CAICEDO, ANTIOQUIA, COLOMBIA (16 ABR 2024) – En una exitosa operación coordinada, el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación capturaron a un importante cabecilla armado conocido como alias Chicharro, perteneciente a la Subestructura Edwin Román Velázquez Valle del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). La captura se llevó a cabo en una zona rural del municipio de Caicedo, Antioquia.
Alias Chicharro, cuyo nombre real es Juan Pablo, tenía una orden de captura vigente por concierto para delinquir con fines extorsivos y secuestro simple. Este individuo ha sido vinculado con múltiples acciones terroristas en la zona rural de Santa Fe de Antioquia, incluyendo el homicidio de Carlos Daniel Bolívar y el secuestro de dos ganaderos. También coordinó dos paros armados que resultaron en la muerte de la patrullera Adri Vanesa Merlano Amaya y el secuestro de una mujer el 30 de diciembre de 2022, además de perpetrar cuatro ataques contra la población civil.
La captura de alias Chicharro representa un golpe significativo al EGC, afectando directamente su capacidad operativa en la subregión del Occidente Antioqueño, en especial los municipios de Caicedo, Anzá y Santa Fe de Antioquia.
Esta operación forma parte del Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho – Tiempo 2, destinado a proteger a la población civil y debilitar las capacidades de esta amenaza armada.
El Ejército, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación afirman que continuarán desarrollando acciones coordinadas de control y presencia institucional para garantizar la seguridad y tranquilidad de los habitantes en esta región del país.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
