Antioquia, Colombia, 15 junio de 2022.- Desde el martes 3 de mayo del 2022 se lleva a cabo el proceso por el delito de peculado del que es presunto autor Hernán de Jesús Morales Monsalve, director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en Rionegro, con funciones en varios municipios del Oriente de Antioquia.
Este funcionario de la Fiscalía presuntamente habría tomado para sí dineros destinados al pago de recompensas. El caso toma mayor relevancia si se profundiza qué era lo que se hacía con ese dinero y cuáles serían otras posibles decisiones ilegales tomadas desde esta dependencia de la Fiscalía General de la Nación.
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Detrás de este caso podría existir todo un entramado de la consumación de varios delitos de los cuales solo la justicia lograría determinar.
Fuentes consultadas por la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social -CORPADES- y el Portal de Noticias Análisis Urbano, conocieron de varios testimonios sobre posibles delitos cometidos por este director del CTI de Rionegro.
Uno de estos delitos podría estar relacionado con el incremento de casos de falsos positivos judiciales contra personas inocentes con la única finalidad de que el CTI obtuviera resultados favorables en su “lucha contra el crimen”. Situación que podría acarrearle al Estado colombiano millonarias demandas.
Otro ejemplo de posibles actividades ilegales es el incremento de homicidios que tuvieron lugar en el municipio de El Carmen de Viboral durante el año 2020, muchos de estos asesinatos violentos se cometieron aparentemente bajo la modalidad de “Limpieza social”. Según fuentes confiables, en estas muertes violentas habría una relación directa e indirecta de agentes estatales y grupos armados ilegales.
Hay un elemento revelador en este caso. Muchas personas han decidido arriesgar sus vidas y denunciar en el Gaula, en la Policía Antioquia, en la Fiscalía General de la Nación, sede Medellín, pero extrañamente ninguna de estas autoridades ha atendido la grave denuncia que podría desentrañar un poder criminal sin precedentes en la región.
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Si bien, solo será la justicia la encargada de determinar la responsabilidad de Hernán Morales como director de una de las más importantes agencias investigativas del Estado, quedan muchas preguntas por resolver en todo este rompecabezas.
Otro hecho que ha generado cuestionamientos es la muerte de Jhony Fernando García Orozco, alias Leche. Este hombre, quien perteneció a una estructura del Magdalena Medio, tenía su centro de operaciones en el municipio de El Carmen de Viboral. Extrañamente fue reportado por el CTI como muerto en agosto del año 2020, pero luego, en septiembre del mismo año, nuevamente el CTI informa que este mismo hombre resultó muerto en un cruce de disparos con las autoridades.
Director del CTI en Rionegro y otro funcionario, involucrados en caso de corrupción por irregularidades en pago de recompensas
A alias Leche le incautaron algunos elementos personales como su celular, en donde habría información suficiente para establecer la posible relación de este con algunos miembros de la institucionalidad. Todo quedó en manos del CTI…
¿Por qué la compra masiva de Sim Card por parte del CTI, qué finalidad tenía y a quiénes se les entregaban?
¿Tenía Hernán Morales relaciones con algunos grupos armados del Oriente de Antioquia?
¿Por qué ninguna autoridad judicial ha querido investigar otras denuncias que existen contra el director Hernán Morales?
¿Existen vínculos entre el CTI del Oriente y los grupos armados?
¿Algunos alcaldes conocen esta información?
Decenas de preguntas surgen cada vez que se profundiza sobre este tema.
Otro tema que no es un hecho menor es tanto la comercialización como el consumo de sustancias alucinógenas. Las fuentes revelan una posible permisividad de algunos miembros de las autoridades para que los expendedores tuvieran siempre surtido.
Mientras algunas personas denunciantes aseguran que este hecho es de total conocimiento de la Policía Nacional, el Gaula y otros fiscales de la región, hay algunos intereses que buscan que esta imputación por peculado por apropiación no pase a mayores.
La imputación fue apelada y al parecer decretaron la nulidad del juez de primera instancia, por lo tanto, el caso fue regresado al juzgado de origen, es decir, al juzgado 3 Penal del Circuito de Rionegro.
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Por el momento, el caso está en manos de la justicia quien será la encargada de resolver esa responsabilidad penal.
Para el equipo investigativo de Análisis Urbano, es preocupante que las diferentes autoridades conozcan en detalle posibles hechos ilegales y que sigan intentando ocultar peligrosas modalidades delictivas y sus relaciones con actores armados.
