BARRANQUILLA, COLOMBIA (6 ABR 2024) – La acción decidida de la Fiscalía Seccional Atlántico ha llevado a la judicialización de Andrés Antonio Robles Bohórquez, señalado como presunto autor de un caso de extorsión agravada que ha sacudido a la comunidad comercial de Barranquilla. Este avance es el resultado directo del compromiso de las autoridades con combatir el flagelo de la extorsión en la región.
De acuerdo con la investigación, Robles Bohórquez habría iniciado su campaña de intimidación el pasado 4 de marzo, enviando mensajes de texto extorsivos a un comerciante local. En estos mensajes, exigía el pago de 20 millones de pesos a cambio de influir en un supuesto proceso judicial en contra del comerciante, una práctica que pone de manifiesto las tácticas coercitivas empleadas por los extorsionistas para sembrar el miedo y obtener ganancias ilícitas.
La rápida respuesta de las autoridades culminó el 8 de marzo con la captura en flagrancia de Robles Bohórquez. El operativo, ejecutado por funcionarios del Gaula de la Policía Nacional, tuvo lugar mientras el sospechoso se encontraba en un vehículo estacionado cerca de un centro comercial en el barrio Centro de Barranquilla, aparentemente esperando recibir el dinero extorsionado.
Actualmente, la Fiscalía profundiza en la investigación para identificar a otra persona que se sospecha estaba en el automóvil en el momento de la detención.
A pesar de que Robles Bohórquez ha negado su implicación en el delito imputado, el juez de control de garantías dictaminó una medida de aseguramiento privativa de la libertad en su domicilio, una decisión que ha sido apelada por la fiscalía adscrita a la Seccional Atlántico. Este caso subraya la importancia de la denuncia y la colaboración ciudadana en la detección y persecución de actividades delictivas que amenazan la seguridad y el bienestar económico de los barranquilleros.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.