En alto riesgo se encuentra la profesora de la U. de A., Sara Fernández, víctima de atentado

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El colectivo asegura que después de un mes de sufrir un atentado en su vivienda, la docente de la Universidad de Antioquia aún no recibe protección por parte del Estado.
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El movimiento de defensa de derechos humanos en las universidades del país se pronunció hace pocas horas sobre el alto riesgo en el que se encuentra la profesora y defensora de Derechos Humanos Sara Yaneth Fernández.

El colectivo asegura que después de un mes de sufrir un atentado en su vivienda, la docente de la Universidad de Antioquia aún no recibe protección por parte del Estado.

“Luego de varios trámites se logran algunas acciones de urgencia e inmediatas para la protección de la profesora Sara mientras la Unidad Nacional de Protección –UNP- evalúa el nivel de riesgo”, destaca el movimiento en un comunicado.

“Hoy, a más de un mes de buscar todos los debidos canales institucionales, no hay una respuesta clara de parte de la UNP, además, hemos conocido que la Policía Metropolitana de Medellín –Meval-ha ordenado acabar el acompañamiento de puesto fijo que se había acordado para la protección permanente dado el nivel de riesgo”, advierte.

El movimiento recordó que los crímenes contra líderes sociales se siguen registrando en el país, muy a pesar el confinamiento. “Como defensores de derechos humanos manifestamos nuestra preocupación por el despropósito al que recurre el Estado colombiano para no cumplir con su deber de brindar todas las garantías en situaciones tan complejas por las que atravesamos las y los líderes sociales”, detalla en el comunicado.

Y concluye: “Responsabilizamos de las posibles consecuencias al presidente de la República Iván Duque Márquez, a la Dirección de la Unidad nacional de Protección y a las instituciones del Estado de Colombia, por la falta de respuestas o medidas efectivas para la protección de la Profesora y defensora de derechos humanos Sara Fernández e instamos al Gobierno Nacional a, por vez primera, encontrar el rumbo de la voluntad política hacia la garantizar la labor de las y los defensores de derechos humanos en el país”.

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