El centro de Medellín está en manos del crimen urbano

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Más que Convivir

Las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada (Convivir) fueron un experimento paraestatal creado en la década de los noventa con la finalidad de proveer protección a comerciantes y ganaderos. Esta figura, que años después se desdibujó y se materializó en la organización con fachada legal e ilegal del aparato paramilitar y mafioso, primero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y luego en la confederación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en la actualidad la conforman 35 agrupaciones que hacen parte de la Oficina del Valle de Aburrá, conocida como la Oficina de Envigado.

En Medellín, en la comuna 10 (La Candelaria), aún están vigentes las Convivir y obedecen a diferentes bandas paramilitarizadas que tienen presencia en las comunas, entre ellas: La Terraza, Los Chamizos, Los Pesebreros, que a su vez ellas representan las dos líneas de la Oficina del Valle de Aburrá.

Las Convivir tienen el control territorial y militar del centro de la ciudad, zona donde han implantado un modelo de seguridad urbana para proteger a los patrones del crimen urbano que tienen su asiento allí, por lo que compiten mano a mano con el modelo de seguridad legal institucional o también se pueden mezclar para operar. A través de este modelo de seguridad desarrollan la explotación de rentas criminales —extorsiones (vacunas), pagadiario, plazas de vicio—, prostitución, apuestas ilegales, entre otros delitos.

Estos grupos han estado inmersos en varias guerras urbanas debido a las fracturas de la Oficina o al intento de toma por parte de los aliados de las AGC —o Clan del Golfo—; por ejemplo, la guerra de la Oficina en 2007 o la guerra del 2014 que enfrentó a alias Mono Picacho o Monín de Barbosa y a alias Diadema y que en su momento fue negado por Aníbal Gaviria Correa, entonces alcalde; Luis Fernando Suárez, vicealcalde de Seguridad; y el brigadier general José Ángel Mendoza Guzmán, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (Meval), hoy subdirector de la Policía Nacional de Colombia.

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La guerra Diadema vs. Monín

En marzo de 2014 hubo una reunión entre coordinadores de las Convivir en una discoteca en la avenida 33. Al encuentro asistieron los alias Diadema, Gordo —Barrigas—, Julián —Pollo— y Carnero —Mono—, este último era el representante de alias el Montañero y Sierra, quienes controlan los sectores de Palacé, Prado, El Hueco, San Benito, la 33, La Bayadera, la Oriental, Junín y El Palo. A ellos se sumaron los alias Monín, Tigre y el Negro, quienes operaban en Barbosa, municipio al norte del Valle de Aburrá.

El descontento de coordinadores como Diadema y Carnero por la reestructuración en cuanto a las zonas de control, plazas y vacunas produjo que el primero planeara un atentado contra los coordinadores de Barbosa.

Análisis Urbano publicó en 2014 cómo fue el plan criminal que desencadenaría una guerra abierta en la comuna 10. Antes de culminar la reunión en la discoteca, Diadema se retiró del sitio, con permiso de Carnero, para contactar a Tego y a su hijo Tony, sicarios probados que trabajaban para ellos, quienes consiguieron un par de motos de alto cilindraje para ejecutar el atentado en contra de Monín y sus hombres.

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La carnada estuvo servida. Primero se retirarían Carnero y sus hombres y posteriormente Monín, Tigre y el Negro, quienes al salir del sitio vieron que dos motos se acercaban a gran velocidad y los copilotos les apuntaban. Mientras Monín y el Negro salieron ilesos, su socio Tigre recibió todos los impactos, lo que le produjo la muerte días después. Ahí empezó la guerra.

La incursión de las AGC en el centro de Medellín se dio de la mano de Monín, quien contactó a alias don Cucho manifestándole que iba a iniciar una guerra por el control del centro y recibiendo el respaldo, pese a la existencia del Pacto del Fusil firmado entre la Oficina del Valle de Aburrá y Los Urabeños.

Otras guerras de las Convivir también siguieron a la del 2014. Hubo otras en 2015 y 2016 que fueron documentadas por Análisis Urbano. Ahora que finaliza el 2018 se siente que la guerra fría adentro de la Oficina también toca a las Convivir y pareciera existir una enfrentamiento silencioso. El número elevado de muertes violentas así lo confirman; sin embargo no se tiene claridad sobre cuántas desapariciones forzadas van en el transcurso del año. Recordemos que en la comuna 10 es recurrente la existencia de casas de tortura, uno de los instrumentos de terror preferido por las Convivir, junto a la desaparición forzada. Esta guerra silenciosa tiene alcances en varias comunas y corregimientos de la ciudad de Medellín.

El negocio Convivir

Una de las fuentes de ingreso que más les genera recursos a estas organizaciones son las extorsiones y las vacunas que varían de acuerdo con la temporalidad. Hay una extorsión instantánea que puede obedecer a una exigencia de dinero para no atentar contra la vida o recuperar un vehículo hurtado; y la vacuna sucesiva y hasta diaria, semanal o mensual, que afecta más a los ciudadanos y comerciantes, generándole unas rentas criminales a las bandas que, según investigaciones realizadas por Análisis Urbano, superan los 8.900 millones de pesos mensuales. Al año serían más de 100.000 millones.

La Agencia de Prensa Análisis Urbano ha logrado determinar que existen 35 Convivir —la Policía solo reconoce 20 y algunos investigadores hablan de 15 o 45—. Con organigramas y mapas actualizados hemos podido llegar a la realidad de su número. Estas agrupaciones de seguridad criminal ilegal corresponden a Los Chamizos —o BJ—, que operan en las comunas 8 y 9, y hace parte de la línea 80 % o Alianza Criminal del Norte, de La Oficina; y a La Terraza, que opera en las comunas 3 y 4, de la línea 20 % o Confederación Criminal de Medellín.

La forma como operan y el número de integrantes de las Convivir ha sido objeto de discusión entre expertos y analistas del crimen urbano y rural. Cerca de 350 hombres integran la red de coordinadores, sicarios y jefes de plazas y de cobros, quienes trabajarían en grupos de diez hombres por turno. Para ampliar sus actividades cuentan con el apoyo de hombres que bajan de las comunas al centro. Esto permite deducir que con colaboradores, sicarios, campaneros, entre otros, las Convivir, en total, superarían los 750 miembros en la comuna 10.

La cartografía criminal en la comuna 10 cambió a finales de noviembre de 2014, cuando surge un nuevo jefe de las Convivir, pues Diadema estaba en la mira de las autoridades y no se encontraba en condiciones de mantenerse en la coordinación operativa y militar de dichas agrupaciones y que se evidenció en el momento de su captura, pues al parecer había recurrido a varias cirugías para tratar de cambiar su fisonomía. Diadema continuaba trabajando, pero no al frente de la organización, incluso se habla de que estaría sirviendo de informante a un sector de la Sijín.

En 2014 la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) reveló en un informe sobre el centro de Medellín: «[…] por donde transitan aproximadamente un millón de personas diariamente, y en donde el control territorial está en manos de 35 Convivir, hay presencia de 66 cuadrantes, 3 CAI y más de 120 cámaras de seguridad, se recauda mensualmente, por concepto de extorsión al comercio informal, un aproximado de $8.900 millones, teniendo en cuenta que la cuota semanal del comercio va desde los $40 y 70 mil semanales, hasta $1 y 2 millones mensuales».

En una investigación desarrollada por la misma ONG en 2018, con el apoyo de la Agencia de Prensa Análisis Urbano, se identificaron las comunas en donde son más frecuentes la extorsión y las vacunas, siendo el corregimiento de Altavista (comuna 70) y las comunas 1 y 2 en donde se presentan mayores índices de este fenómeno. Las siguen las comunas 4 , 5, 6, 7, 10 y 15, donde hay una tendencia importante de extorsión, sobretodo en comerciantes, vendedores informales, seguridad en residencias y parqueo de vehículos —llamado impuesto de rodamiento—.

En varias investigaciones que han desarrollado Análisis Urbano y Corpades se han identificado las modalidades de vacunas y extorsión que se impusieron tanto en el centro como en el resto de la ciudad.

Tipo Característica
Seguridad residencial Cobran a viviendas individuales y urbanizaciones por «vigilancia» o la «vigilancia de la cuadra».
Parqueo de vehículos en vías públicas Los residentes de zonas residenciales que parquean sus automotores o motocicletas en la calle o en parqueaderos comunitarios deben pagar una cuota semanal.
Ingreso de familias al barrio En el momento de llegar una nueva familia al barrio les exigen un pago para descargar el trasteo y contratar el servicio de descargue de los enseres con integrantes de la banda.
Servicios públicos En barrios periféricos de la ciudad las bandas construyen acueducto y alcantarillado, generalmente en zonas de ocupación, obligando a los residentes a conectarse a estos y pagar semanal o mensualmente la tarifa.
Mediación en conflictos Los conflictos entre vecinos, violencia intrafamiliar e incluso cuotas alimentarias son resueltos por los grupos delincuenciales, quienes cobran una determinada cuota a las personas involucradas. Con esto evitan la presencia de la Fuerza Pública en sus territorios.
Cartel de la canasta familiar Obligan a las familias a comprar paquetes  de mercado, por lo regular productos lácteos, carnes frías, arepas y huevos.

 

Los tenderos son presionados para que vendan de manera exclusiva productos que ellos distribuyen: huevos, arepas, lácteos, productos de panadería, licores (legales e ilegales), productos de aseo.

 

Las pipetas del gas propano, esencial para la preparación de los alimentos, también tienen regulación en su venta.

Porcentaje a víctimas que reciben indemnización o ayuda humanitaria A las familias que reciben periódicamente dinero por reparación como víctimas del conflicto armado o ayudas humanitarias les exigen un porcentaje de esos dineros.
Habitantes de calle En varios sectores de la ciudad, organizaciones armadas, les cobra $700 por noche por el uso del espacio público para dormir.
Para evitar reclutamiento forzado Los combos, para no reclutar jóvenes para la organización y evitar que consuman drogas, cobran a las madres una cuota semanal.
Homicidios sin autorización En caso de presentarse un homicidio «no autorizado» por la banda, el responsable del hecho deberá pagar entre cuatro y cinco millones de pesos.
Construcción de reformas en las casas Las reformas o remodelaciones en las viviendas están gravadas con una comisión, que se debe pagar a la banda, la misma que ofrece el servicio para botar los escombros.
Venta de vehículos e inmuebles Quien sea sorprendido vendiendo un vehículo o un bien inmueble debe pagar una comisión por el negocio.
Proyectos comunitarios Las organizaciones sociales que desarrollan proyectos deben pagar una comisión para poder ejecutarlos.
Uso de espacio público Las ventas callejeras de comidas rápidas, chazas, vendedores de tinto, artículos variados y minutos de celular deben pagar una cuota semanal.
Cobros por recolección de basuras Las bandas cobran a cada vivienda o establecimiento comercial por llevar la basura hasta las zonas de acopio.
Establecimientos de comercio Almacenes, tiendas, minimercados, ferreterías, peluquerías, panaderías, restaurantes, talleres de mecánica, etc., deben pagar por la seguridad de la zona.
Distribuidores del comercio en general A los distribuidores que llevan su mercancía en vehículos repartidores les cobran una vacuna, sea es especio o en dinero.
Contratistas de obras públicas o privadas Los cobros varían de acuerdo con la actividad: seguridad de la obra, materiales, maquinaria prestada o la contratación de personal afín a la banda.
Las llamadas telefónicas Las extorsiones carcelarias o «tío-sobrino» que exigen, a través de la intimidación, gruesas sumas de dinero.
Transportadores urbanos Las mayores extorsiones están dirigidas a empresas de buses de transporte público, que deben pagar cuotas semanales. Si cruza por zonas de incidencia de varios grupos debe pagarle a cada uno.

Las modalidades más recurrentes de la extorsión son la directa —algunos la llaman contacto directo— y la llamada telefónica.

Delito de extorsión – 2010/2017
Modalidad/Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Carta extorsiva 12 0 3 6 5 5 8 10
Directa 38 122 121 237 155 117 143 140
Llamada telefónica 92 54 69 175 100 109 138 260
Mixta 4 17 14 27 43 6 23 24
Redes sociales 7 4 2 12 7 6 24 41
Elaboración propia con datos del Observatorio del Delito – Policía Nacional

Los jefes del tráfico de drogas en el centro no son los patrones del crimen urbano

Muchos años llevan Corpades y Análisis Urbano investigando, analizando y denunciando las actividades criminales y quienes las ejecutan en Antioquia. Medellín no es la excepción. En esta ciudad se han encontrado hechos reveladores en las 16 comunas y los 5 corregimientos. La comuna 10 tiene resultados sorprendentes; hay jefes del tráfico de drogas que la han dividido en tres o cuatros sectores para actuar, por ejemplo: don Ómar —recientemente capturado—, don Pedro, John y don Hernán, entre otros.

Pero estos sujetos tan solo son una parte intermedia del poder criminal en el centro; hay patrones que están por encima de ellos y que se puede decir son los «duros» del negocio criminal ilegal en lo correspondiente a lo macro: apuestas ilegales, contrabando, pagadiario, lavado de activos, rumba dura y turismo sexual, explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, pornografía infantil y trata de personas y migrantes a Estados Unidos. Todos ellos, directa e indirectamente, cuentan con el brazo militar para su protección, como las Convivir, aunque también muchos de estos patrones criminales tienen sus ejércitos privados que van por encima de estas y también tributan. Además, hay casos como el de Pedro Pistolas, con su musculo militar ubicado directamente en un sector de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá; al igual que los patrones del contrabando que muestran su poderío de jueves a domingo cuando literalmente desaparece la presencia institucional en el centro para darle vía libre a la llegada de las mercancías ilegales. En conclusión, las Convivir son el aparato semilegal que por excelencia protege los negocios criminales, aunque no es el único que ejerce la protección de jefes criminales, sí se encargan de otorgarle permanentes positivos a miembros de la Policía —no precisamente patrulleros en la estación Candelaria y otras estaciones—.

Microtráfico: una de las rentas criminales más exitosas

La modalidad de distribución de sustancias psicoactivas se realiza a través de oligopolios, es decir, pequeños vendedores o distribuidores que administran plazas de vicio y ollas existentes en la ciudad que pueden ascender hasta el 40 % del total de ventas. Más de 1.000 plazas de venta de droga. En los barrios habría dos plazas de marihuana por una de químicos, e incluso se sabe que en barrios más grandes o por donde transitan más personas diariamente sería una proporción de tres de marihuana por una de químicos.

En la comuna 10 operan un gran número de plazas, por ejemplo: Barbacoas, Niquitao, Rojas Pinilla, el Parque del Periodista, Los Puentes, Parque Bicentenario, San Benito, la avenida de Greiff, La Bayadera, Prado Centro, Barrio Triste, El Raudal, El Chagualo, entre otras, sin contar las plazas móviles de la droga y el servicio a domicilio.

En otros barrios existen otras grandes plazas: Lovaina, Aranjuez, El Diamante, Villa Flora, Caicedo, Barrio Cristóbal, Cristo Rey, Barrio Antioquia y San Bernardo. La megaplaza, sin duda, sigue siendo desde hace cuarenta años la de barrio Antioquia, ya que esta almacena, distribuye y vende al por mayor y al detal marihuana, perico, éxtasis, pastillas, cocaína rosada, ácidos, metanfetaminas. El manejo lo tienen jefes poco conocidos, algunos de ellos organizados en clanes familiares que tienen un importante porcentaje de los ingresos y su manejo.

De acuerdo con investigaciones de Corpades y Análisis Urbano, en Barrio Antioquia trabajaban, en 2016, cerca de 72 personas como campaneros, en tres turnos, y recibían como pago $40.000 por jornada. Allí  se establecieron hace años dos famosas casas de vicio que eran propiedad de Olga, ya fallecida, de quien tomó el nombre la banda armada que opera en el epicentro de estas plazas.

Todas estas plazas trabajan las 24 horas del día y son dominadas por La Oficina. Otras bandas que tienen plaza y que son antiguas son: La Cueva, La 24, El Chispero, La 68 y El Coco. Incluso se ha identificado que los cabecillas de estas bandas han creado una red de testaferros que les permite comprar las casas del lugar que tienen problemas con hipotecas o procesos jurídicos por no pago de impuestos, en donde ubican las nuevas plazas.

Una gran plaza de vicio puede tener ingresos entre 4 y 6 millones de pesos diarios, hay unas que llegan a obtener hasta 25 millones de pesos diarios. Por fuera de estas utilidades está la megaplaza de Barrio Antioquia y los supermercados de la droga y los lugares de almacenamiento ubicados estratégicamente en comunas 8, 10, 16, 9, 3, 6 y 13.

Casa de vicio que no dé ingresos mínimamente de cuatro millones de pesos diarios no sirve, aseguran investigadores y expertos en microtráfico.

La comuna 10 es uno de los territorios donde más plazas de vicio existen, debido a que por esta zona de la ciudad transitan más de un millón de personas diariamente. A los consumidores les tienen sitios para atenderlos como hoteles, bodegas que sirven como sitio de consumo, además de las plazas móviles y fijas.

Uno de los jefes de microtráfico que trabaja de manera coordinada con las Convivir es Ómar Darío Mazo Monsalve, alias don Ómar, dueño de las plazas de vicio de la avenida de Greiff, sector identificado como el «Bronx de Medellín».

La Candelaria, la comuna más violenta

La comuna 10 ha sido, en los últimos años, una de las más violentas, siendo apenas superada en 2010 (231 homicidios), 2011 (223) y 2012 (163) por la comuna 13. Desde el 2013 la tendencia al alza de homicidios se ha mantenido, con solo una reducción sustancial en 2015, con 77 homicidios, cuando en 2014 se presentaron 119, es decir, hubo una disminución de 42 homicidios. En 2016 y 2017 de nuevo estuvo al alza, con 97 y 103 homicidios respectivamente. Hasta el momento, con corte al 2 de noviembre, en La Candelaria se han presentado 95 homicidios. Esta cifra anuncia que pueden superarse las cifras de 2017.

Año Homicidios
2003 260
2004 175
2005 123
2006 135
2007 105
2008 142
2009 205
2010 201
2011 168
2012 146
2013 129
2014 119
2015 77
2016 97
2017 103
2018 (2 nov) 95
Fuente: SISC

Las acciones de recuperación del centro, emprendidas por la actual administración municipal de Medellín han trazado una estrategia de intervención de espacios urbanos como la carrera Bolívar —en los bajos del Metro, entre San Juan y el Parque de Berrío—, lo que podría tener un impacto positivo en la lucha contra el crimen, así como las obras en el parque de Bolívar, en donde se han identificado modalidades de mendicidad ajena y explotación sexual infantil; sin embargo, no existe una real reducción de actividades criminales.

Por ejemplo, el parque del Periodista sigue siendo una plaza al aire libre sin ningún control institucional, pese a estar vigente el decreto de incautación firmado por el presidente Iván Duque. Tal parece que el crimen supera las acciones del Estado en el centro de Medellín. Las rentas siguen siendo una parte del combustible del control territorial del crimen urbano, mientras las autoridades siguen con la estrategia errada de capturas, decomiso y control del crimen urbano, pero no tienen una estrategia de desmantelamiento real.

Ya se está terminando el plan de choque del presidente Iván Duque: los diez delitos a combatir en 100 días: «El que la hace la paga». Todo indica que a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá le está yendo bien; captura de subjefes, jefes de la Oficina, además de decomisos y el control relativo en algunas zonas de la ciudad le podrían dar el visto bueno presidencial, sin embargo, a pesar del esfuerzo, las acciones parecen mediáticas, cortoplacistas y sin efectos reales a mediano y largo plazo. El crimen urbano goza de muy buena salud, más del 70 % del territorio de Medellín, sin contar su amplio dominio en el resto del Valle de Aburrá, así lo demuestra. La comuna 10 es la muestra de que hay protuberantes fallas en la estrategia de seguridad que se implementó y nunca se redireccionó. La inteligencia no fue eficiente, el crimen urbano cogobierna tranquilamente a pesar de los golpes recibidos.

En la realidad urbana las estructuras paramafiosas de la Oficina del Valle de Aburrá, las AGC, las bandas que trabajan para ellas y las independientes siguen funcionando, ganando mucho dinero, controlando los territorios y a las comunidades que los habitan. Cien días después, a pesar de la fuerte ofensiva desatada por la Meval, eso queda suficientemente claro y es lamentable para la ciudadanía y para la institucionalidad.

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