Bogotá, 24 abril de 2021.- El vicepresidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Gilles Carbonnier, pide hacer «un esfuerzo regional» para que los migrantes que transitan por Suramérica y Centroamérica formen parte de los planes de vacunación contra la covid-19, ya que «son más vulnerables».
«Los migrantes, a veces, no pueden o no están registrados para la vacuna y son más vulnerables por el mismo hecho del desplazamiento sin tener dónde aislarse porque no están en sus casas. Se tiene que hacer un esfuerzo regional; es un desafío grande», consideró Carbonnier en una entrevista con Efe al finalizar su primera visita oficial a El Salvador, Honduras y Colombia.
Latinoamérica vive una tercera ola de la pandemia que, en países como Colombia,
Uruguay y Argentina, está siendo mucho más violenta que las anteriores, mientras que las campañas de vacunación avanzan lentas y las vacunas llegan a cuenta gotas al continente.
«Nosotros como movimiento internacional hemos hecho un llamado hasta en el Consejo de Seguridad (de la ONU) y a nivel diplomático global para que se haga una distribución equitativa a nivel mundial», aseguró el directivo suizo, quien también incidió en que este reparto equitativo se haga dentro de los propios países y que toda la población, incluida la más marginada como la desplazada o la que vive en prisiones, tenga acceso a las dosis.
HACIA UNA MAYOR PRESIÓN MIGRATORIA
Más allá de las muertes, que rozan ya casi las 900.000 en Latinoamérica (más de un tercio de ellas solo en Brasil), la pandemia ha golpeado duramente a la población y sus medios de vida.
«Cuando la gente no puede tener acceso a ingresos, a trabajo, por la misma crisis económica, eso aumenta la presión migratoria», argumenta el vicepresidente del CICR, quien no olvida que la seguridad en Centroamérica y el recrudecimiento del conflicto armado en Colombia «resulta en desplazamiento y posiblemente en migración».
Carbonnier subraya que «como Cruz Roja, no nos pertenece ni promover ni prohibir la migración, pero nosotros vemos que hay migrantes y que son muy vulnerables y tienen que ser protegidos y tratados con humanidad».
En este sentido, desde el CICR aplauden medidas como el Estatuto Temporal de Protección para migrantes venezolanos firmado en marzo por el presidente colombiano, Iván Duque, para regularizar la situación de casi dos millones de venezolanos en el país, y la ley de desplazados aprobada en 2020 por El Salvador.
«Con gente desplazada es muy importante poder ver si ellos pueden o no pueden regresar a sus hogares», dice Carbonnier, pues como sucede en muchas ocasiones, si no es posible regresar, se deben habilitar rutas para que la persona pueda decidir dónde reubicarse de forma segura y tenga medios de vida.
La migración sigue siendo un fenómeno masivo que preocupa al organismo humanitario, «sobre todo porque vemos que hay muchos niños y jóvenes que ahora van solos, sin estar acompañados, y tienen más riesgo».
«Las consecuencias humanitarias son muy serias y nosotros discutimos con las autoridades de todos los países involucrados para ver cómo se pueden disminuir esas consecuencias humanitarias y darle un trato humano a un fenómeno que está acá y no va a desaparecer», subraya.
EL PROBLEMA DE LA VIOLENCIA
Este año también disminuyó la tasa de homicidios en los dos países centroamericanos visitados, vinculado quizás a las cuarentenas y medidas contra la pandemia, pero que contrasta con el aumento de la violencia en varias partes de Colombia, donde el año pasado se registraron más asesinatos de líderes sociales y masacres.
El conflicto en el país andino, tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC en 2016, se ha atomizado, con la aparición de disidencias y la presencia de viejos conocidos como el ELN o la transformación de los paramilitares en bandas criminales como el Clan del Golfo.
«En la tendencia a la atomización, a la fragmentación de grupos, nosotros siempre tratamos de tener contacto bilateral y confidencial con cualquier actor armado que tiene un impacto sobre la población civil para que se respete el Derecho Internacional Humanitario, para que se respete la vida y la dignidad de los civiles que no participen en las hostilidades», incide.
Y en este contexto, señala: «las soluciones de conflicto necesitan un proceso y voluntad política, y necesitan también, después del proceso mismo, un proceso donde la gente afectada vea beneficios de la paz».
En el informe del 2020 sobre Colombia, el CICR alertó que el covid-19 agravó las consecuencias de los conflictos y la violencia en el país y, además de un aumento de las zonas donde hay artefactos explosivos como minas antipersonas o de los desaparecidos, subieron considerablemente los ataques a misiones médicas.
«Eso nos preocupa muchísimo», asegura Carbonnier, quien entiende que «por el miedo que resulta de la pandemia», familiares en zonas alejadas que acuden, quizás caminando durante horas, a un centro de salud precario donde puede ser que no les puedan atender, se pongan violentos con el personal o atenten contra el establecimiento.
«Hacemos un llamado y una campaña a la población en general y a todos los grupos y actores armados para que se eviten cualquier tipo de ataque y respeten las misiones médicas», afirmó el dirigente del CICR, quien achaca esos comportamientos al miedo causado por el virus y la falta de información.
No sabe, como nadie en el mundo, cuánto más vamos a convivir con la pandemia y la incertidumbre que causa, incluso con la financiación de organismos como el CICR, pero es consciente de que hay asuntos que es urgente no desatender como las campañas de vacunación infantiles de otras enfermedades que pueden ser fruto de futuras «pandemias que no pensábamos».
Irene Escudero
