Antioquia, Colombia, 23 enero de 2025.- Un reciente informe titulado «Margarita deshojando difuntos», elaborado por la Fundación Sumapaz, ha sacado a la luz una inquietante realidad sobre la actuación de la Procuraduría General de la Nación (PGN) en Antioquia. Según el documento, la violencia contra los defensores de derechos humanos en esta región no solo persiste, sino que se ha intensificado, evidenciando una preocupante crisis de inacción por parte de la institución.
Inacción bajo la dirección de Margarita Cabello Blanco
El informe critica la gestión de la procuradora Margarita Cabello Blanco, señalando que la PGN ha fallado en su deber constitucional de garantizar la protección de los derechos humanos. La ineficiencia en la supervisión de las actuaciones de los funcionarios públicos y el abandono en la protección de líderes sociales han dejado a esta población en un estado de vulnerabilidad extrema.
Antioquia, uno de los departamentos más afectados por la violencia, ha sido testigo de una alarmante escalada de ataques contra líderes sociales. En lugar de encontrar en la PGN un aliado en la defensa de sus derechos, los defensores han denunciado una falta de respuestas efectivas y una aparente indiferencia institucional ante las múltiples alertas emitidas.
Reformas urgentes para recuperar la confianza
La situación actual refleja la necesidad urgente de una reforma profunda en la Procuraduría General de la Nación, no solo en términos de su capacidad operativa, sino también en su compromiso con los principios constitucionales que rigen su actuación. La falta de resultados concretos en la protección de derechos humanos y la percepción de impunidad en casos emblemáticos han erosionado la confianza de la ciudadanía en esta institución.
El informe «Margarita deshojando difuntos» no solo expone el fracaso de la PGN en su misión, sino que también plantea preguntas fundamentales sobre el futuro de los derechos humanos en Antioquia y el papel que las instituciones estatales deben desempeñar para garantizar la seguridad y la dignidad de sus ciudadanos. Sin un cambio radical en el enfoque y la ejecución de sus funciones, la Procuraduría corre el riesgo de convertirse en un símbolo de la impunidad que perpetúa la violencia en el país.
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