La Presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, magistrada Patricia Linares Prieto, y el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, se reunieron este miércoles 31 de octubre para acordar un intercambio permanente de información y mecanismos de colaboración armónica entre las dos instituciones.
En esta primera reunión se desarrollaron temas como la competencia concurrente, el acceso a información, la judicialización de amenazas e informes a la Jurisdicción Especial para la paz.
En el primero de ellos, de la competencia concurrente, se recordó que de acuerdo con el Acto Legislativo No 1 de 2017, la JEP “administrará justicia de manera transitoria y autónoma y conocerá de manera preferente sobre todas las demás jurisdicciones y de forma exclusiva de las conductas cometidas con anterioridad al primero de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, por quienes participaron en el mismo, en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones de los derechos humanos”.
Según el mismo Acto Legislativo, tres meses antes de que la JEP profiera la resolución de conclusiones sobre determinadas conductas y personas informará de ella a la Fiscalía General de la Nación. A partir de ese momento, la Fiscalía perderá competencia respecto a esas personas y conductas específicas. Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación deberá avanzar en los procesos de investigación por hechos ocurridos durante el conflicto, en un todo de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto 277 de 2017.
Las investigaciones y labores judiciales que adelantará la Fiscalía General de la Nación no representan una pérdida de los beneficios adquiridos por las personas que se han acogido a la Jurisdicción Especial para la Paz.
En cuanto al acceso a información, en la reunión de este miércoles se acordó que, previo acuerdo, se podrán realizar reuniones conjuntas en las que participarán fiscales e investigadores, así como magistrados de la Jurisdicción, para analizar y facilitar la entrega de información requerida para los distintos casos.
En lo referente a la judicialización de amenazas, la Fiscalía y la JEP acordaron que en los casos en que se presenten amenazas contra víctimas, testigos o comparecientes, el ente acusador asumirá el conocimiento y la investigación inmediata de las mismas.
Para tal efecto una unidad especial se encargará de la judicialización de estos hechos, así como de llevar a cabo, bajo procedimientos especializados, la investigación.
En los informes a la Jurisdicción Especial para la paz, se tuvo que, con el ánimo de contribuir en el suministro de toda la información relevante para que la Jurisdicción Especial para la Paz adelante las funciones que le corresponden, la Fiscalía General de la Nación ratifica su compromiso de entregar 17 informes descriptivos sobre procesos por hechos ocurridos con ocasión del conflicto armado, de los cuales ya ha entregado nueve.
Finalmente, la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) coincidieron en exhortar a los excombatientes para que perseveren en su compromiso con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, así como a los responsables de implementar las políticas públicas necesarias para poner en marcha los proyectos productivos y las condiciones de reintegración de los desmovilizados, para que avancen con determinación en el cumplimiento de dichos compromisos.