Las procesadas habrían amarrado y abandonado a la víctima en zona rural de Ciudad Bolívar.
Fiscalía General de la Nación,
FGN
BOGOTÁ, COLOMBIA. (11 DIC 2024) – La Fiscalía General de la Nación judicializó a Ingrid Johana S. P. y Jenifer Andrea C. D., por su presunta participación en el secuestro y robo de un conductor adscrito a una plataforma de transporte en Bogotá. Las imputadas enfrentan cargos por tentativa de homicidio agravado, hurto calificado y agravado, y secuestro simple.
El incidente ocurrió cuando la víctima fue contactada en el barrio El Tesoro, al sur de la ciudad, para realizar un recorrido hacia la vereda Quiba en Ciudad Bolívar. Durante el trayecto, en un área desolada, las procesadas habrían atacado al conductor con un arma blanca en al menos 13 ocasiones, según la investigación. Luego lo obligaron a salir del vehículo, lo ataron de pies y manos y lo abandonaron en una zona rural, huyendo con el automóvil y otras pertenencias del afectado.
Las autoridades lograron la captura en flagrancia de Sánchez Pasachoa y Caro Daza dentro del vehículo hurtado, minutos después de que fuera reportado el robo. Los elementos probatorios indican que las procesadas utilizaban esta modalidad para ganarse la confianza de los conductores y llevarlos a rutas apartadas donde perpetraban los robos.
Ambas mujeres no aceptaron los cargos imputados y un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial. Este caso destaca el compromiso de las autoridades en la lucha contra el crimen que afecta a los trabajadores del transporte en la ciudad.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.