídico dado en el marco de la diligencia judicial está faltando al respeto no solo a las personas, sino también a las instituciones.
«Creo que realmente se está presentando una situación que es sumamente lamentable y es que en un debate que es predicada por grandes personalidades jurídicas y profesionales del derecho de este país, se estén presentado situaciones de esta naturaleza que puedan llevar a entender que no se está predicando un respeto frente a las personas ni tampoco a las instituciones», aseguró la jueza.
Procuraduría también pidió libertad de Uribe
María Lourdes Hernández, representante del Ministerio Público, indicó que no hay equivalente entre lo que se surtió del proceso en la Corte y lo que deberá seguirse ahora bajo la Ley 906, por lo que «la medida de aseguramiento en contra de Álvaro Uribe Vélez ha perdido el sustento jurídico que la respaldaba».
«No desconozco que la indagatoria y medida de aseguramiento fueron válidas en su momento pues contaban con requisitos legales y competencias, pero cambiaron las reglas procedimentales y entraron a regir formalidades diferentes», explicó la funcionaria.
Argumentó además que, bajo el nuevo sistema, para que se pudiera mantener la medida de aseguramiento era necesario que existiera una imputación de cargos, situación que no alcanzó a surtirse en el proceso anterior.
Por tanto, la delegada de la Procuraduría pidió a la jueza que «hasta tanto no se cumpla con el debido proceso (…) el implicado tiene derecho a esa garantía de su libertad, tiene el derecho fundamental a permanecer en libertad, y desconocerlo sería contrariar ese mismo proceso constitucionalizado de la ley 906 de 2004, contrariar en esencia la misma Constitución Política de Colombia».
Tomado de El País de Cali
