Colombia, 22 septiembre de 2022.- El domingo 7 de agosto de 2022, día de su posesión, el presidente Gustavo Petro les propuso a todos los grupos armados ilegales de Colombia entregarles beneficios penales si se acogiesen a un proceso de paz, uno que los abarque a todos, que los incluya, que los abrace, que desarme los ánimos de guerra.
El acuerdo de paz firmado en 2016 con las extintas Farc fue un primer paso, uno enorme, uno que salvó muchas vidas, pero la sangre siguió corriendo. Y se trata es de que no haya más muertes, ni de inocentes, ni de culpables. Es lo que falta.
Por eso hay que incluirlos a todos, para que la paz sea total, como quiere el presidente Petro. «Convocamos a todos los armados a dejar las armas en las nebulosas del pasado. A aceptar beneficios jurídicos a cambio de la paz, a cambio de la no repetición definitiva de la violencia», fue la invitación del mandatario el día que recibió la banda presidencial.
Donde falta la comida, el agua, la energía eléctrica, el empleo, el Estado, la fe, siempre hay una posibilidad de vivir, o de sobrevivir, y es dañando la vida, la propia, la de otros. Las oportunidades en las comunidades pobres están impregnadas de violencia, de sangre, de droga, de delincuencia. No es difícil, así, terminar en un combo, como víctima, como victimario.
En solo Medellín hay 380 combos. En el país son muchos, la cifra no la tiene nadie, pero sabemos que se fueron atomizando tras la desmovilización de las AUC en 2006 y de las Farc en 2016. Muchos de ellos hacen parte de unas estructuras más grandes, que dominan territorios enteros en Colombia.
La Agencia de Prensa Análisis Urbano y la ONG Corpades tienen conocimiento de más de 20 estructuras criminales que han manifestado su intención de someterse a la propuesta del presidente Gustavo Petro.
Antes de seguir, un paréntesis. Para que este sueño de paz, de concretarse, no se convierta en pesadilla y lo que vamos escribiendo no se convierta en basura, es muy importante, necesario, urgente, primordial, que el Estado ocupe los territorios que estas organizaciones ilegales desalojen. No tiene sentido dejarles a nuevas agrupaciones narcotraficantes -muchas de ellas al acecho y con acento extranjero-, el campo libre para que desarrollen las actividades ilegales que ya todos conocemos y que son precisamente las que se pretende eliminar con esta política de sometimiento.
Asimismo, las entidades oficiales deben llegar con toda su oferta institucional a estas zonas para que las comunidades no caigan de nuevo en esa trampa mortal. Mientras en el norte del continente, en el sur, en Europa, en Asia, se siga consumiendo en las cantidades que lo hacen, en Colombia siempre habrá gente interesada en ofertar la droga, pues el país tiene tierras apropiadas para cultivar la mata de hojas de coca. Lo dijo el presidente Petro en la ONU: menos ganancias, más amores, para que haya menos droga. “Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas. (…) ustedes hacen la guerra y juegan… Para ustedes mi país no les interesa sino para arrojarle venenos a sus selvas, llevarse a sus hombres a la cárcel y arrojar a sus mujeres a la exclusión”, manifestó el presidente Gustavo Petro el pasado martes 20 de septiembre de 2022 en su discurso en la versión 77 de la Asamblea General de la Naciones Unidas, realizada en Nueva York.
Claro, Colombia es un país productor de cocaína, porque hay países consumidores, muchos, entre ellos Estados Unidos. Los gringos se sienten extrañamente orgullosos de reconocer que no pueden permanecer en una oficina seis horas sin consumir cocaína, les da ánimo. En las fiestas no puede faltar. Lo vemos en las películas de Hollywood, donde meten droga sin ningún pudor.
Hace un año, el 10 de septiembre de 2021, falleció en Bogotá el periodista y caricaturista Antonio Caballero, un agudo crítico de la injerencia de los Estados Unidos en la política colombiana. En sus escritos reprochaba recurrentemente la doble moral de los países consumidores que se hacían las víctimas para justificar sus luchas contra el narcotráfico, lucha ineficiente que solo sirve para obligar a que el precio de la coca suba en el lugar donde se comercializa. “Se calcula que el 90 por ciento de las ganancias del narcotráfico terminan en los bancos de los Estados Unidos”, dijo en el artículo “La farsa norteamericana de la droga», publicado en la revista Semana el 22 de septiembre de 2018.
En Nueva York, según el portal Infobae, un gramo de cocaína cuesta 153 dólares (673.200 pesos colombianos), que es un precio alto determinado por la dificultad de transportar la droga y el aumento de la demanda, que se disparó en pandemia. El dólar hoy, 22 de septiembre de 2022, está a 4.400 pesos colombianos. Si puesta allá, la cocaína sale en 15,3 dólares ($67.000), significa que 137,7 dólares ($605.000 colombianos) son para el expendedor de drogas gringo. Las mayores ganancias se quedan allá.
Decía Caballero: “Los Estados Unidos son los responsables del ciento por ciento de la droga que llega a los EE. UU., y de la que se produce allá (marihuana, opioides de diseño) y se exporta al resto del mundo (…). El narcotráfico nació en Estados Unidos, ellos son la raíz y el teatro del narcotráfico”. Y, sin embargo, son a la vez el único país del planeta donde no hay narcotraficantes ni carteles gringos dedicados al narco. “Los que hay, capturados, pedidos en extradición, juzgados y condenados son colombianos, o más recientemente mexicanos…, pero nunca un norteamericano ha tenido algo que ver con esa gigantesca importación de drogas desde Colombia…, que entra al supervigilado territorio norteamericano, burlando la aviación y la marina más poderosas del mundo, los satélites espías, los radares, las cámaras, y saltándose los muros de contención…”.
El negocio narco no muere, porque a Estados Unidos no le interesa. No le conviene. El 75 % de los gringos consume cocaína. Si no hay droga, no hay vida en el país de las oportunidades, del “God Bless America”. De un masivo síndrome de abstinencia no se levantaría el país del norte. América no funciona sin cocaína. Por eso, indirectamente, o tal vez muy directamente, los gringos mantienen vivas a las mafias del narcotráfico en Colombia. Por eso hay mexicanos, venezolanos, brasileños, hondureños, italianos, japoneses, rusos, chinos, detrás del negocio. De ahí el discurso del presidente Petro en la ONU, dirigido a los países de la farsa, que entre más bosques y selvas arrasan en Colombia, más ganancias obtienen en el negocio de las drogas.
“No son los campesinos cocaleros. Ni siquiera son los perversos narcos (…). Son los Estados Unidos”, concluyó Antonio Caballero. Reiteramos antes de cerrar el paréntesis: el Estado tiene que tomar el control social y territorial en aquellos espacios dominados hoy por las estructuras criminales interesadas en dialogar, en desarmarse, en sumarse a la paz total. Hay muchos extranjeros con capacidad de conformar ejércitos y crear repúblicas independientes en Colombia, motivados y patrocinados por el narcotráfico. Solo eso nos faltaba.
Las 20 estructuras criminales que se muestran interesadas en acogerse a la propuesta del Gobierno Petro son:
* El Ejército de Liberación Nacional ELN
* Disidencias Farc Bloque Suroriental
* Disidencias de Farc Bloque Magdalena Medio
* Columna móvil Urías Rondón
* Columna móvil Dagoberto Ramos
* Columna móvil Jaime Martínez
* Compañía Adán Izquierdo
* Segunda Marquetalia
* Frente 36 y el Estado Mayor Central de Farc
* Frente Carlos Patiño
* La banda Pachelly
* Alianza del Norte y Confederación Criminal (Oficina del Valle de Aburrá)
* Los Caparros o los del Bajo
* Los Costeños
* Los Shotas
* Los Espartanos
* Los Rastrojos Costeños
* Las AGC o Clan del Golfo
* Los Pachencas -Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada-
* Movimiento de Revolución Popular -MRP-
En un mes y quince días de mandato, el presidente Gustavo Petro ha recibido cartas, comunicados y escritos de estos diferentes grupos armados ilegales del país. “Oficinas diversas y bandas de todo tipo”, que han manifestado su voluntad de diálogo para una paz real, una paz total. Diálogos que deberán desarrollarse en medio de un alto al fuego, sin acciones violentas contra la población, como lo ha pedido el Presidente, “una voluntad desarmada para entrar a negociar con los poderes ejecutivo y judicial. Transformar a Colombia en un país de paz total no es una tarea exclusiva del Gobierno ni de unos pocos ni de la gente que está armada. La paz total es una tarea de toda la ciudadanía. Colombia no será una sociedad pasiva frente a la injusticia histórica”.
Los diálogos empiezan a rodar. El pasado 17 de septiembre, Danilo Rueda, comisionado de Paz, se reunió con cuatro representantes de las disidencias de las Farc en el Caquetá en un “prediálogo”, en el que se estudió la posibilidad de iniciar conversaciones con ese grupo, atendiendo la disposición y necesidad que ambas partes han manifestado, y en medio de un necesario cese al fuego bilateral.
Los cuatro delegados de las disidencias: alias Calarcá, alias Alonso o Ebimelec Eregua, Hermes Boyaco o Ermes Tovar y Yuli Vélez o Erika o la Mona, elaboraron un documento que fue ratificado por el comisionado Rueda y en el que, las partes, manifiestan que para avanzar se deben “erradicar las causas generadoras del conflicto”, suspender ataques mediante un cese al fuego verificado y concretar la participación de terceros neutrales como garantía.
El encuentro suscitó reacciones a favor y en contra. El propio presidente Petro dijo que todo lo relacionado con la paz siempre era objeto de críticas, pero que, en últimas, había que comenzar con algo. “En la historia de Colombia los procesos de paz siempre han sido criticados. Yo creo que lo que más hay que criticar es la guerra. Si logramos que todas las personas en Colombia abandonen el camino de las armas, estaremos construyendo una gran nación”, dijo Petro, luego de que le cuestionaran sobre la posibilidad de que el disidente Iván Márquez estuviera en una nueva mesa de diálogos.
“La paz es posible”: Presidente Gustavo Petro
Como se recordará, Márquez, cuyo nombre de pila es Luciano Marín Arango, fue uno de los jefes negociadores de las Farc que firmó el acuerdo de paz en La Habana, Cuba, el 24 de noviembre de 2016, pero que luego retomó las armas en agosto de 2019 y se fugó a Venezuela.
Asimismo, según el comisionado Rueda, el Gobierno inició diálogos con un grupo que se autodenomina “Estado Mayor Central de las Farc” y está aplicando los protocolos necesarios para reinstalar la mesa con el ELN. Rueda añadió que próximamente se estará conversando con la “Segunda Marquetalia”. Como se puede inferir, son grupos que, o son guerrilla o fueron guerrilleros. Y está bien que se dialogue con todos. Pero, ¿para cuándo las conversaciones con las estructuras de origen paramilitar?
Las AGC o Clan del Golfo, la mayor estructura criminal de origen narcoparamilitar del país también han manifestado su voluntad de cesar acciones bélicas para negociar su sometimiento.
El abogado del Grupo Sinergia, Alex Alberto Morales (a quien la UNP le retiró el esquema de seguridad hace una semana, precisamente cuando recibió un sufragio con el que lo amenazan de muerte), dijo al diario El Espectador que entregó al Gobierno Petro misivas de algunos grupos al margen de la ley y de extraditables que desean sumarse a la propuesta de paz total.
Los ilegales buscaron a Sinergia, porque meses atrás esa agremiación de abogados presentó una teoría para el acogimiento a la justicia de grupos ilegales para el logro de la paz integral en Colombia.
La banda Pachelly, un sector de la Oficina y extraditables exFarc, en distintos documentos, enviaron una propuesta al presidente Petro de manera formal, para dejar las armas en un marco de justicia restaurativa y alternativa. El emisario fue el abogado Morales: “Absolutamente todos, el Estado, la sociedad civil y los grupos armados al margen de la ley, están cansados de una absurda guerra. Los conflictos armados en el mundo los han solucionado con una visión de justicia transicional. En Colombia se plantea esta figura con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Nosotros vamos más allá y hablamos, no solamente de revisar el conflicto urbano y rural, sino también implementar principios de justicia alternativa y restaurativa”, dijo Morales.
Para los líderes de la Oficina, el llamado a la construcción de una paz total fue recibido con esperanza y afirman que aquella solo será posible si se entiende “la urbanización de la guerra” y se elabora una ley que facilite “nuestro acogimiento a la justicia”.
El Gobierno ya ha dado órdenes para que con el ELN se dé la negociación de paz y no un simple diálogo, para los cual se suspendieron las órdenes de captura de sus negociadores y se facilite su libre movilidad; asimismo, el ejecutivo prohibió la fumigación de cultivos de hoja de coca y planteó una pronta construcción de alternativas para sustituir esos cultivos, sustituir tierras y dar inicio a procesos de agroindustrialización de nuevos cultivos. Acciones que, según el presidente Petro “deben aclimatar un ambiente de voluntad de paz en las regiones más conflictivas de Colombia”.
Valga recordar que, a pesar del anhelo de paz, el Gobierno se ha plantado fuerte ante quienes quieran burlar los acuerdos. “Narcotraficante que no negocie con el Estado se va extraditado; narcotraficante que negocie con el Estado y reincida se va extraditado, sin ningún tipo de negociación en los Estados Unidos, y narcotraficante que negocie con el Estado colombiano beneficios jurídicos y deje de ser definitivamente un narcotraficante, no se extradita”. Estas palabras las dijo el presidente Gustavo Petro a un grupo de funcionarios de la Casa Blanca a quienes manifestó lo que sería la nueva política contra las drogas.
Sin embargo, es lo que hay hasta hoy: buenas intenciones, cartas de grupos armados ilegales pidiendo la paz, acercamientos, pronunciamientos.
Se ha botado mucha saliva, mucha tinta y mucha sangre. Las comunidades quieren la paz, una real. El Gobierno ya ha dado muestras de acabar con la guerra. ¿Qué tal si los grupos armados ilegales dejan de matar inocentes, de matar policías, de matar militares, de matarse entre ellos, y demostrar así sus buenas intenciones? “Hay que pasar indudablemente a las acciones, y esas acciones deberían significar dejar de matar, que dejen de tener conflicto entre ellos mismos”, dijo el presidente Petro en ese sentido. Y estamos de acuerdo, hay que pasar a los hechos.
Apunte urbano
En 2016 surgió una nueva estructura criminal denominada “Comandos de la Frontera o “La Mafia”, grupo conformado por disidencias de las Farc y “la Constru”, este último compuesto por hombres que se desmovilizaron de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-. Esta alianza criminal, liderada por alias la Araña, intimida a las poblaciones, cobra extorsiones y realiza desplazamientos y reclutamientos forzados, además de homicidios selectivos y desapariciones. Su objetivo es controlar los cultivos de mata de hoja de coca y rutas del tráfico de drogas en la frontera con Ecuador y Brasil y la parte baja del Putumayo.
De los grupos armados ilegales que están en el radar del Gobierno, la única estructura criminal que no ha manifestado su voluntad de someterse a los diálogos con miras a una paz total, son los Comandos de la Frontera.
A.U.
