EDITORIAL
«Escóndase donde se escondan hasta ahí les llegamos», afirmó tajantemente el alcalde de Medellín tras conocerse la muerte de alias Turrón, «neutralizado» en un campamento ubicado en la periferia de la ciudad. Esto sucedió más concretamente en la parte alta del barrio La Sierra, a dos kilómetros y medio del CAI periférico, un búnker que, se presume, está habitado por muchos uniformados que al parecer no se percataron de lo que tenían relativamente cerca. Paradójicamente, la dirección general de la Policía sí conocía de la existencia del campamento.
Es bueno recordar que los CAI periféricos –establecidos en el programa de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Alonso Salazar de 2008 a 2011- fueron diseñados según reza en la página del EDU, como «pequeñas edificaciones localizadas estratégicamente en zonas de periferia de la ciudad en lo alto de las laderas, donde la informalidad y los bajos índices de confort son protagonistas, estos edificios tienen la tarea de hacer presencia del Estado, brindar control y seguridad a los habitantes de estos lugares».
De igual manera se plantea que servirían para «recuperar y fortalecer una imagen positiva de la Policía y el Estado en territorios de periferia que se encuentran en procesos de desarrollo».
La propuesta sigue siendo interesante, y bien utilizada podría dar óptimos resultados, al concebir los CAI periféricos como un «Faro De luz, referente permanente para los ciudadanos en territorios casi olvidados que requieren presencia del Estado». Además, al tener una estratégica localización se tendrían que convertir en lugares de referencia, en otras palabras, es la cercanía del Estado con la ciudadanía. Sin embargo, el CAI periférico no pudo detectar la presencia de las AGC.
La razón es evidente, dicho CAI solo cuenta con una moto para atender los casos que se hayan reportado y 9 policías en tres turnos. Esto hace que este lugar sea más apariencia que efectividad. No obstante, la carencia de personal uniformado es mayor y no solo allí, también se da en toda la ciudad, el retiro voluntario u ordenado por la dirección general es de unos 400 uniformados, y a esto hay que sumarle 300 policías aproximadamente que cuidan las celdas donde se encuentran los detenidos ante la carencia de centros penitenciarios y la falta de una acertada política criminal. En el país, son 7.000 los policías que ya no están en la institución.
Esta grave situación desnuda la fragilidad de la estrategia de seguridad urbana y puede estar llevando a que la existencia de fortines paramilitares de las AGC en Medellín sea posible, igualmente a que se fortalezcan las bandas de la Oficina del Valle de Aburrá en la periferia.
Ante la realidad expuesta, proponemos desde este espacio al alcalde de la ciudad Federico Gutiérrez, al gobernador de Antioquia, gobierno nacional, Ejército y Policía, que se diseñe un plan de emergencia por lo que resta del año para que se fortalezca la presencia en la periferia de la ciudad y por ende a los CAI periféricos.
En concreto la propuesta es, primero, llevar Policía de Carabineros a Caballo a la mayoría de los CAI en la periferia para que se posibilite la vigilancia en la zona rural, ya que no se puede olvidar que el campamento de alias Turrón estaba en una zona poco carreteable. Segundo, enviar mínimo tres motos por lugar. Tercero, que el helicóptero realice sobrevuelos permanentes en la ciudad y realice fotografía aérea revisando la periferia. Cuarto, que se utilicen los drones, y finalmente que se dote mejor a la inteligencia policial y se le fortalezca con la presencia de la inteligencia militar para mejorar los resultados.
El plan de emergencia deberá ser permanente el año entrante. El nuevo alcalde de Medellín, al igual que el nuevo gobernador de Antioquia y el Concejo de la ciudad deberán fortalecer la seguridad urbana incluyendo a la periferia. Es hora de que los miles de millones de pesos que la ciudad invierte en seguridad se vean realmente reflejados en hechos concretos y no mediáticos, la ciudad necesita urgente que el faro de luz en verdad alumbre.
