Antioquia, Colombia, 4 mayo de 2022.- El departamento de Antioquia es tal vez, uno de los departamentos con más alertas tempranas, AT. Por lo menos desde el año 2019 se han emitido 37 de éstas dando cuenta de una serie de complejidades generadas por la persistencia del conflicto armado. Esto se debe en primera medida por la persistencia del conflicto armado y la presencia de grupos armados en todo su territorio.
El 19 de abril, la misma Defensoría del Pueblo emite la AT 008-22 para las veredas Corcovado, Los Micos, Mesetas, Albania y los sectores Los Alpes y Bateas del municipio de Titiribí por la fuerte disputa territorial entre los grupos paramafiosos de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGC- y la estructura de la Oficina de San Pablo, que a su vez hace parte de la Oficina del Valle de Aburrá.
La delicada misiva dirigida al ministro de Interior, Daniel Palacios Martínez, para que como Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) adopte de manera urgente las acciones para que sean atendidas las recomendaciones de la AT 008-22, donde menciona una alta probabilidad de que se realicen atentados contra la vida, la libertad y la integridad física de la población civil de estas veredas.
Como analistas del conflicto nacional, desde Corpades y Agencia de Prensa Análisis Urbano, enunciamos que no se pueden descartar otras violencias recurrentes como los reclutamientos forzados a niños, niñas y adolescentes, casos de desaparición forzada, desplazamiento forzado, extorsión, violencia sexual, amenazas, enfrentamientos con interposición de la población civil y masacres.
EN CONTEXTO
Como lo habíamos advertido desde Corpades y el Portal de Noticias Análisis Urbano, en el Suroeste se siguen moviendo los tentáculos del poder paramafioso que ha visto la importancia geoestratégica de esta subregión.
El Suroeste como tal, es una zona de conexión en el que cobra importancia su red vial, pues esta se enlazan las dinámicas comerciales y la comunicación con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, las troncales del Occidente, la región cafetera, la vía al Urabá.
Esta ubicación brinda suficientes ventajas que son aprovechadas por las diferentes estructuras armadas que han implementado una logística muy fuerte para el acopio de sustancias ilícitas, razón por la que hacerse al control territorial es necesario para mantener el poder que se extiende a los diferentes municipios del Suroeste de Antioquia.
El municipio de Titiribí basa su economía en la extracción y producción de carbón. Tiene a su haber 25 títulos mineros, que representan un área titulada de 65.2% (Dato Defensoría del Pueblo).
En las zonas bajo las cuales está descrito el riesgo, existen explotaciones mineras de la que generan su sustento aproximadamente 400 familias de este municipio.
La AT hace mención de la alta demanda y distribución de drogas en zonas de explotación carbonera y en zonas urbanas en la cual la principal población consumidora son niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Tanto las AGC, como la denominada Oficina de San Pablo, mantienen un control social al punto que limitan la libre movilidad de las personas, esta situación ha desencadenado en graves amenazas.
La alerta de la Defensoría deja unas recomendaciones sobre las acciones que deben emprender las diferentes instituciones nacionales, departamentales y locales. En primer lugar, se enfoca en la necesidad de implementar acciones de prevención a posibles hechos contra la población, pero también, resultados en materia de las investigaciones sobre los posibles perpetradores o responsables de los riesgos.
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Realmente esta alerta no menciona nada que sorprenda, toda vez que en diferentes informes y análisis sobre la zona se ha logrado demostrar cómo el poder paramafioso se ha tomado el control de esta subregión.
La pregunta necesaria es: ¿el Ministerio Publico y las diferentes autoridades cumplirán con las recomendaciones que deja esta alerta? Esperemos que sí y no tengamos que seguir documentando hechos lamentables.
ALERTA TEMPRANA