Antioquia, Colombia, 15 febrero de 2022.- El pasado 11 de febrero del 2022, la Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente Antioqueño presentó ante la sociedad el informe Nuevos órdenes, viejas disputas, el cual expone la situación de violencia entre los años 2018-2021 que viene intensificándose en los diferentes municipios de la región; la fuerte presencia y el fortalecimiento de estructuras paramafiosas y otros grupos más pequeños que tiene azotada esta zona de Antioquia.
En el informe se menciona que esta subregión del Oriente se proyectó desde la década de 1960 para favorecer la industria, la construcción de proyectos minero energéticos, la minería, pero sin tener en cuenta el gran impacto ambiental, territorial y cultural a lo que eso conlleva.
El informe desnuda completamente lo mismo que desde CORPADES y el Portal de Noticias- Análisis Urbano- hemos denunciado: el perfeccionamiento de la presencia de las AGC, Clan Isaza, los llamados «Urbanos» en otras palabras, la llegada de organizaciones del crimen urbano como la Oficina del Valle de Aburrá, conocida como la Oficina de Envigado, además del accionar de grupos urbano-rurales como Los Pamplona, Los Triana, El Mesa y otros grupos ilegales que amplían su poder criminal en el oriente de Antioquia.
El informe advierte que algunos de estos grupos llevan más de 20 años controlando grandes zonas.
Este balance de la situación de derechos humanos y de presencia de actores armados da una puntada clave en el análisis, mientras las autoridades locales y departamentales entienden este fenómeno armado como una cuestión de microtráfico, las organizaciones sociales profundizan y develan que el control social realizado por los diferentes grupos es una de las estrategias clave en demostrar un fenómeno de cogobierno territorial como lo hacían los paramilitares de los 90.
Presencia paramafiosa año 2021
Como si fueran invisibles para las autoridades los grupos paramafiosos se toman con gran fuerza el territorio, esto no sería posible sin la omisión de un Estado que cada día pierde la confianza de la sociedad entera.
Hay un avance paramafiosos y urbanos sin un papel contundente de las autoridades por tratar de frenar ese poder que usa las armas contra la población.
Municipios con Presencia de Grupos Armados Ilegales en Oriente de Antioquia
El informe también revela que la disputa no solo es por el control de las economías ilícitas, también están el control social, el dominio político, el lavado de activos, la explotación sexual, la trata de personas, la prostitución infantil, el tráfico de sustancias de uso ilícito, la construcción laboratorios para el procesamiento de drogas, los proyectos extractivistas, la extorción, el reclutamiento de menores, el tráfico de estupefacientes.
En el balance de derechos humanos se tiene un reporte de 9 casos de líderes asesinados en el Oriente de Antioquia desde el año 2018, 6 amenazados, 4 desplazamientos forzados y un claro silenciamiento del movimiento social que no tiene la protección del Estado[1] y se deja en alerta una realidad sobre el peligro inminente sobre el movimiento social.
El caso más reciente fue el del Profesor Mario Palomino en el municipio del Carmen de Víboral. Mientras iba en bicicleta por una zona de ese municipio, sujetos armados acabaron con su vida.
[1] Observatorio del Nivel de riesgo a la labor de defensores, líderes y lideresas en Antioquia de la Fundación Sumapaz, Corporación Jurídica Libertad.
Mario Palomino iba en bicicleta por las calles de El Carmen de Viboral cuando lo balearon
Los homicidios selectivos en oriente
La Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente de Antioquia hace el análisis sobre el incremento en los homicidios en el oriente.
Tabla 2. Homicidios Vs Tasa (TPCCH) subregión de Oriente de Antioquia
Son preocupantes las cifras de homicidios. Entre los años 2018-2021 han ocurrido 559 homicidios en el oriente de Antioquia. Lo más preocupante es que al comparar los años 2019, 202, 2021 vemos que por tercer año consecutivo vienen en aumento las cifras.
Estos datos ponen en tela de juicio los planes de seguridad de los municipios y los consejos de seguridad de las diferentes alcaldías locales y la forma en que están asumiendo atacar el poder de los grupos paramafiosos.
En el informe se comparan las tasas de los años, 2018, 2019, 2020, 2021, cada una con 19, 20, 24,29 por cada cien mil habitantes respectivamente, todas están por encima de las tasas nacionales.
Al comparar la cantidad de homicidios entre los año 2018-2021, se halló que municipios con mayor número de casos son Rionegro reportaron 72 casos, El Carmen de Víboral 62 casos, Sonsón 51 casos, Guarne 43, Marinilla 39 y Peñol 34.
Las tasas de homicidios por cada cien mil habitante TPCCH para el año 2020 fueron para San Francisco (124 TPCCH), Argelia (75), Concepción (66), El Peñol (64), San Rafael (63), San Luis (55), San Carlos (49), El Carmen de Víboral (44), Guatapé (40), Alejandría (31), Cocorná (27), Abejorral (27),San Vicente (25), Santuario (22), Nariño (22), Sonsón (21) los que registran las tasas más altas.
Esa misma tasa pero para el año 2021 muestra para San Luis (128), San Rafael (86), San Francisco (82), Sonsón (80), El Peñol (64), San Carlos (62), Guatapé (59), La Unión (56), Cocorná (40), Nariño (38), San Vicente (31), El Carmen de Víboral (26), Argelia (25). Todas por encima de los datos nacionales.
Mal llamada «limpieza social» causa alarma en El Carmen de Viboral
En oriente también ocurrieron 2 masacres durante el año 2021. El 26 de Abril de 2021 en horas de la noche de domingo, en el municipio de Sonsón fueron asesinadas 3 personas entre las que se encontraba una menor de edad. La segunda masacre ocurrió en el municipio de San Rafael, 4 jóvenes artistas realizaban un ensayo musical fueron asesinados por hombres armados.
Van 12 masacres en Antioquia: cuatro jóvenes raperos fueron asesinados en San Rafael
Las desapariciones aumentaron un 135%. El año 2020 se reportaron 20 casos, pero en el 2021 fueron 47. En esta modalidad de violación a los derechos humanos, podría estar relacionada con la presencia de los grupos armados que están controlando la zona.
Tabla Desaparecidos 2018 al 30 de noviembre 2021 en oriente
Más desplazamientos
“Nuevos órdenes, viejas disputas” hace una relación a los recientes desplazamientos en el oriente. Este es un fenómeno de la violencia social que pasa desapercibido y que demuestra que están pasando situaciones graves contra los habitantes de los 23 municipios del oriente de Antioquia. El informe advierte sobre el subregistro porque muchas administraciones se niegan a entregar información.
Entre 2018-2021 recibieron mínimo 694, lo que nuevamente muestra una situación de crisis que se acrecienta y está invisibilizado por los mandatarios de turno.
Esta es la tabla de la cantidad de declaraciones por desplazamiento forzado 2021
De municipios como el Carmen de Víboral se conocen por lo menos (72 casos), Rionegro (55), Guarne (45), Marinilla (35), Cocorná (21), San Luis (17), La Ceja (15), Peñol (11), San Rafael (11) y sucesivamente.
El Covid-19 y el incremento en la violencia intrafamiliar
Violencia intrafamiliar se incrementó con la emergencia y el distanciamiento social provocado por la pandemia Covid-19.
Estas son las cifras
En los municipios de Rionegro (235), Guarne (84), El Carmen de Víboral (57), Sonsón (51), Cocorná (48), Marinilla (37), Santuario (36), San Vicente (34), La Ceja (30), El Retiro (24), San Luis (22), fue donde más casos se presentaron.
Así mismo, es necesario reconocer que una de las problemáticas denunciadas por todo el movimiento social y líderes ambientales, ha sido sin lugar a dudas, el voraz apetito de los intereses de las multinacionales por los recursos mineros e hídricos del oriente Antioqueño. Estos intereses coinciden con el exterminio de defensores de derechos humanos que son atacados por los actores armados del territorio.
El medio ambiente tiene más de 622 adversarios: 207 títulos mineros, 295 propuestas de contratos mineros, 55 títulos en trámite y 65 solicitudes de legalización.
Esta es la tabla de títulos y solicitudes mineras
La sed de las empresas minero energéticas por usufructuarse de los recursos naturales en los municipios del oriente, harán que perdamos más que la flora, la fauna, los paisajes, los ríos de una subregión en la que está en riesgo la vida misma.
Solo el municipio de Sonsón cuenta con 125 títulos y solicitudes, le siguen Abejorral 48, Rionegro 39, San Luis 39, San Vicente 34, Nariño 30, Concepción 29, Argelia 28, El Carmen de Víboral 27, Cocorná 26, Guarne 24, San Francisco 23.
La expropiación disimulada de los predios para la construcción de la segunda pista del Aeropuerto en Rionegro
Para la construcción de la segunda pista del aeropuerto José María Córdova, vía decretos municipales se han desvalorizado los terrenos que van a ser afectados, esto para facilitar la compra de las multinacionales que intervendrán las obras. Las estrategias usadas para la construcción de la segunda pista, podrían ser una forma tácita para expulsar a más de 1.700 habitantes de la vereda Abreíto y otras cercanas.
El impacto ambiental generado por la construcción de este aeropuerto ha sido denunciado por varias personas de la sociedad civil, sin embargo, no existe un Ministerio Publico que defienda de manera constitucional los derechos de estas personas.
En la zona de construcción de la segunda pista hay más de 1600 afluentes de agua, especies nativas que serán exterminado por la tecnocracia y el interés de los sectores poderosos.
A manera de conclusión del informe
El análisis elaborado en el informe sobre la situación de derechos humanos para los municipios del oriente antioqueño, está cargado en clave de denuncia de la sociedad civil, en la que piden a gritos que el Ministerio Publico tome nota para proteger los derechos de todas estas comunidades.
La sociedad civil recogida en ese informe hace un llamado de urgencia al Presidente de la Republica, El Gobernador de Antioquia, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, La Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, personeros municipales y alcaldes, para que cumplan con los mandatos constitucionales que juramentaron, que protejan la vida por encima de cualquier cosa, que brinden garantías para las comunidades; de no hacerlo, serán responsable de que los “Nuevos órdenes, viejas disputas” sigan siendo parte del paisaje.
