Bogotá, 24 abril de 2024.- En los primeros 17 meses del Gobierno de Gustavo Petro se han restituido 71.000 hectáreas de tierras a víctimas de despojo y desplazamiento forzado en Colombia, lo que supone menos del 50 % de los últimos 17 meses del expresidente Iván Duque, durante el que se restituyeron 161.000 hectáreas, unas cifras presentadas este miércoles y que según organizaciones sociales ponen de manifiesto la necesidad de medidas de fondo para agilizar los procesos.
«Es muy lamentable que en el Gobierno del cambio, donde una de las principales propuestas era la Reforma Agraria Integral, tengamos estas cifras tan lamentables», consideró Nora Saldarriaga, la directora de la Fundación Forjando Futuros, que reveló las cifras.
En Colombia se considera que hay 6,5 millones de hectáreas de tierras despojadas por restituir, de las que en los 13 años desde la aprobación de la Ley de Víctimas solo se han devuelto un 10 %.
Aunque es cierto que son los jueces y no los gobiernos los encargados de devolver a las víctimas sus tierras, desde organizaciones como Forjando Futuro, que lleva años dedicándose a apoyar a las víctimas de despojo, lamentan que de seguir al ritmo actual -con 71.000 hectáreas restituidas a 2.250 familias en año y medio del gobierno de Petro- «se tardaría 109 años en cumplir la meta».
Restitución por vía administrativa
Y por ello, hicieron un llamado para «que haya un cambio en la ley», en palabras de Saldarriaga, y el Congreso apruebe un proyecto de ley que plantea que pueda ser la Unidad de Restitución de Tierras (URT) la que devuelva los títulos a las víctimas y campesinos cuando sobre el predio o el terreno no haya peticiones de terceros.
Es decir, que «si no hay terceros que se opongan» o tengan peticiones sobre el terreno que la víctima está pidiendo que le sea restituido, el proceso «se pueda hacer de manera expedita y no tengan que ir ante un juez».
Así se podría aligerar el trabajo que tienen los juzgados de tierras, donde se acumulan los casos incluso durante décadas haciendo que muchos demandantes incluso mueran esperando que les devuelvan sus terrenos.
«Nuestra investigación que el 72 % de estos casos (que están en los juzgados) no tienen oposición judicial; no existe un tercero reclamando derechos sobre el predio más allá de la víctima. Estos casos podrían ser restituidos perfectamente sin intervención de juez si se le otorga facultades a la URT», apuntó Ilhan Can, investigador de Forjando Futuros.
Y de esa manera, se podrían restituir hasta 3,6 millones de hectáreas, es decir, más de la mitad del total que queda por devolver; y más de 76.000 familias se verían beneficiadas con esta medida rápida.
Si no se toman acciones, alertaron las organizaciones sociales, el país seguirá ahondando el legado histórico que tiene en materia de resarcir a las víctimas de despojo y a quienes más sufrieron un conflicto que se sustenta en la tierra.
«No está siendo nada diferente la URT de Petro que la de los anteriores: es un escándalo político», consideró el director de la Fundación de Paz y Reconciliación (Pares), León Valencia.
Todo ello porque «hay un problema de fondo y la solución que se han presentado en todos estos años son ajustes de comas que no son soluciones de fondo», según Can, y esta solución de fondo pasa por apostar por la restitución administrativa ante la judicial.
EFE