El proceso que viene en el caso de Javier Ordóñez

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Datos preliminares evidencian que la muerte del abogado Javier Ordóñez se dio por politraumatismos generados por armas contundentes. En las puertas de Medicina Legal, su familia confirmó que el cuerpo tenía nueve fracturas en el cráneo, lesiones en las costillas y el hígado reventado. Se presume que estas heridas las sufrió durante su traslado al CAI del barrio Villa Luz.

Junto a estos datos se han conocido otros detalles de lo que pasó la noche del jueves 9 de septiembre. Vadith Gómez, abogado de la familia de la víctima, indica que en un segundo video, grabado por una de las personas que estaba con Ordóñez, se ve cómo alrededor de la escena no se desarrolla ninguna riña, como inicialmente se había dicho, pues solo estaban los dos hombres que grabaron, una persona que pasa en bicicleta y una cuarta, que desde lejos ve lo que ocurre.

Sumado a esto estarían los videos de las cámaras de seguridad de la zona, testimonios de doce personas, entre ellas patrulleros que habrían indicado qué ocurrió dentro del CAI, así como el relato de uno de los amigos que lo acompañaban en el momento, quien asegura que uno de los policías le indicó a Ordóñez que “de esta no se salvaba”. Finalmente hay imágenes del cuerpo, que Gómez asegura son evidencia de los actos de tortura y que esperan entregar a la Fiscalía.

Por estos hechos, el pasado miércoles, la Fiscalía anunció que asumiría la investigación, mientras que la Policía informó que los dos policías inicialmente involucrados serían retirados de los puestos de vigilancia y enviados a la parte administrativa. Además, que se había enviado el caso a la Justicia Penal Militar y el Juzgado 143 de instrucción penal militar había abocado conocimiento.

Pese a ello el fiscal general, Francisco Barbosa, aseveró que el ente acusador continuaría con la investigación y estaría al mando de la dirección de derechos humanos, pues tras recopilar los testimonios de siete personas y videos de cámaras de seguridad, se estaría frente a una violación de derechos humanos y, por consiguiente, no podría ser juzgado como un acto del servicio.

A la par, mientras el general Gustavo Moreno, de la Policía Nacional, pidió disculpas públicas a la familia, lo propio hizo el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien agregó que se dictó auto de citación a audiencia por el presunto delito de abuso de autoridad y de homicidio, así como la suspensión de cinco policías más, que también serán investigados. En total suspendieron a siete uniformados. “Se procede a apartarlos de la institución, con el objeto de que no se manipulen las pruebas y no se obstaculice la investigación. Además, los procesos contra los otros policías serán por acción u omisión en la muerte de Ordóñez”.

En este sentido, tanto Gómez como el penalista Carlos Arturo Ramírez, de la Universidad Externado, consideran que, pese a las condiciones, los uniformados implicados alegarán que se trató de un acto de servicio, por lo que pedirán acogerse al fuero. “Van a terminar encontrándose las dos investigaciones y en ese momento habrá un conflicto, por lo que será la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura la que defina a dónde se va el proceso. Esa pelea va a ser larga, porque tiene caminos engorrosos y habrá tutelas, como está ocurriendo con el caso de Dilan”, dice Ramírez.

Ante esto, un exjuez de la justicia penal militar considera que es más probable que este caso quede en la justicia ordinaria. “Hay que esperar a ver si la justicia penal militar promueve un conflicto por competencia, pero, tal como están los hechos, creería que es un caso de la justicia ordinaria, por lo que pueden meterlo como concurso por tortura, que es una violación a los derechos humanos; algo muy similar al del grafitero Andrés Felipe Becerra”.

Por su parte, Javier Rincón, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Javeriana, cree que por ahora no hay elementos suficientes para determinar que el caso de Ordóñez quede en esa jurisdicción. “Primero se tendría que calificar la situación como tortura y una situación contraria al acto del servicio, por lo que la definición definitivamente quedará en manos de la Judicatura”.

Por lo pronto, lo único seguro es que el caso disciplinario está en manos de la Procuraduría, que por poder preferente inició la investigación, que podría terminar en la inhabilidad y destitución de los uniformados involucrados en el asesinato de Javier Ordóñez por acción y omisión.

Eliana Garzón, excuñada de la víctima, asegura que la familia ha recibido el acompañamiento de la Alcaldía y la Defensoría. El cuerpo de Javier ya fue entregado a la familia, pero las honras fúnebres solo se realizarían el próximo martes, cuando llegue el hermano de Ordóñez, en un vuelo humanitario, de Barcelona. Por su parte, el abogado de la familia espera que pronto puedan comunicarse con la Fiscalía, pues asegura que tienen material importante que ayudaría a la investigación y este caso que comienza un largo camino dentro de los tribunales judiciales.

Tomado de El Espectador

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