Un gran número de colombianos respaldamos hoy al presidente Gustavo Petro en su política de seguridad y paz. Solo quienes se lucran del conflicto están en desacuerdo con esa iniciativa.
Los recientes hechos violentos no demuestran el poder de las estructuras armadas, sino su cobardía. El Estado debe persistir en los diálogos y lograr acuerdos que beneficien a todos, sin egocentrismos, con armonía, hasta la lograr la Paz Total.
Colombia, 22 marzo de 2023.- Ya el gobierno del presidente Gustavo Petro dio un primer paso en la búsqueda de la Paz Total con cinco estructuras armadas ilegales: decretar el “Cese al Fuego Bilateral y Temporal de carácter Nacional” entre las fuerzas armadas del Estado y esos grupos organizados, mediante diferentes decretos con vigencia entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año 2023.
La Ley 418 de 1997 (modificada por la Ley 2272 de 2022) es conocida como la Ley de la Paz Total, la cual define una política estatal que preserva y garantiza la seguridad de los colombianos, mediante la solución definitiva del conflicto armado en el país. La norma creó una Comisión conformada por el MinDefensa, el Alto Comisionado de Paz y el Director Nacional de Inteligencia, encargada de calificar el tipo de organizaciones con las que se entablarán diálogos políticos y de acogimiento a la justicia.
El cese al fuego incluye a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-, al Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central y a las Autodefensas de la Sierra Nevada.
Sin embargo, transcurridos tres días después del anuncio oficial, se registró el primer traspié en ese camino arduo hacia la paz: el ELN aseguró que esa decisión no fue concertada con esa guerrilla y, en consecuencia, negó haber iniciado un cese bilateral con el Gobierno. Desde el 21 de noviembre de 2022, el ELN y el Gobierno iniciaron un nuevo ciclo de Diálogos de Paz en México y en la mesa no se dijo nada de este cese, según Pablo Beltrán, comandante de ese grupo insurgente. El 4 de enero de 2023 el Gobierno suspendió el cese al fuego con el ELN.
Las AGC, por su parte, aceptaron la invitación oficial y se sumaron a la iniciativa unilateral de un cese al fuego bilateral. Sin embargo, el viernes 13 de enero de 2023, dos semanas después del anuncio, el Estado Mayor de las AGC afirmó que el Gobierno estaba irrespetando el cese al fuego, pues continuaban los ataques a sus estructuras y las capturas a sus integrantes.
“El 12 de enero, en el municipio de Norosí (Bolívar), vereda Buena Seña, el Gaula dio muerte a Juan Ángel Pinedas Cabra, cédula de ciudadanía 110405245, hiriendo de gravedad además a Rafael Jaime Caicedo, quienes se encontraban de civil y completamente desarmados”. Asimismo, también en el departamento de Bolívar, “el 8 de enero, en el municipio de Calamar, corregimiento Barranca Nueva, fueron capturados por la Policía Nacional Juan José Gaviria Rojas (conocido como Wuay), Edwin Fernando Valencia López (conocido como Ninja) y Erik Andrés Palencia Camacho (conocido como Morocho), quienes no portaban ninguna clase de armas ni de municiones, siendo trasladados al municipio de Turbaco, acusados del delito de tráfico, fabricación y porte de armas y/o municiones”.
El Gobierno Petro hizo de nuevo el llamado a las instituciones estatales para no perseguir, capturar o combatir a las AGC, pero la Fiscalía General de la Nación se negó a hacerlo. “La Fiscalía apoya la Paz Total, pero tiene que haber unos límites. Las AGC y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra son organizaciones criminales, que no tienen un carácter político”, dijo al respecto Francisco Barbosa, titular de ese ente, y añadió que no se levantarían las órdenes de captura contra 16 jefes paramilitares, nombrados como negociadores: ocho de las AGC y ocho de las ASN.
En la lista de las AGC está Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, líder de esa estructura -desde la captura del posteriormente extraditado alias Otoniel (Dairo Antonio Úsuga David aceptó cargos por narcotráfico el pasado 25 de enero ante una juez del distrito de Nueva York)- y quien es requerido por la justicia de los Estados Unidos. De otro lado, la lista de las ASN la encabeza el líder Fredy Castillo Carrillo, capturado en España en 2022.
La negativa de la Fiscalía llevó a que el 30 de enero de este año se reunieran el presidente Petro y el fiscal Barbosa. En el encuentro se concluyó que el Gobierno Nacional debía acudir a los jueces para levantar o suspender medidas de aseguramiento en casos relacionados con la justicia ordinaria y que, en cuanto a las órdenes de captura con fines de extradición, el ente acusador mantendría su decisión hasta que el Congreso apruebe la Ley de Sometimiento, norma en la que la Fiscalía participó en su diseño.
La referida Ley de Sujeción fue radicada en el Congreso por el Gobierno del presidente Petro este miércoles 15 de marzo de 2023. La norma no otorga estatus político a los grupos de delincuencia organizada que se acojan a la justicia, obliga a sus integrantes a identificarse, confesar sus delitos, pagar prisión por ellos y reparar a sus víctimas y no impide la extradición de quienes sean solicitados por la justicia de los EE. UU.
El segundo traspié
Un segundo tropiezo sufrió el proceso de seguridad y paz este 19 de marzo -tras el anuncio del presidente Petro de suspender el cese al fuego con las AGC- luego de una serie de sucesos violentos que iniciaron el pasado jueves 2 de marzo en las subregiones Nordeste y Bajo Cauca, en Antioquia.
En horas de la mañana de ese 2 de marzo, un grupo de uniformados de la Fuerza Pública destruyó cuatro dragas en el municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, que según el MinDefensa, Iván Velásquez Gómez, alimentaban las finanzas del “Clan del Golfo”. En realidad, el “Clan del Golfo” no existe. O sí, pero para las autoridades, los medios de comunicación y aquellas personas a quienes se les ha sembrado esa representación mental, ese objeto pensado, imaginario, un noúmeno, como diría Kant. En los territorios bajo su dominio los conocen como Urabeños, Gaitanistas o AGC, pero no como “Clan del Golfo”.
En abril de 2014, el entonces presidente Juan Manuel Santos le ordenó al director de la Policía, general José Roberto León Riaño, cambiar el nombre de los Urabeños -las autoridades acostumbran bautizar combos y bandidos- porque estigmatizaba a los habitantes de Urabá -que en realidad son urabaenses-.
Un año después, el general Rodolfo Palomino, como director de la Policía, pidió llamarlos “Clan Úsuga” (por orden del presidente Santos), por ser una banda conformada por la familia Úsuga David. Sin embargo, en junio de 2016, una señora habitante de Medellín, pidió al presidente Santos cambiar ese nombre, pues ella, así como más de veinte mil personas que llevan ese apellido en Colombia, enfrentaban problemas para ingresar a otro país o para solicitar una beca o simplemente porque son señalados en sociedad por llevar el apellido de una estructura criminal. Santos decidió entonces que los Urabeños se llamarían “Clan del Golfo”.
Entre tanto, los Urabeños, un grupo de disidentes de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, que se autodenominaban “Héroes de Castaño” desde el año 2006, cambiaron su nombre a “Gaitanistas”, pero no por referencia a Jorge Eliécer Gaitán, sino porque ese era el apellido de uno de sus comandantes, muerto en combates en el Nordeste antioqueño.
Más adelante, cuando quisieron participar en procesos de paz, aprovecharon su nombre para ampliarlo por “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, AGC, un grupo que ahora sí contaba con “ideales políticos” asociados al caudillo liberal, que les permitía sentarse a la mesa a dialogar con el Estado y desmovilizarse con garantías.
Los “Héroes de Castaño” estuvieron al mando de Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, quien administraba en San Pedro de Urabá los negocios narco que pertenecieron a su hermano Fredy Rendón, alias El Alemán, cuando lideró el Bloque Élmer Cárdenas de las AUC. Entre sus filas estuvieron los hermanos Úsuga David, Francisco Morela, alias el Negro Sarley y Roberto Vargas, alias Marcos Gavilán, con pasado por la guerrilla del EPL, que valga recordar, después del proceso de desmovilización que los incluía (en los años 90 en Urabá), pasaron a formar parte de las autodefensas.
Desde el 2008, empezaron a llamarse Gaitanistas. Con la captura de alias Don Mario en abril de 2009, los Gaitanistas fueron liderados por Juan de Dios Úsuga, alias Giovanni, y Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel. De ellos se supo en el país, porque en octubre de 2008 decretaron un paro armado en el Urabá antioqueño que colapsó toda la subregión.
Desde entonces, los paros armados son su más fuerte estrategia de presión. En 2010, con el Decreto 2374 (https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1443660), el Gobierno de turno calificó a los Gaitanistas (Urabeños) como una bacrim, organización de carácter multidelictivo, sin ideología, dedicada al narcotráfico, para lo cual realizaba alianzas con las Farc y el Eln.
Con esta descripción se justificó la persecución y combate a esta estructura, que dejó como saldo decenas de capturas y bajas de sus hombres. El segundo paro armado decretado por los Gaitanistas tuvo lugar el 1 de enero de 2012, un día después de que fuera abatido en el Chocó Juan de Dios Úsuga David, alias Giovanni. Esta vez, hombres armados de esa agrupación ordenaron cesar no solo en Antioquia, sino también en el Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba y Chocó.
Con la llegada al poder de Juan Manuel Santos se impulsaron una serie de negociaciones con la guerrilla de las FARC con miras a un eventual acuerdo paz. En noviembre de 2012 se instaló la Mesa de Conversaciones en La Habana, Cuba. También se hablaba de diálogos con el ELN. Todo ese ambiente de diálogos de paz, de amnistía, de perdón y olvido, contagió a los Gaitanistas, un grupo asociado simplemente al narcotráfico, a la extorsión, al homicidio.
La organización se empezó a llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia desde septiembre de 2013. Sus comandantes se reunieron en algún lugar de la selva chocoana y decidieron introducir una motivación política a su accionar, que estuviera caracterizada por una filosofía de lucha contra la corrupción y la politiquería, extraída del discurso del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán.
Para buscar reconocimiento como una agrupación con objetivos políticos, militares y sociales y no asociados al narcotráfico, se elaboraron estatutos y se ordenó en las zonas de influencia incluir la cátedra Gaitanista en la educación a sus militantes. Esa ideología, se impartió en sus escuelas de formación ubicadas en el Urabá chocoano. En la visión se podía leer que “las AGC serán en el 2018 un actor armado y político que buscará el diálogo con el Gobierno”, según pudieron conocer las autoridades tras incautar documentos a las AGC en desarrollo de la operación Agamenón.
Sin embargo, las AGC extendieron sus tentáculos a otros sectores del territorio nacional gracias a su estrategia de subcontratación. Por un lado querían someterse, pero por otro, expandir su negocio y su poder a otras zonas del país. Esa estructura tiene unos dos mil hombres en cerca de 120 municipios, principalmente en el Bajo Cauca, Nordeste y Urabá antioqueños, así como en Córdoba y Chocó. Pero tienen injerencia en otras regiones colombianas, gracias a las alianzas criminales que le han significado ocupar 322 municipios con más de cuatro mil hombres.
Decíamos que el proceso de seguridad y paz sufrió un segundo traspié este 19 de marzo, todo porque al Gobierno Petro se le acabó la paciencia que le tenía a las AGC y determinó darle fin al cese al fuego que decretó el 31 de diciembre pasado. Desde el 2 de marzo de 2023, mineros del Nordeste y el Bajo Cauca antioqueños decidieron protestar por la destrucción de cinco dragones o dragas brasileñas en El Bagre que, según las autoridades, eran de las AGC y estaban avaluadas en $7.500 millones. Policía y Ejército destruyeron esos cinco dragones brasileños que grupos armados ilegales utilizaban para sacar oro del río Nechí.
La maquinaria extraía mensualmente 1.500 gramos de oro (unos $3.600 millones). Hombres que llegaron de Brasil hace diez años (entre ellos José Antonio Cavalcante y José Sousa, capturados en 2014 en Caucasia) trajeron consigo las dragas o dragones, máquinas enormes que facilitan la extracción del oro de aluvión y la aceleración de la contaminación de ríos y la deforestación de miles de hectáreas de zonas verdes. Cuatro de esas máquinas fueron destruidas el 2 de marzo. Y ahí empezó la molestia de los mineros, que en el día más malo puede ganar, cada uno, cerca de $300.000.
Pero las AGC negaron esa información. También han negado que los bloqueos, la quema de vehículos, el ataque a la misión médica y toda la espiral de violencia que ha sido protagonista en las últimas semanas en esas dos subregiones sean de su autoría. De hecho, culpan al ELN y a las disidencias de las Farc de cometer esos actos atroces.
“El Estado Mayor de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC, con respecto a la grave situación de orden público que se vive en el Bajo Cauca con ocasión del paro minero, se permite informar a la opinión pública que no estamos impulsando ni apoyando en modo alguno el paro que adelantan pequeños mineros en toda la zona del Bajo Cauca, el sur de Córdoba y el nordeste Antioqueño… Rechazamos los actos de violencia que han cometido algunos participantes del paro, como la destrucción de vehículos de carga y sobre todo, el ataque que han sufrido varias ambulancias que transportaban enfermos en delicado estado de salud… De manera facilista, se recurre por parte de las autoridades del Estado a acusarnos falsamente de ser los responsables de tantos desafueros, sin que haya una investigación independiente que así lo establezca… No somos las Autodefensas Gaitanistas los que hemos roto el cese al fuego que hemos cumplido a cabalidad. Como en todo proceso, existen fuerzas oscuras interesadas en torpedear todos los esfuerzos que se hacen por la paz. Nuestros informes de inteligencia señalan inclusive a las guerrillas del ELN y las disidencias de las Farc de estar participando activamente, especialmente con amenazas generalizadas y vandalismo…”.
Desde el 2 de marzo, los bloqueos han impedido que ingresen alimentos, suministros médicos, agropecuarios, gas, etc. Inclusive por un par de días se impidió la entrada y salida de personas. También fueron incinerados siete camiones, dos buses y una ambulancia. La región está sumida en una crisis y hay gente aguantando hambre. Entre las 6 p.m. del viernes 10 de marzo, hasta las 6 a.m. del sábado 11 de marzo, se decretó un toque de queda en Caucasia, Cáceres, Nechí, Tarazá, El Bagre y Zaragoza (Bajo Cauca); y Yalí, Vegachí, Remedios, Segovia y Yolombó (Nordeste), También en Valdivia. Sin embargo, la situación no cambió. O sí, porque empeoró. Las autoridades reportaron que tres personas han muerto debido a los bloqueos. Davinson Mira, de 12 años, murió porque no pudo ser trasladado al hospital de Yolombó, un motociclista falleció en Cáceres al chocar contra un árbol y un hombre murió en el hospital de Caucasia luego de resultar herido en un ataque a la estación de Policía de Jardín de Tamaná.
Este fin de semana la Fuerza Pública intervino, facilitando el levantamiento de los bloqueos, permitiendo el ingreso de camiones con comida. Sin embargo, no hay plata con qué comprar. Los voceros del sector minero aseguran que el paro continúa y que este martes 21 de marzo realizarán más bloqueos.
Presidente Petro suspende el cese al fuego con las AGC
Varios camiones que transitaban entre Tarazá y Valdivia, en Antioquia, fueron quemados por integrantes de estructuras armadas. El gobernador Aníbal Gaviria indicó que fueron cuatro camiones y dos buses de la empresa Coonorte. Unidades de la Policía de Carreteras y del Departamento de Policía Antioquia, que acudieron al lugar este domingo 19 de marzo, fueron recibidas a balazos desde la montaña. Esta situación indignó al presidente Gustavo Petro, quien ordenó la suspensión del cese al fuego con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, y el despliegue de la Fuerza Pública en las subregiones afectadas por el paro minero.
“El ataque con fusil a la Fuerza disponible de la Policía por parte del Clan del Golfo rompe el cese al fuego”, manifestó el presidente Petro, quien subrayó que “la Fuerza Pública debe actuar de inmediato contra las estructuras de la organización mafiosa”. Asimismo, agregó, “he ordenado a la Fuerza Pública reactivar todas las operaciones militares contra el Clan del Golfo. Se suspende el cese bilateral con este grupo al margen de la ley. No permitiremos que sigan sembrando zozobra y terror en las comunidades”, advirtió.
Ya ocho días antes, el presidente Petro expresó su inconformidad con las acciones que, según le informaron sus hombres de inteligencia, son autoría de las AGC.
A su turno, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, rechazó los actos de violencia que se vienen presentando en el Bajo Cauca antioqueño y aseguró que no tiene ninguna duda sobre la autoría de los mismos, atribuyéndola al “Clan del Golfo”. Igualmente, el ministro invitó a los conductores y transportadores a que se sumen a las caravanas programadas, mismas que cuentan con el acompañamiento de las Fuerzas Militares y de Policía.
Por su parte, el director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria, señaló que los operativos se enfocarán en las subestructuras Jorge Iván Arboleda Garcés, comandada por alias Marcos; y la Oldar Cardona Correa, liderada por alias Chirimoya. En la zona hay más de 10 mil efectivos de las Fuerzas Militares y Policía y de ser necesario, según las autoridades, esta presencia se incrementará.
La tregua con las AGC duró 78 días, entre el 1 de enero y el 19 de marzo de 2023.
El Estado no ha podido, a sangre y fuego, acabar ni con el ELN ni con las AGC
Tras el anuncio del presidente Petro, las dos agrupaciones armadas con mayor presencia y poder en el país se quedan sin decreto de cese al fuego. No obstante, con el ELN se adelantan conversaciones en México, y con las AGC se deben iniciar diálogos prontamente, puesto que a estas estructuras se les deben entregar opciones, salidas legales que permitan romper con el ciclo de violencia que afecta a las poblaciones en las que tienen injerencia. El ejemplo más claro es lo que ocurre actualmente en las subregiones del Bajo Cauca, el Nordeste y el Norte antioqueños.
La captura del líder histórico de las AGC, Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, en octubre de 2021 en Necoclí, y su posterior extradición a los EE. UU., en mayo de 2022, fue considerada la segunda más importante después de la caída de Pablo Escobar en 1993, y el golpe más duro dado al narcotráfico en este siglo en Colombia, según manifestó el entonces presidente Iván Duque (https://www.semana.com/nacion/articulo/el-clan-del-golfo-llego-a-su-final-presidente-ivan-duque/202130/).
El expresidente se atrevió a decir, inclusive, que era el fin del “Clan del Golfo”, pero nada más alejado de la realidad. La captura de alias Otoniel no afectó a ese grupo armado organizado. Las AGC, al mando de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo -quien habría asesinado al segundo líder de la estructura, Wilmer Antonio Giraldo Quiroz, alias Siopas, el pasado 1 de marzo en Dadeiba, Antioquia-, tienen presencia en 28 países de 4 continentes, según lo ha indicado la misma Policía Nacional (https://www.policia.gov.co/noticia/lucha-desarticular-tentaculos-del-narcotrafico-del-clan-del-golfo-que-se-extienden-28-paises).
Esa institución asegura que concentró sus capacidades operacionales en desarticular a esta estructura cuyos tentáculos han llegado hasta Estados Unidos, México, Honduras, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Brasil, Guatemala, Nicaragua, Venezuela y El Salvador (América); Bélgica, España, Países Bajos, Alemania, Francia, Portugal, Polonia, Grecia, Irlanda, Inglaterra, Italia, Albania y Ucrania (Europa); Irán, Emiratos Árabes Unidos y China (Asia); y Australia (Oceanía).
Entre sus principales socios estarían los carteles de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa (México); las mafias Calabresa y Siciliana y redes de narcotráfico de Los Balcanes (Europa), que a su vez surten a países del Medio Oriente y Asia (Irán, Emiratos Árabes Unidos y China).
Las AGC han mantenido su dinámica expansiva a pesar de los golpes propinados por las autoridades, un crecimiento similar al que tuvieron las AUC, que les ha permitido llegar a 322 de los 1.104 municipios que tiene Colombia, lo que equivale a una presencia en el 29 % del territorio nacional. Significa esto que un acuerdo de paz con las AGC llevaría tranquilidad a cerca de 22 millones de personas en el país que sufren con las acciones de este grupo armado ilegal (https://analisisurbano.org/la-paz-con-las-agc-aliviaria-la-violencia-en-322-ciudades-de-colombia/263806/).
Cese al fuego con comisión de verificación y monitoreo
A las AGC y al ELN les decimos: no es necesario demostrar poderío mediante la violencia y las acciones terroristas contra la comunidad y la Fuerza Pública, háganlo evidenciando capacidad para dialogar. Ya sabemos que son fuertes. Por el contrario, las acciones violentas en contra de la población indefensa solo demuestran cobardía.
Al Gobierno del presidente Gustavo Petro le pedimos que no desista en esta tarea por alcanzar la paz, que regrese el cese al fuego y de hostilidades, pero uno que incluya una Comisión de Verificación y Monitoreo, mecanismo que esté integrado por observadores de las partes y de la comunidad internacional.
Inteligencia del Estado todo el tiempo atribuyó las acciones violentas en el Bajo Cauca a las AGC, mientras que estas lo desmintieron todo el tiempo mediante boletines. Entonces, para que no haya dudas y aumente la confianza, que se conforme la Comisión y, en todo caso, que no se interrumpa el diálogo.
Asimismo, solicitamos al Gobierno que se dé comienzo a las mesas de negociación, para que se avance en la búsqueda de la paz que tanto necesitamos los colombianos. El pasado 15 de marzo el Gobierno radicó en el Congreso un proyecto de ley conocido previamente como la Ley de Sometimiento, que está dirigido a estructuras que delinquen principalmente en las zonas urbanas.
La ONG Corpades y su agencia de prensa Análisis Urbano conoció que el Gobierno del presidente Gustavo Petro adelanta conversaciones desde noviembre del 2022 con doce grupos armados ilegales del Valle de Aburrá, la mayoría pertenecientes a la Oficina del Valle de Aburrá, igualmente con otros dos grupos que se consideran independientes.
Aplaudimos que las estructuras armadas del Valle de Aburrá se sumen a la Paz Total y exhortamos al Gobierno para que no se cometan con estos actores los mismos errores que en otros procesos. El ánimo por alcanzar la Paz Total debe continuar.
A.U.
