¿Hay civiles en Medellín al lado del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) disparando a las personas que se movilizan? Al parecer sí.
El pasado 3 de julio se realizó en la ciudad una marcha de antorchas para rechazar el abuso sexual del que fue víctima una mejor de 15 años en medio de las protestas. Ese mismo día los manifestantes denunciaron que mientras hacían su recorrido por la comuna 3, Manrique, recibieron disparos de algunos hombres que presuntamente eran cuidados por la Polícia Nacional.
“Ese día estuvo tenso por ratos, pero la marcha continuaba porque queríamos llegar al final del recorrido. En la 45 nos encontramos al Esmad y supuestamente nos dejarían pasar y eso fue puro cuento, apenas estábamos frente a frente nos atacaron. Como a la media hora de enfrentamientos un man aprovechó que había mucho humo y gas para disparar, después de eso se encaleto en el ESMAD”, afirman desde la Primera Línea de Aburrá.
El Proceso Social de Garantías para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos -PSG- alertó a las autoridades y a la ciudadanía en general sobre ese tipo de actos que ponen en riesgo la vida de las personas que ejercen su derecho a la movilización social.
Asímismo, se conocieron vídeos y fotografías que dejan en evidencia a un hombre con buzo de color oscuro y jean blanco, el cual se ubica al lado de un integrante del ESMAD y durante el enfrentamiento presuntamente dispara. Esa misma persona se ve en varios momentos junto a los uniformados, de hecho, en la denuncia pública que hace el PSG se ve al policía de placas 131623 con ese personaje.
Una de las personas con las que hablamos que por motivos de seguridad pidió reservar su nombre, también nos informó que cuando sonaron los primeros disparos decidieron retirarse, pero mientras bajaban de la comuna otros dos hombres en una moto les hicieron 5 tiros más.
Tiros que también denunciaron los manifestantes y las organizaciones sociales, por ello, hasta el día de hoy aún se preguntan ¿por qué la policía permitió esos actos?
“Nosotros todavía estamos consternados, preocupados, porque la policía que es la entidad encargada de garantizar la vida y el derecho a la protesta, está ejerciendo todo tipo de violencias contra las personas que se manifiestan. Eso lo hacen y queda en la impunidad porque no conocemos realmente sanciones serias, contundentes para tratar de identificar quiénes son los que atacan la manifestación. También nos preocupa que civiles dispararon y no existió una intención de la polícia por capturar a quienes atentaron contra la vida de las personas en Manrique”, menciona Óscar Yesid Zapata, integrante del Proceso Social de Garantías -PSG.
Ante esas denuncias, lo único que dijo el comandante de la policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el general Pablo Ruiz, es que ordenó una investigación para esclarecer los hechos.
Sí, otra investigación para la policía en Medellín por presuntamente violar los derechos humanos en la ciudad.
Asimismo, la alcaldía dijo que desde el Puesto de Mando Unificado -PMU- establecieron que los disparos provinieron de la parte alta del barrio y el ESMAD estaba a varias cuadras. Sin embargo los vídeos que presentó el PSG muestran lo contrario.
Esos momentos de tensión también se han vivido en ciudades como Cali. El 9 de mayo se conocieron vídeos de civiles armados que eran cuidados por la policía mientras atacaban a la Minga Indigena. Hecho que dejó 10 personas heridas.
Por otra parte, es necesario establecer que esos ataques de los grupos armados en Medellín a los manifestantes en medio de este Paro Nacional, no solo se presentan en una comuna como Manrique, según Zapata, reciben denuncias de diferentes partes de la ciudad.
En Moravia, por ejemplo, la tensión es más fuerte porque este territorio se convirtió en el lugar donde los enfrentamientos entre el Esmad y los manifestantes son constantes.
“Cuando la marcha llega al Parque de la Resistencia, por lo regular el ESMAD nos acorrala, por eso tenemos que buscar formas de salir y la más fácil es llegar a Moravia, pero es muy complejo, allá no solo nos tenemos que cuidar de la policía, sino también de los tales muchachos del barrio, que nos sacan diciendo que van a dar bala por gamines, cuando lo único que buscamos es un lugar seguro para regresar a nuestras casas”, comenta una activista de Medellín.
De hecho, defensores de derechos humanos del territorio informaron que “les toca conversar con los grupos armados para que respeten la vida y entiendan el por qué la gente marcha”
Ante esas denuncias, Análisis Urbano preguntó sobre las medidas que se tomarán desde instituciones como la Policía del Valle de Aburrá para garantizar la vida en medio del Paro Nacional, pero no hubo respuesta.
Entonces, ¿Quién debe responder si las instituciones niegan la información?
Eso preocupa mucho a organizaciones como el Proceso Social de Garantías porque “probablemente la policía estaba coordinando el operativo en Manrique el pasado 3 de julio junto a un grupo armado”, afirma Zapata. Además, indica que al parecer en Medellín muchos civiles se están armando para atacar a la población que sale a manifestarse y no hay una respuesta institucional frente a ese tema.
“Justamente cuando las movilizaciones sociales se han reducido considerablemente aumentaron las amenazas contra las personas que participan en ellas, como si supieran quiénes son, dónde viven, qué hacen y eso demuestra que posiblemente hay factores de inteligencia armada tratando de establecer ubicaciones y de esa manera intentar desmovilizar la movilización social a como dé lugar”, expresa Zapata.
Esas acciones están en investigación, no hay otra respuesta por parte de las instituciones.
¿En Medellín quién gobierna? ¿El Estado o las bandas criminales?
En Medellín, el Estado hace muy poco o nada para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos en los territorios, eso lo refleja la Alerta Temprana 032 de 2020 de la Defensoría del Pueblo, la cual establece que sus habitantes están en riesgos inminentes de violación de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario por la presencia y accionar de grupos armados.
En la ciudad hay 350 combos delincuenciales, la mayoría mandados por unas 15 o 20 bandas criminales. Además, estos grupos son la autoridad en los barrios, los policías no tienen voz, ni voto en las zonas más periféricas. Cada combo tiene entre 15 y 45 miembros y la mayoría de sus integrantes son jóvenes. Se financian con la venta local de drogas; la extorsión; la prestación de servicios coercitivos como el cobro de deudas y los homicidios; y el monopolio de bienes legales como las arepas, los huevos o el licor. Es decir, cobran vacunas a los comerciantes del sector por cada negocio, eso lo dio a conocer la Universidad EAFIT en conjunto con la Universidad de Chicago e Innovación para acción sobre la pobreza, (IPA, por sus siglas en inglés) en el estudio Gobierno Criminal en Medellín.
“No nos puede negar el señor general, Pablo Ruíz que los combos gobiernan la ciudad, es decir, hay sitios donde la autoridad son los paras y eso lo tiene que tener muy claro. Nosotros creemos que hay una responsabilidad directa de él, porque no se han tomado las acciones pertinentes como institución”, indica Oscar Yesid Zapata.
Asimismo, las universidades afirman que no hay una apuesta para enfrentar esta problemática, ejemplo de ello es que hay bandas criminales que llevan más de 40 años gobernando los barrios de Medellín y aumentando su poder en otros territorios del Valle de Aburrá. Además, sostienen que llevar solo policías no acaba con el “gobierno criminal».
Contexto
Crimen urbano y Covid-19 no dan tregua en Medellín
De acuerdo con uno de los investigadores, en muchas ocasiones los combos actúan como intermediarios entre la comunidad y el Estado. Esto ocurre especialmente en barrios donde hay altos niveles de desconfianza hacia la institución. En estos casos, los funcionarios tienen dificultades para interactuar directamente con los residentes, por eso optan por hacer un puente con la banda criminal para llegar a la zona. Pero también hay casos en el abandono institucional es tan fuerte que ni la policía llega.
Entonces, ¿Quién manda en Medellín?
Ese estudio y la Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo, evidencian que en la ciudad persiste una estructura jerárquica de las bandas criminales altamente organizadas. Esas son las responsables de algunos de los más graves problemas de seguridad que enfrenta Medellín, por eso, queda claro que es una problemática con la que viven los ciudadanos y la cual aceptan y legitiman, por el abandono Estatal y la desconfianza que hay en las instituciones.
Por el momento, queda recordar que hay una preocupación muy fuerte en los manifestantes que dialogaron con Análisis Urbano, ya que tienen claro que la ciudad está llena de paracos y con lo sucedido en Manrique el 3 de julio y denunciado por el Proceso Social de Garantías “civiles disparando al lado del agentes del ESMAD” se preguntan ¿cómo podrán ejercer el derecho a la protesta si los combos atentan contra la vida, la integridad física ,psicológica y no hay respuesta institucional?
