Con el traductor a su lado, Angélica trató de explicarles a las autoridades locales en septiembre del año pasado que ella, además de vivir en paupérrimas condiciones, tuvo que soportar uno de los más graves vejámenes que puede sufrir un ser humano: el abuso sexual. Y no de parte de cualquiera, sino, precisamente, de quienes -se suponía- estaban en el territorio donde ella vive para cuidar a sus habitantes: el Ejército. Según quedó plasmado en la denuncia que se registró en Fiscalía el 19 de septiembre del año pasado, su pesadilla comenzó en agosto de ese mismo año.
Todo ocurrió un domingo de agosto de 2019 en una vereda de San José del Guaviare llamada Charras, que queda a unas tres horas del casco urbano. En su relato, la víctima contó que estaba con una amiga de la cual se separó porque quería ir al baño. Al salir, dos soldados se aproximaron a ella y se la llevaron. Su amiga dio aviso en la maloka de que no sabía del paradero de Angélica, quien, luego contaría ella misma, estuvo domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y hasta la mañana del viernes encerrada en contra de su voluntad.
El lugar donde estuvo secuestrada, dijo, fue nada más y nada menos que el Batallón de Infantería No. 19 General José Joaquín París, ubicado en la capital del Guaviare. Durante días, dos soldados la obligaron a tener relaciones sexuales una y otra vez. No la ataron con nada, aclaró. Pero tampoco la alimentaron. La doblegaron, afirmó. El viernes en la mañana encontró el modo de escaparse. El 19 de agosto de 2019, día lunes, ingresó al Hospital de San José del Guaviare, donde entraron en “código gris” (protocolo para violencia sexual).
Todo ese relato, además de la Fiscalía, lo conoció la Sijín de la Policía. Lo paradójico es que, cuando los uniformados llegaron al hospital a tratar de indagar más por la suerte de la joven indígena de 15 años, que ella estuviera en manos de distintos profesionales (médicos, psicólogo y trabajador social), los policías encontraron en ello un obstáculo para “el inicio de las labores investigativas”. En ese momento, el ICBF quedó vinculado al caso también. Es decir, cuando autoridad debía conocer de este caso, lo supo.
Hoy, de acuerdo con la revelación del caso en el portal de Semana, ni en el Ministerio de Defensa ni en la Fiscalía dan razón de este tema. Al parecer, los dos soldados que habrían abusado de la menor de 18 años estaban prestando servicio militar y terminaron su periodo sin que se abriera siquiera una indagación preliminar en su contra. Habitantes de la zona, que trabajan de la mano con la comunidad nukak makú que vive allí, aseguran que después de este episodio las amenazas han abundado.
En diciembre de 2018, esta etnia entregó un informe a la Comisión de la Verdad sobre cómo, por años, las mujeres nukak han sido blanco de la violencia sexual por parte de colonos, grupos ilegales y fuerza pública. No son las únicas, tampoco. “Las mujeres indígenas y las mujeres afrocolombianas han insistido en afirmar que la violencia sexual sobre sus cuerpos constituye una práctica de dominación que ha persistido desde la colonización y que ha hecho parte de una estrategia sistemática de ejercicio de poder sobre ellas y sus territorios”, señaló, en 2017, el Centro Nacional de Memoria Histórica.
El caso de Angélica viene a conocerse días después de que el país conociera que siete militares abusaron de una niña indígena de 12 años en zona rural de Pueblo Rico, Risaralda. A ella también la retuvieron en contra de su voluntad para violarla, según denunció su familia. El jueves pasado, los militares -que no fueron capturados, sino conducidos por el propio Ejército a la imputación de cargos- aceptaron su responsabilidad por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado.
Tomado de El Espectador
