Lima, 27 de enero de 2022.- La Fiscalía de Perú solicitó este jueves al Poder Judicial el impedimento de salida del país por 18 meses contra el director ejecutivo de Repsol en Perú, Jaime Fernández-Cuesta, y otros tres gerentes por el derrame de al menos 6.000 barriles de petróleo ocurrido el pasado 15 de enero en la costa central del país.
Según informó el Poder Judicial, la solicitud del Ministerio Púbico será evaluada este mismo jueves a las 17.00 hora local (22.00 GMT) en el Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de la Corte de Puente Piedra-Ventanilla.
Además del máximo responsable de la compañía española en Perú, el requerimiento fiscal también incluye al jefe del Terminal Marítimo 2 de la Refinería La Pampilla, Renzo Tejada Mackenzie, responsable de la instalación donde el buque petrolero Mare Doricum descargaba su crudo cuando se produjo el accidente.
También están incluidos en la solicitud de impedimento de salida los gerentes de Repsol en Perú para Calidad de Medioambiente, Cecilia Posadas Jhong; y para Producción, José Reyes Ruiz.
Este pedido llega luego de que la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima Noroeste abriera una investigación contra los representantes de la Refinería La Pampilla, operada por Repsol, por el presunto delito de contaminación ambiental debido al derrame de petróleo que causó la mayor catástrofe medioambiental de los últimos tiempos en las costas peruanas.
El crudo vertido afectó hasta la fecha a aproximadamente 50 kilómetros del litoral peruano, especialmente en las playas de Ventanilla, en el Callao, región aledaña a Lima, mientras que en términos de superficie ya abarca ocho kilómetros cuadrados, la mayoría de ellos en el agua, y ha alcanzado a dos reservas naturales.
El ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, anunció la víspera que la Procuraduría (Abogacía) de su cartera evaluaba solicitar medidas coercitivas contra los representantes de Repsol y precisó que «posiblemente» una de ellas sería también el impedimento de salida del país.
«Vamos a tener que actuar con mano dura, este daño es a todos los peruanos y a todo el mundo», manifestó el ministro.
Por otro lado, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al Ministerio del Ambiente, anunció el inicio de un proceso para multar a Repsol, luego de que la empresa incumpliera con la primera medida impuesta para limpiar el derrame de crudo.
Según precisó en una rueda de prensa la presidenta del OEFA, Miriam Alegría, la compañía española podría enfrentar sanciones económicas de hasta 18 millones de soles (4,6 millones de dólares).
Repsol ha asegurado, por su parte, que está «colaborando estrechamente» con la sociedad civil y las autoridades peruanas «para avanzar lo más rápidamente posible en la remediación de las áreas afectadas por el derrame de petróleo».
El derrame se produjo el sábado 15 de enero en coincidencia con la llegada a las costas peruanas del tsunami causado por la erupción volcánica submarina en Tonga, lo que provocó una inusitado aumento del nivel del mar en el momento en que el buque Mare Doricum descargaba casi un millón de barriles a la Refinería La Pampilla.
Esta circunstancia, ocurrida sin que hubiera en las costas peruanas alerta de tsunami, como si había en otros países vecinos del Pacífico, provocó supuestamente la rotura de las amarras de estribor del barco y con ello una fuga en el sistema de mangueras y tuberías que conectaban el barco con la refinería para traspasar el crudo.
En un primer momento, Repsol catalogó la emergencia como un incidente menor y solo reportó a las autoridades peruanas la pérdida de 0,16 barriles (unos 25 litros), por lo que la magnitud del derrame no se conoció públicamente hasta el día siguiente, cuando el crudo comenzó a inundar las playas.
EFE
