“H. p. Te vas a morir por sapo”. Ese fue el mensaje que recibió un alto oficial de la Inspección de la Policía Nacional, el lunes pasado, cuando le estaba haciendo entrega oficial a la Procuraduría General de cinco casos sensibles sobre posible corrupción en dependencias claves de la institución.
A pesar de la gravedad del episodio y de que fue denunciado de inmediato a las autoridades, se intentó manejar con un bajo perfil, para evitar que la Policía –cuestionada recientemente por operaciones puntuales del Esmad y del manejo en movilizaciones sociales– quedara de nuevo expuesta.
Pero lo ocurrido llegó a oídos del presidente Iván Duque. Además, el mandatario se acababa de enterar de que tras un fuerte altercado, el director de la institución, general Óscar Atehortúa, había enviado a vacaciones forzosas, de 402 días, a la cabeza de la Inspección de la Policía, el general William René Salamanca.
La pelea entre los generales –los más antiguos– se filtró rápidamente a la prensa, al igual que explosivos detalles de las investigaciones, dejando ver una tormenta interna en un cuerpo clave para la seguridad y estabilidad del país.
El periódico El Tiempo reveló en exclusiva que hay evidencia de un presunto fraude en el cobro de horas de vuelo de pilotos antinarcóticos y la complicidad de uniformados en el trasiego de coca en ‘narcojets’ y en puertos. Además, un detrimento por 18.000 millones de pesos en la construcción de 111 casas fiscales, que ahora salpica a Wilman Muñoz, el exfuncionario de la Universidad Distrital, preso por corrupción.
Pulso por el poder
Y reporteros del periódico El Tiempo obtuvieron evidencia de que ahora se indaga un fondo reservado, de 30.000 millones de pesos: verifican si parte del dinero, de convenios interinstitucionales, se ha usado para otros fines.
También se estableció que hay al menos 12 investigaciones en curso, diferentes a las que tiene la Procuraduría. Pero en todas aparecen mencionados miembros de la cúpula.
El propio Fernando Carrillo llamó a Duque para hablar del tema. Por eso, en plena Navidad y mientras efectuaba movimientos de ajedrez para reacomodar su gabinete y la comandancia del Ejército, el Presidente decidió intervenir.
Aunque el general Atehortúa acusó a Salamanca de ocultarle información, de montar un grupo de inteligencia a sus espaldas y de faltarle al respeto, Duque ordenó su reintegro.
Además, dio la instrucción para que las investigaciones de la Inspección –que venían de la administración del general Jorge Luis Vargas (hoy encargado de la Seguridad Ciudadana)– llegaran hasta el final.
Y le pidió a su ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que citara a una cumbre de oficiales para que explicaran qué está ocurriendo en las entrañas de una institución clave en temas como la erradicación de cultivos y la inteligencia.
De hecho, les exigió que convocaran una rueda de prensa.
Siguiendo las instrucciones presidenciales, 18 generales en uniforme número 4 salieron el jueves a dar un parte de tranquilidad. “Tenemos las puertas abiertas para enfrentar y frenar hechos de corrupción (…). Toda la cúpula queda ratificada”, dijo de manera tajante el general Atehortúa.
Pero fuentes de la Policía aseguran que la tensión continúa y que es claro que hay una puja interna para definir la línea de poder y sucesión de mando: “Todo estaba listo para que se aceptara la baja del general Gustavo Moreno, subdirector de la Policía. Si eso pasaba, ascendía el general Jorge Luis Vargas y Salamanca quedaba fuera, a pesar de tener la misma antigüedad del director. Y en la línea siguen Hoover Penilla, Álvaro Pico y Jorge Ramírez”.
Y añadieron que una pelea de ese tenor solo se vio en 2002. Ese año, el presidente Álvaro Uribe ordenó el reintegro del general Teodoro Campo, en calidad de director, tras descubrirse la pérdida de dos millones de dólares de ayuda de Estados Unidos a Antinarcóticos. Sin embargo, recordaron cómo, ya en la era Santos, el general Rodolfo Palomino tuvo que salir de la dirección, tras infundadas acusaciones de liderar la ‘comunidad del anillo’, una supuesta red de prostitución enquistada en la Policía.
Simuladores y coca
Pero más allá del pulso de poder –que Duque resolverá el próximo año–, la preocupación se centra en los presuntos actos de corrupción.
Hasta ahora se sabe que hay oficiales que cobran incluso por horas de vuelo en simuladores, y que aparecen como pilotos y copilotos en las mismas misiones antinarcóticos.
Uno solo de ellos está cobrando 400 horas en un solo día e itinerarios que datan de 1996.
Pero el tema de la supuesta complicidad en narcoenvíos que salen por puertos aéreos y marítimos es lo más grave.
Un inspector de El Dorado fue grabado ingresando un cinturón de coca y cargando a una mula en un baño. Y otro más admitió que omitió revisar el famoso ‘narcojet’ que salió con media tonelada de droga hacia Londres, en 2018.
Además, otros oficiales que no pasaron la prueba de confiabilidad del polígrafo fueron reubicados, en una especie de carrusel. A eso se une una clara mengua en la contrainteligencia, con el desmantelamiento de poligrafistas entrenados incluso por la DEA. Detrás de su traslado está un oficial de contrainteligencia, conocido como el ‘diablo’, que asegura tener línea con el director.
“Sabemos que está en la mira de la Fiscalía por pagos de recompensas y manejo de gastos reservados”, dijo una fuente.
Luego de que el periódico El Tiempo reveló la existencia del oficial, el general Atehortúa advirtió que él no trabajaba con ‘diablos’.
Por ahora, el oficial amenazado –uno de los infiltrados en el Bronx, que por su excelencia pasó al grupo élite que Vargas le heredó a Salamanca– recibe protección especial.
Y se espera que la Procuraduría tome decisiones antes de marzo de 2020. Para ese mes, la oposición anunció un debate de control político para que Gobierno y Policía rindan cuentas sobre esta nueva tormenta.
Preso por corrupción en la Distrital auditó polémica obra
El presunto detrimento por 18.000 millones de pesos en 111 casas fiscales es uno de los capítulos gruesos que se investiga dentro del nuevo escándalo que sacude a la Policía, y a este se le acaba de sumar un polémico ingrediente.
El periódico El Tiempo estableció que el exfuncionario de la Universidad Distrital Wilman Muñoz –preso por un desfalco por más de 11.000 millones de pesos– tuvo incidencia en la interventoría de una de las obras.
Según documentos en manos de este diario, Muñoz fue el coordinador a cargo del contrato 143-5, del 15 de diciembre de 2011, para realizar la interventoría del Complejo de Viviendas de la Policía en San Luis, Tolima.
El contrato se suscribió por 281 millones de pesos, por 8 meses y 15 días, y estuvo a cargo de una de las unidades de extensión a la que pertenecía Muñoz.
Ese complejo de viviendas es parte del proyecto de construcción de más de 100 casas –por 117.000 millones de pesos– en la Escuela Internacional del uso de la Fuerza Policial para la Paz (Cenop), que se indaga.
Se investiga si es cierto que la construcción arrancó sin la entrega de diseños aprobados y sin licencias para servicios públicos.
De hecho, una vez construida la primera etapa del proyecto, en la que hubo casas entregadas sin servicios de alcantarillado, energía y gas, se aprobó la construcción de la segunda.
Y hubo otra polémica: la construcción de un puente que conectará San Luis con Gualanday, Tolima, del cual sus promotores dicen que se beneficiarán las casas del Cenop, hoy aisladas.
Pero la Asociación de usuarios del distrito de adecuación de tierras de los ríos Coello y Cucuana (Usocoello), el encargado de administrar el uso de los suelos en esa región, se le atravesó a la obra con el argumento de que podría causar serias afectaciones al río Coello.
Sin embargo, Ernesto Cuero Portela, el alcalde del municipio vecino de Coello, dijo a medios locales que se socializaron los diseños en terreno, con el fin de corroborar que el puente no iba a afectar el río. Las obras del puente comenzaron el pasado 15 de noviembre y las poblaciones aledañas, al igual que el Cenop, están atentos a su desarrollo.
Correo e investigados
Documentos que señalan que el 70 por ciento del complejo residencial está inhabilitado, a pesar de que un alto oficial lo recibió a satisfacción.
De hecho, cuando la Inspección fue a chequear el lugar, la propia Policía les manifestó que no respondían por su seguridad. Ahora se indaga si es cierto –como lo indica una denuncia– que el Fondo Rotatorio y Bienestar Social de la Policía dispusieron de fondos para arreglar las obras.
Lo que sí es claro es que hay preocupación en la cúpula. Hay un correo en el que un abogado le escribe a uno de sus miembros: “General, he verificado el tema y sí hay salidas jurídicas”.
La Procuraduría ya estuvo en terreno, y si bien uno de los contratos habría quedado por fuera de su órbita (por caducidad), indaga desde la adjudicación .
“No hay manejo de aguas residuales, ni la piscina de la casa del comandante sirve. Y a una de las habitantes le cayó material en la cabeza. Las están rentando hasta por cien mil pesos”, narró una de las personas presentes en una de las visitas.
Tomado de El Tiempo
