Bojayá (Colombia), 8 mayo de 2022.- Desde que se zarpa del puerto fluvial en Quibdó se siente la zozobra; los paramilitares controlan el río Atrato y sin su permiso no se puede navegar ni hacer casi ninguna actividad y para que nadie lo olvide han pintado sus iniciales en los muros poblados ribereños.
A tan solo 15 minutos de Quibdó, capital del departamento colombiano del Chocó (oeste) se lee: «AGC», siglas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidas como Clan del Golfo, y la gente comenta en voz baja que tiene miedo porque los paramilitares están en los caseríos.
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«El departamento del Chocó vive una encrucijada y una crisis humanitaria tremendamente grave», dice a Efe Leiner Palacios, miembro de la Comisión de la Verdad y sobreviviente de la masacre de Bojayá, perpetrada por la guerrilla de las FARC en 2002 y una de las más cruentas del conflicto armado colombiano.
Desde Bojayá, donde el pasado 2 de mayo se conmemoraron 20 años de esa matanza que dejó cerca de un centenar de muertos, entre ellos 48 menores de edad, Palacios denuncia que «la seguridad se ha deteriorado terriblemente» así como «la presencia de las Fuerzas Militares por el afluente del Atrato en connivencia completa y total con los grupos armados, con las AGC».
«Esa connivencia se expresa precisamente en que (los militares) no hacen operaciones para restringir la movilidad de estos grupos armados ilegales», por lo que Palacios se pregunta: «¿Cómo entender que todas las casas de estos pueblos estén marcadas? ¿Dónde está la fuerza pública haciendo su deber?».
DROGAS Y NARCOTRÁFICO
Palacios señala que «el narcotráfico sigue moviéndose por estos territorios» y que «en Bojayá desde hace cuatro años no había ni una sola mata de coca» y hoy hay «varias hectáreas de coca sembradas», lo que atribuye a «los grupos armados con la anuencia de los militares que están en el territorio».
El comisionado, que había viajado a Bojayá por el aniversario de la masacre en la que perdió 32 familiares, se encontró con que la gente está alarmada con la nueva violencia.
«Me contaron de niños y niñas que han caído en la drogadicción y el alcoholismo y cómo empieza a proliferar ese fenómeno aquí», dice.
CONFLICTO Y POBREZA
Palacios relaciona el conflicto y el olvido del Estado con el incremento de la pobreza: «imagínese un campesino que ha sufrido en estos últimos 20 años seis desplazamientos o sea, estamos hablando que en seis ocasiones la actividad productiva que emprendió se vio truncada».
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Añade que en este momento más del 70 % de la población vive en confinamiento porque los grupos ilegales no les permiten ir a sus parcelas a cultivar y les restringen la pesca.
«Aquí no hay empresas, no hay entradas para la gente, la gente vive de la agricultura, de la pesca y cuando se suspenden esas actividades (…) eso la lleva a mayor empobrecimiento», manifiesta.
Para Palacios también está claro que el Estado invierte menos en el Chocó, pues «cuando el Estado hace una escuela aquí en otros lugares ha hecho cinco».
Los afrocolombianos del Chocó son mayoritariamente campesinos y pescadores que viven en casas palafíticas, en caseríos desperdigados por la selva, sin servicios públicos adecuados, sin carreteras y donde la única vía de comunicación son los ríos.
«No podemos decir lo que no es, siempre hemos estado abandonados; en el pueblo nunca ha habido alcantarillado, acueducto, nada», dice a Efe Faustino Flores Palacios, que tenía 12 años cuando ocurrió la masacre que también atribuye al olvido estatal «porque no había ley en el pueblo, no había policía, no había soldados».
GRUPOS ARMADOS
En la zona la gente vive amedrentada por los enfrentamientos entre las AGC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos que se disputan el control territorial y que, según el comisionado, «tienen a las comunidades totalmente sitiadas».
«La presencia del ELN es otro de los factores muy graves, el ELN está implementando minas antipersonales», dice.
Tampoco esconde su enojo y tristeza por las violaciones sexuales como arma de guerra y por el racismo, problemas que se creían acabados con la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016.
«Escuchar los niveles de violencia contra las mujeres indígenas ha sido tremendamente doloroso para mí (…) me contaron de niños y niñas que se han suicidado» para evitar que los grupos armados los recluten o los abusen.
Víctor Carpio, comisionado de derechos humanos de la mesa de diálogo y concertación de los pueblos indígenas del Chocó, dice que el suicidio de jóvenes ocurre a diario: «Hoy llevamos 150 jóvenes suicidados en los territorios».
VERDAD Y NO REPETICIÓN
Líderes de la comunidad subrayan la necesidad de esclarecer toda la verdad y conocer todos los responsables de la violencia durante el conflicto con las FARC, pues aseguran que la situación se está repitiendo.
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Durante la conmemoración de la matanza de Bojayá el obispo de Soacha (Cundinamarca), Juan Carlos Barreto, dijo: «Las organizaciones étnico territoriales y sociales, y también la iglesia, hemos advertido sobre la necesidad de que se investigue todo este avance de los grupos armados ilegales en el territorio» para que se investigue y sancione a los responsables.
Por su parte, la vicepresidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alexandra Sandoval, explicó que en ese tribunal están discutiendo si «el caso de Bojayá y la situación en Chocó pueden enmarcarse en alguno de los (macro) casos que ya se encuentran priorizados» y que son siete en total.
Si la JEP los incluye, Sandoval dice que «tocaría establecer los máximos responsables pertenecientes a todos los actores, no solamente a las FARC, sino a todos quienes pudieron estar involucrados» en la violencia.
Ricardo Maldonado Rozo
EFE
