Bangkok, 25 feb – Dos jóvenes activistas tailandesas acusadas de lesa majestad mantienen este sábado su dura huelga de hambre frente a las puertas de la Corte Suprema, adonde fueron trasladadas la víspera tras abandonar el hospital en el que estaban ingresadas hace más de un mes debido al deterioro de su salud.
Orawan Phuphong, de 23 años, y Tantawan Tuatulanon, de 21 años, quienes dejaron de ingerir alimento y líquido el 18 de enero, anunciaron el viernes que migrarían a las afueras del máximo tribunal de Tailandia y seguirían con su huelga de hambre como forma de exigir la liberación de otros activistas políticos y la adopción de reformas legales en Tailandia, pese al «riesgo» de la decisión.
«Ambas hemos coincidido en nuestra decisión de continuar con la huelga de hambre hasta que las autoridades reconozcan los derechos de los imputados y les concedan la libertad bajo fianza mientras defienden sus casos», afirmaron en una carta difundida ayer en sus redes.
Las dos activistas -detenidas por realizar en 2022 una encuesta callejera sobre los cortes de tráfico causados por la comitiva real e imputadas por el delito de lesa majestad, penado con hasta 15 años de cárcel- abandonaron el hospital la tarde del viernes en camillas y fueron trasladadas en una ambulancia a la Corte Suprema.
En el local, fueron recibidas por decenas de simpatizantes, quienes han erigido una tienda de campaña, provista de aire acondicionado, para abrigar a las jóvenes, que tendrán su salud monitoreada de forma periódica.
Orawan y Tantawan iniciaron una estricta huelga de hambre dos días después de que fueran retenidas al decidir anular su propia fianza como forma de protesta por, entre otros puntos, las draconianas condiciones que los tribunales imponen a los activistas bajo libertad provisional.
Las activistas piden además una reforma judicial, libertad bajo fianza para los presos políticos y la revocación de las leyes de lesa majestad y sedición.
Pese a que son conscientes del «riesgo» de la medida para su salud, las chicas fueron tajantes en expresar que desean ejercer su derecho de «rechazar cualquier tipo de tratamiento» a fin de dar seguimiento a sus peticiones.
«No importa lo que nos pase a los dos, esperamos que haya gente que luche por los derechos de los acusados en causas penales hasta que se les conceda la libertad bajo fianza», puntualizaron.
La protesta iniciada por estas dos activistas ha abierto un debate político en Tailandia, donde varios partidos opositores reclaman una reforma urgente del sistema judicial y las condiciones de detención preventiva, que incluyen la negación de fianzas, limitación de viaje y libertad de expresión, entre otras restricciones.
Según la organización Abogados Tailandeses por los Derechos Humanos (TLHR, en inglés), el país registró un incremento de los casos de lesa majestad desde noviembre de 2020, cuando el gobierno retomó la aplicación de la normativa para sofocar en los tribunales al movimiento prodemocrático liderado por universitarios.
Al menos 215 personas, incluidos menores, han sido acusados de lesa majestad desde entonces, mientras que otros 1.888 -entre ellos 283 menores- han sido imputados por delitos relacionados con las protestas o sus expresiones políticas.
