Cinco millones de dólares ofrece el gobierno de los Estados Unidos por el hombre más buscado de Colombia: Dairo Antonio Úsuga David, conocido por los alias de Otoniel, Mauricio o Mao y líder de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) —nombradas Clan del Golfo por las autoridades—.
En un video hecho público la primera semana de septiembre de 2017, alias Otoniel, máximo jefe de las AGC, confirmó lo que meses atrás se rumoraba: su intención de sometimiento a la justicia. «Hemos expresado la intención de alcanzar una salida digna y voluntaria para todos nuestros combatientes, acogiéndonos a la justicia con garantías que direccionen a la reconciliación nacional», manifestó en la grabación.
Fuentes consultadas por Análisis Urbano dan cuenta de que esta negociación avanzaba con firmeza, incluso ya se sabía que había unos voceros que interlocutaban con delegados del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, además de los abogados que estaban encargados de mirar los beneficios jurídicos. Todo parecía ir transcurriendo con normalidad, sin embargo, en ese 2017 empezaron las capturas y las muertes de miembros del Estado Mayor de las AGC y mandos medios cercanos todos al máximo comandante Otoniel.
Por ejemplo, en febrero fue capturado alias Manuel o Chocolate, jefe militar de esa estructura en el Magdalena Medio y el Nordeste antioqueños y con 90 hombres bajo su mando; en marzo fue dado de baja Aristides Manuel Meza Páez, alias el Indio, tercer cabecilla de las AGC; el 10 de agosto fue capturado Dairon Julio Plata, alias Balotelli, primo de alias el Indio; el 31 de agosto fue dado de baja Roberto Vargas Gutiérrez, alias Gavilán —considerado el Monojojoy de las AGC y mano derecha de alias Otoniel—; y en noviembre cayó abatido Luis Eduardo Padierna, alias Inglaterra, señalado tercer cabecilla de ese grupo armado organizado.
La negociación de las AGC y el Gobierno de Juan Manuel Santos, tuvo como característica el «garrote» propinado por las fuerzas armadas estatales a través de las operaciones Agamenón I y Agamenón II, se pensó que eso los llevaría al sometimiento prontamente ya que cabecillas importantes, fueron dados de baja, otros fueron capturados y hasta la extradición se aplicó a algunos de sus líderes.
Vapuleados y bajos de moral, se verían obligados a negociar, podría ser que ocurra otra cosa, ¿Será que negocian la franquicia?
En 2018, a pesar de los golpes recibidos, seguía intacta la voluntad de los jefes de esta estructura paramafiosa y la de su máximo comandante; sin embargo, a medida que el tiempo transcurría el panorama empezó a cambiar: demoras para llegar a acuerdos; persecución en caliente con la Operación Agamenón II, se rumoró incluso que para darle nuevos bríos a la parte final de la negociación se habría otorgado una especie de salvoconducto a Otoniel para trasladarse a Panamá, protegido fuera del teatro de las operaciones de la mencionada operación —esto nunca se confirmó, pero el rumor persistió y llegó el momento que hacía inminente la entrega—; abogados y voceros autorizados de las AGC por el gobierno subían y bajaban de Bogotá y se reunían permanentemente con personalidades de la vida pública del país.
El presidente Juan Manuel Santos, luego de sancionar la Ley de Sometimiento a la Justicia, creyó que ya era un hecho la desmovilización de las AGC, así se lo hizo saber al país, que ya se iniciaba el sometimiento. El triunfalismo era evidente, sectores políticos y miembros de la iglesia daban por hecho esto, pareciera que la Ley 1908 de 2018 o de sometimiento de las organizaciones criminales no hubiera sido bien leída por quienes auguraban la entrega. Su expedición no cayó bien en las AGC, no otorgaba nada novedoso. Asesores, voceros y abogados de esta organización ilegal sí la leyeron al dedillo y vieron que no había rebajas sustanciales y que la extradición seguía viva; esto causo la desazón que presagiaba la retirada de las conversaciones. El Gobierno esperó hasta el último día que ellos se entregaran, la silla se quedó vacía, se retiraron argumentando que no había condiciones —se daba mucho y se recibía poco—. A todo esto se sumó que muchos cambios se estaban presentando dentro de las AGC en el 2018.
La cúpula se modificó a fuerza de golpes y persecuciones de las autoridades, además de delaciones que provendrían de las mismas entrañas de esa organización y que no eran realizadas por mandos medios o rasos; alguien estaba delatando a todos y principalmente tenía un objetivo, alias Otoniel. Se dice que el plazo máximo para entregarlo era el 6 de agosto, lo que no ocurrió y el que sí cayó fue el segundo, Carlos Mario Tuberquia, alias Nicolás, considerado uno de los miembros más importantes. La captura no pasó desapercibida ya que levantó sospechas en las redes sociales por el video que la Policía publicó y que recibió muchas críticas al considerarse que más que una captura parecía una entrega voluntaria. La Policía Antinarcóticos trató de resolver las dudas de las personas que en las redes seguían fustigando el video, pero esto no dejó satisfecho a muchos que siguieron cuestionando la veracidad del audiovisual porque parecía recreado.
Alias Nicolás fue capturado el 5 de agosto de 2018 en una finca de San Rafael, Oriente antioqueño. Le fueron imputados los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, homicidio y amenazas. Tiene en su contra dos órdenes de extradición a los Estados Unidos: Florida y Nueva York. Tenía a su mando siete estructuras de las AGC en Antioquia, Chocó y Meta.
Para algunos la captura de alias Nicolás fue producto de la entrega de las coordenadas de su ubicación realizada por alguien cercano a él; para otros, Nicolás se habría entregado voluntariamente debido a la persecución que había sobre él y ante la inminente posibilidad de ser dado de baja por los miembros de la Operación Agamenón II. Tuberquia fue integrante del EPL, luego pasó a las filas del bloque Centauros de las AUC y hasta hace unas semanas fue el segundo hombre de alias Otoniel.
A esta captura le siguió la de Diego Fernando Coca, alias Platino o alias Invisible. Se rumora que habría sido entregado a las autoridades por una figura importante dentro de las AGC, donde milita. De ser esto cierto, la delación cumplirá el papel que no pudo la Ley de Sometimiento y queda evidenciado en las palabras del general Vargas: «Una captura realizada por un proceso muy importante de la Fiscalía General de la Nación, gracias a la colaboración de las mismas estructuras del Clan del Golfo».
El Gobierno nacional facilita la figura y miembros de Las AGC están aplicando sin contemplaciones el artículo 15 de la ley 1908 de 2018 o Ley de Sometimiento, que permite el uso de agentes encubiertos para que se infiltren en los GAO. Estos agentes, que pueden ser externos o miembros del mismo grupo, podrán infiltrarse en estas estructuras e intervenir en los sistemas de comunicaciones de la organización para ayudar a su desarticulación y así estos “señuelos” recibirían beneficios judiciales.
De ser esto así, el final de las AGC se estaría gestando en sus propias entrañas y podría ocasionar la creación de nuevas organizaciones criminales, lo que provocaría no un desmantelamiento sino un fraccionamiento con consecuencias desastrosas.
¿El Gobierno habrá proyectado este escenario hipotético?