En Ituango denuncian connivencia entre Policía y expendedores de droga en perjuicio de estudiantes

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El Proceso Social de Garantías para la Labor de Líderes, Lideresas Sociales, Comunales, Defensores, Defensoras de Derechos Humanos de Antioquia anunció que sigue haciendo el seguimiento a la denuncia que en julio de 2017 hizo la rectora de la institución educativa Pedro Nel Ospina del municipio de Ituango, Victoria Zapata.

La licenciada dijo entonces que la Fuerza Pública estaba asociada con expendedores de droga de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, lo que perjudicaba de forma superlativa la salud y el bienestar de los estudiantes de esa institución.

Después de que la rectora Zapata hiciera estos señalamientos empezó a recibir amenazas de los grupos ilegales.

El Proceso Social ratificó su compromiso a través de un comunicado de monitorear permanentemente el territorio, lo que le ha permitido “identificar y constatar que el Estado en esa subregión es débil para contrarrestar el avance de las AGC y el frente 36, quienes están imponiendo normas a la población rural y pretenden ejercer el control de las formas organizativas comunitarias tales como las Juntas de Acción Comunal”.

Hace referencia ese colectivo al Informe de Riesgo de agosto de 2017 elaborado por la Defensoría del Pueblo y en el que se declara el alto nivel de riesgo que tienen los integrantes de las 119 Juntas de Acción Comunal y sus comunidades, la intimidación que están recibiendo, las amenazas, extorsiones, homicidios mencionados y toda clase de violaciones y vulneraciones a los derechos humanos.

La preocupación y el miedo son latentes y se expanden como epidemia en Ituango, advierte el Proceso Social. “Ante esta situación, exigimos a las autoridades como la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Ituango, la Policía del Departamento, el Ejército Nacional, a que adopten todas las medidas tendientes a prevenir, proteger, mitigar o eliminar el riesgo de vulneraciones de los derechos humanos a la vida, libertad, seguridad e integridad personal de las comunidades campesinas del municipio de Ituango, todo esto debido a la alta probabilidad de ocurrencia de violaciones masivas a los derechos humanos”, concluye el Proceso Social en una misiva.

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