En el artículo titulado Vereda Granizal: nueve sectores en manos del paramilitarismo urbano-rural se habló del sinnúmero de desgracias que viven los habitantes de la vereda que están bajo el yugo paramilitar. Además de las vacunas, el control territorial y la incidencia en lo político, los grpos ilegales son responsables de la violación permanente a los derechos humanos para lograr el dominio total del territorio. El terror crea unas nuevas formas de esclavitud, de eso sí saben los habitantes de la vereda.
Ante tan graves hechos y la poca atención que la institucionalidad ha puesto a esta problemática, se deduce que el control paramilitar tiene la anuencia de un sector oficial y que le otorga protección a cambio de dinero. El solo hecho de que la comunidad vea a miembros de la Policía departiendo amigablemente con los paracos deja entrever la connivencia.
Para Análisis Urbano ha quedado claro que existe el contubernio criminal entre lo ilegal y los sectores de la legalidad que no solo se ve allí, también se evidencia en buena parte de Bello con casos como los de Villa Linda y Asentamiento Nuevo Jerusalén que así lo confirman.
Si la alianza paralegal no existiera se verían acciones contundentes que desmantelarían al crimen que gobierna en esas zonas, eso posibilitaría que la gente se liberara de estos parásitos criminales, pero desafortunadamente no es así, nadie de la institucionalidad quiere actuar, algo o alguien se los impide.
En el caso que nos atañe afirma un testigo: “La vereda Granizal solo es visible cuando los políticos, mejor dicho, los politiqueros de turno, vienen por votos, o cuando la represión oficial hace su aparición, eso sí, poca o nada inversión social de ninguna administración municipal, departamental o nacional; como quien dice, estamos solos y abandonados del Estado, pero parece que nos dejaron a los paracos para recordarnos quién manda acá”.
Y es tan cierto que los paracos son amos y señores de la vereda que todo presuntamente está bajo su control, la generalización de la vacuna es el mejor ejemplo de esta afirmación que hacemos. La efectúan bajo el pretexto de que así evitan que otros criminales le roben a la comunidad. “A la gente le sacan dinero por todo”, concluye un habitante.
¿Cómo le sacan la plata a la gente?
Los motivos para “vacunar” a los habitantes son variados y hasta creativos. Cualquier situación puede ser una oportunidad para que los grupos ilegales pongan en funcionamiento una de las vías más expeditas que tienen para la obtención de recursos económicos y el ejercicio de control territorial.
Por las obras de construcción, más o menos grandes, que realicen en sus predios las familias o las personas individualmente, se pagan vacunas que van desde los dos millones hasta diez millones, según la dimensión de la obra que se esté ejecutando. A esto hay sumar las pérdidas de material de construcción por los robos que hacen los “defensores” de la vereda.
Las casas más pequeñas en construcción deben pagar un peaje por cada volquetada de materiales que pasa por El Pinal. Los botaderos de escombros pagan por volquetada de 20 a 25 mil pesos y por bulto de escombros mil pesos.
En plena orilla de la carretera existe la venta de lotes que son vendidos entre 5 y 14 millones de pesos cada uno.
El comercio tampoco escapa a la vacuna, los propietarios de las tiendas de abarrotes grandes pagan entre 100 y 150 mil pesos mensuales y son obligados a distribuir el alcohol adulterado que le proporciona a los criminales ingresos importantes. Pa estos es fácil competir con la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) por la ventaja de estar en el territorio y amedrantar a los tenderos para lograr la distribución del licor. Lo mismo pasa con panaderías y algunas iglesias no católicas que pagan mensualmente entre 50 y 100 mil pesos.
También tienen el monopolio de los minutos a celular, los huevos, las carnes frías, la leche y el quesito, entre otros productos de la canasta básica., En el caso de las arepas se ha visto cómo han hecho cerrar los pequeños negocios de arepas que algunas familias tienen para sobrevivir ya que ellos son el cartel de las arepas en la vereda.
Los lavaderos de vehículos y los parqueaderos de carros y motos están obligados a pagar, igual pasa con quienes parqueen sus carros en la calle. También la distribución del gas en pipetas es un monopolio de los criminales, encareciendo este servicio para la comunidad que además tiene que aportar “la liga” que en todo momento piden estos grupos ilegales.
En la vereda Granizal hay personas que están dedicadas a aserrar madera, los jornaleros pagan su contribución al crimen, los dueños de la madera están obligados a pagar un monto mayor so pena de que les quiten la materia prima.
Nada ni nadie se escapa al pago de la vacuna. La ruta de buses también paga. cada conductor debe cancelar obligatoriamente 25.000 mil pesos semanales, incluso ya hay sectores donde se está cobrando la vigilancia a 2000 mil pesos semanales.
Han llegado a tales extremos los criminales que controlan la vereda que si una persona quiere vender su vivienda tiene que pagar el 20 %, el comprador también paga el 20 % lo que en la práctica significa que el ingreso a estos parásitos supera el 40 % ya que al comprador si va a construir le toca pagar vacunas extras por construir, botar escombros y posteriormente por las mejoras. Si alguien se niega a cumplir la imposición podría correr el riesgo de ser asesinado.
Testigos relatan lo ocurrido a dos personas a finales del año 2013, quines ingenuamente compraron una casa en obra negra en un sector de la parte alta de la vereda. El vendedor del inmueble no quiso pagar la vacuna y los paracos procedieron a cobrarle a los compradores el 20 % por comprar y el 20 % que el vendedor no pago. Los nuevos propietarios, que se negaron a pagar tal vacuna, fueron amarrados y llevados a El Pinal, donde los “jefes” paracos los mataron —al parecer con tiros de fusil—, y posteriormente hicieron desplazar a los familiares.
Fuentes consultadas dan cuenta de que los paracos podrían estar generando algo así como una reforma rural criminal en toda la vereda. Parece ser que tienen cómo hacerlo ya que tendrían el control político y ejercen fuerte presión sobre las juntas de acción comunal (JAC) e incluso podrían haber penetrado organizaciones sociales en la zona, tal cual como sus jefes de Medellín lo han hecho en los territorios que controlan.
Hasta el agua se le paga a los criminales
Barrios enteros pagan el agua que consumen, semanalmente deben cancelar a estos paramilitares parasitarios entre $4.000 y $5.000 semanales. Familia que se atrase y deje acumular los pagos dos meses, inmediatamente proceden a cortarle el suministro del preciado líquido —en eso se parecen a Empresas Públicas de Medellín (EPM)— y lo más grave no es que lo corten, si vuelven a incumplir los pagos proceden a quitarles la propiedad y la venden para cobrarse con intereses lo que supuestamente consideran suyo. Algunas veces devuelven algún dinero de la venta del inmueble, otras, que son la mayoría, no les dan nada y los hacen desalojar la vereda.
La distribución del agua los está volviendo ricos afirman desconsoladamente algunos habitantes. En el sector Manantiales se calcula que semanalmente recogen por concepto de agua 15 millones de pesos. ¿Cuánto harán en los otros ocho sectores de la vereda Granizal? ¿De dónde sacarán el agua los criminales para distribuirla y cobrarla? Como es lógico, el dinero va a parar a las manos de los jefes de los paramilitares que no invierten nada en el desarrollo del territorio.
En la vereda granizal se ha configurado un cogobierno ilegal ya que tienen control territorial, político y social, cuentan con grupo armado y al igual que hace el Estado, los paramilitares cobran los impuestos a la comunidad. ¿Por qué la institucionalidad local, departamental y nacional no se han dado cuenta de lo que ocurre allí? ¿Será que existe complicidad oficial? ¿Cuál es el papel que están cumpliendo la Policía metropolitana del Valle de Aburrá y el batallón Pedro Nel Ospina del Ejército en la vereda granizal del municipio de Bello? ¿Omisión o protección oficial a los paramilitares?
En la próxima entrega, Análisis Urbano ahondará en la problemática de seguridad, criminalidad y violación a los derechos humanos que viven los habitantes de la vereda Granizal; además nos preguntamos: ¿quiénes mandan en esta vereda granizal? ¿Será cierto que hay políticos, jefes desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y la Banda de San Pablo, ubicada en Medellín en contubernio criminal para apoderarse de la zona? ¿Será que la vereda Granizal es una república independiente paramilitar? Todo indica que sí.
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