La organización internacional documentó seis casos en los que la Policía habría abusado de sus facultades en contra de los ciudadanos. Uno de ellos, un joven de Cali, enfrenta la posibilidad de no volver a caminar.
El Esmad fue objeto de múltiples denuncias por abuso policial durante las manifestaciones del último gran paro nacional.Mauricio Alvarado – El Espectador
Justo un día después de que la familia de Dilan Cruz pidiera en una tutela que el caso por su muerte lo maneje la justicia ordinaria, y no la justicia penal militar, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) emitió un informe en el que concluye que “agentes de la Policía Nacional de Colombia cometieron a fines de 2019 múltiples abusos en contra de manifestantes mayormente pacíficos que participaron en protestas a nivel nacional”. Al documentar seis casos, uno de ellos el de Dilan Cruz, HRW señaló que hay evidencias de detenciones arbitrarias, traslados injustificados y malos tratos.
“Hemos recibido denuncias y pruebas creíbles de graves abusos por parte de policías colombianos, incluyendo detenciones arbitrarias y golpizas brutales contra manifestantes pacíficos, personas detenidas y transeúntes”, afirmó José Miguel Vivanco, director de la organización para las Américas. El trabajo incluyó entrevistas a 26 víctimas de abusos, familiares de víctimas, abogados y funcionarios, revisión de informes médicos, solicitudes de información a la Fiscalía, el Ministerio de Defensa y la Procuraduría. Por último, reuniones con funcionarios como el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo; el director de la Policía, general Oscar Atehortúa y el entonces fiscal general (e), Fabio Espitia.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que ‘la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos’, recordó Human Rights Watch. Estos son algunos de los casos que documentó:
“Los accidentes ocurren”
Como es bien sabido, el pasado 23 de noviembre, durante el paro nacional, Cruz (17 años) recibió un disparo de una munición beanbag que le costó la vida. “Según se observa en varios videos publicados en las redes sociales que Human Rights Watch verificó, y de acuerdo con el testimonio de un testigo que entrevistamos, Cruz recibió un disparo a unos 20 metros de distancia, lo que en opinión de los expertos consultados por Human Rights Watch es demasiado lejos para apuntar con precisión a las extremidades”.
La organización no gubernamental señaló que la Policía continúa usando escopetas con munición beanbag, a pesar de que la Procuraduría le solicitó detener su uso en enero pasado. En diciembre del año pasado el caso fue remitido por el Consejo Superior de la Judicatura a la justicia penal militar, considerándolo un acto del servicio, y aunque el Ministerio de Defensa explicó que los policías del Esmad reciben una capacitación de “768 horas sobre control de multitudes y disturbios, “no aclaró cuántas horas se dedicaban al uso de escopetas”.
Lo más grave, según el documento de Human Rights Watch, es que la familia de Dilan Cruz ha sido objeto de intimidaciones recientemente: “El 16 de febrero, aproximadamente a las 2 p.m., dos hombres que circulaban en motocicleta se acercaron a un familiar de Cruz en una calle de Bogotá y lo amenazaron para que dejara de reclamar justicia por la muerte de Cruz. ‘Los accidentes ocurren y debería preocuparse por sus otros familiares’, le habrían dicho los hombres, según señaló el familiar de Cruz a Human Rights Watch”.
“Poco probable que vuelva a caminar”
“El 21 de noviembre, Duvan Villegas Benítez, de 27 años, salió de su casa en Cali cerca de las 2 p.m. con la intención de participar en la protesta. Aproximadamente a las 6:30 p.m., cuando se dirigía al sector del Puente del Comercio para recoger una bicicleta, tres policías en motocicletas lo siguieron. Uno de ellos le disparó por la espalda, según una denuncia penal presentada por la madre de Villegas. Vecinos del lugar lo llevaron hasta una clínica”, se lee en el relato de la organización.
“Si bien los investigadores judiciales todavía no han determinado qué tipo de arma se usó en la agresión, el informe médico, al cual tuvo acceso Human Rights Watch, indica que Villegas fue herido por un “arma de fuego” y presentaba “esquirlas metálicas” en el cuerpo. Se encuentra bajo observación médica y los médicos han informado a su familia que es poco probable que pueda volver a caminar”.
Golpes con un bastón
Natalia Racero ni siquiera salió el 22 de noviembre pasado de su casa a protestar. Ella salió a trabajar. Pero, precisamente por las protestas, no encontró transporte y no tuvo de otra que devolverse a su casa, en Bogotá. Trató de huirle a los gases lacrimógenos que ya arrojaban algunos policías para dispersar a la multitud, pero, mientras corría, seis agentes “la sujetaron y le dijeron que la detenían para su ‘protección’, según contó a Human Rights Watch”.
Se la llevaron a una estación de Transmilenio, “donde un agente le tocó los senos en dos ocasiones para ver si escondía algo”. Racero fue golpeada en la cabeza y en la espalda con un bastón “v y le dijeron que cantara para que no le pegaran”. Luego la trasladaron a una estación de Policía en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, y la dejaron ir dos horas más tarde.
Tomado de El Espectador
