Puerto Galera (Filipinas), 30 de enero de 2025.- Frente a una cámara web, una niña desnuda realiza actos sexuales siguiendo las instrucciones de un hombre a miles de kilómetros de distancia. La escena ocurre en la intimidad de su casa y bajo la coerción de su propia madre en Filipinas, uno de los centros mundiales de la pornografía infantil en la red, según denuncian políticos, órganos policiales y activistas.
Se trata de una de las muchas pruebas gráficas utilizadas para condenar en Francia a 25 años de cárcel a Bouhalem Bouchiba por haber solicitado cientos de vídeos sexuales durante casi una década.
Las autoridades de Filipinas, epicentro mundial del cibersexo infantil, calificaron el caso el pasado diciembre como «una victoria legal significativa contra la explotación de menores».
Pero una pregunta aún desvela a activistas, políticos y autoridades en Filipinas: cuando los responsables de poner frente a una cámara a menores para obligarles a realizar actos sexuales son los propios familiares, ¿cómo se ataja la explotación?.
Romper el silencio
«Todo esto pasa en su mayor parte dentro de la familia, y hay que romper el silencio», constató a EFE Reynaldo Arevalo, guardián de menores procedentes de las calles de Manila en la sede de la Fundación Stairway, con base en la ciudad de Puerto Galera.
Una ciudad, situada en la isla de Mindoro, que se precia de ser uno de los mejores lugares de Filipinas para el submarinismo pero cuya poco oculta prostitución infantil en los años noventa movió al danés Lars C. Jorgensen a cofundar Stairway.
Muchos de los jóvenes que ahora viven en Stairway, ocupados una mañana de enero en colorear y tocar la guitarra, han sido víctimas de abusos sexuales aunque oculten sus traumas, explicó a EFE la trabajadora social Nonnalyne Baccay, empleada en la fundación.
«A veces les toma mucho tiempo explicar qué les pasó», afirmó, evitando divulgar detalles sobre los menores que acoge para preservar su intimidad.
Marcado de por vida
Criado en la miseria de las calles de Manila tras huir de su padre drogadicto, Arevalo conoce íntimamente la huella que deja la pornografía infantil en línea en sus víctimas, medio millón solo en 2022 en Filipinas, según un informe de la Misión Internacional de Justicia (IJM).
«Un día cuando tenía trece años, conocí a una persona que me preguntó si quería algo de dinero», explicó. Él y otros dos amigos acabaron en una habitación de hotel en compañía de un extranjero.
«Cuando empezaron a instalar la cámara y todo eso, yo y mis amigos pensamos: ¿Qué es esto? Estábamos un poco asustados», confesó. Fue allí donde fueron obligados a realizar actos sexuales frente a las cámaras.
«Fuimos abusados por este pedófilo, por ese hombre extranjero», dijo.
Ahora, además de cuidar a jóvenes sacados de las calles en la misma organización que lo sacó a él cuando tenía quince años, Arevalo cuenta con frecuencia su historia en una obra de teatro para romper el tabú en torno a la explotación de menores.
De mafias a ‘industria’ familiar
Ysrael Diloy, experto de la Fundación Stairway, explicó a EFE que la truculenta industria del cibersexo infantil dio un giro en el país asiático hace más de quince años, coincidiendo con una serie de operaciones de las autoridades filipinas contra organizaciones criminales dedicadas al tráfico de pornografía de menores.
Los pedófilos en otros países «ya no podían acceder a las imágenes a través de los traficantes habituales así que fueron directamente a la fuente», aseveró.
La caída de los precios de internet, la accesibilidad de los teléfonos inteligentes y la pobreza reinante en el país asiático crearon un caldo de cultivo ideal para pedófilos que prometen sumas de dinero exorbitantes a las familias detrás de los abusos, dijo a EFE Ranier Naldoza, experto de la Organización de Planificación Familiar de Filipinas (FPOP, en inglés).
El problema es un «secreto a voces» en un país donde el sexo en sí mismo es un tabú, explicó a EFE Arlene Brosas, congresista del partido feminista Gabriela, consciente de que en algunos casos se crea toda una «industria local» en la que varias familias de una comunidad acaban explotando a sus hijos.
«La motivación principal es económica, debido a la pobreza extrema en la que se encuentran, porque es una fuente fácil de dinero para ellos», dijo.
Aunque Filipinas cuenta desde 2009 con una ley que regula específicamente el delito de abusos sexuales en línea contra menores, Brosas destacó los problemas a la hora de implementar la ley frente al cambio en la forma de actuar de los explotadores.
«Antes había CDs o fotografías, material que se podía incautar, y podíamos hacer redadas o ir a los lugares donde eran intercambiados», explicó.
Ahora todo transcurre por internet, por lo que Brosas llamó a actualizar la legislación para tener en cuenta las nuevas modalidades de difusión, así como un mayor escrutinio de transferencias de dinero sospechosas llegadas desde otros países.
David Asta Alares
EFE