Manila, 31 de mayo de 2022.- Un sacerdote y una médico forense se han asociado para publicar la única investigación independiente que ha conseguido aportar algo de luz en la oscura y sangrienta guerra contra las drogas en Filipinas, declarada por el presidente, Rodrigo Duterte, a quien le queda un mes de mandato.
Las pesquisas del padre Flavie Villanueva y la doctora Raquel Fortun han revelado la existencia de certificados médicos falsos para ocultar muertes a balazos y el ajusticiamiento de jóvenes que nada tenían que ver con las drogas durante esta guerra de la que Duterte hizo su buque insignia y que ha costado la vida a entre 27.000 y 30.000 personas, según varias oenegés.
Iniciativas como las de Villanueva y Fortun se han convertido en la única posibilidad de esclarecer los hechos ante el obstruccionismo de Duterte, que ha vetado una investigación de la Corte Penal Internacional, una situación que no se espera que cambie cuando «Bongbong» Marcos asuma la presidencia el próximo 30 de junio.
“Me di cuenta enseguida de que esta guerra atacaba principalmente a los pobres», relata a Efe el sacerdote Flavie Villanueva, de 53 años, que decidió ayudar a las familias de las víctimas como parte de varios programas de asistencia a los más pobres en las barriadas pobres de Filipinas.
Cuando el sacerdote empezó sus programas en 2016, Duterte acababa de ganar las elecciones presidenciales impulsado por su promesa de terminar con el problema de las drogas y animaba a ciudadanos y policías a «liquidar» a los traficantes, lo que resultó en decenas de cadáveres que aparecían acribillados a balazos cada madrugada en los barrios más humildes de Manila.
Ante la impunidad flagrante y la falta de investigación de la mayoría de ejecuciones en estas operaciones policiales, que Duterte sigue alentando en sus últimos días al frente del Gobierno, Villanueva y la reputada médico forense Raquel Fortun forjaron una alianza para esclarecer algunas de las muertes.
En casi seis años el padre Flavie ha ofrecido asistencia psicológica, burocrática y económica a 253 familias a través de su fundación AJ Kalinga, ya que en ocasiones el asesinado era un padre de familia que dejaba a sus hijos huérfanos y sin recurso alguno.
“El padre Flavie nos ayudó cuando nadie quería asistirnos”, relata entre sollozos Corazón Molina, cuyo hijo Raffy Molina fue abatido a los 24 años en julio de 2016 en una operación policial.
INVESTIGACIÓN INDEPENDIENTE
La alianza entre el sacerdote y la forense surgió de una siniestra sorpresa a la que se enfrentaron los allegados de las víctimas: tras cinco años en una tumba provisional, los cuerpos de los fallecidos son enterrados en una fosa común si la familia no paga un monto que puede llegar hasta los mil dólares, una cantidad que representa sus ingresos de varios meses.
“Prometí que ningún cuerpo iba a ser tirado a una fosa común. A partir del año pasado, recibimos una oleada de familiares de fallecidos en 2016″, explica el sacerdote.
Cuando decide buscar fondos para exhumar los cuerpos y darles un entierro digno aprovecha también para tratar de resolver las dudas que le generaban los informes policiales sobre las muertes y contacta con una de las dos únicas médicos de patología forense de Filipinas, la doctora Raquel Fortun.
“Conocí al padre Flavie en varios encuentros y acepté ayudarle. Nuestro acuerdo fue decir públicamente que los cuerpos simplemente eran exhumados e incinerados”, relata a Efe desde su despacho en la Universidad de Filipinas la doctora Fortun, que se sintió obligada a actuar al ver que «alguien con mentalidad de asesino» había tomado las riendas del país.
La experta descubrió de inmediato que algunos certificados de defunción firmados por médicos eran falsos, y que las familias fueron presionadas para firmar un documento donde renunciaban a investigar el caso para evitar que se abrieran procesos judiciales.
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
En abril, después de meses de trabajo discreto, Flavie y Fortun presentaron los resultados a la prensa: de los 46 cuerpos que el sacerdote exhumó y envió a la doctora para su análisis forense, siete presentaban evidencias de haber sido acribillados a balazos, mientras sus certificados de defunción documentaban muerte natural por asfixia o neumonía.
Para Fortun, «estos médicos se juegan su reputación y su nombre” falsificando informes deliberadamente, y son “una pieza clave” en los asesinatos extrajudiciales, una masacre orquestada por el Estado que la forense define como una “purga de los indeseables, aquellos que no pueden defenderse”.
La doctora sigue investigando, sin obtener remuneración ni ayudas por ello y a pesar de las presiones que recibe desde que se hizo publica su labor. Ni siquiera recibe ayuda de sus estudiantes, que recelan de implicarse en sus pesquisas por miedo a posibles represalias.
Por su parte, el padre Flavie ha examinado los casos de 200 de las 253 familias que ha ayudado desde que empezó sus programas en 2016, y ha concluido que 70 de ellos (más de un tercio) no guardaban relación alguna con sustancias ilegales.
“La guerra de Duterte acabó con la vida de mi hermano, no le dieron oportunidad de rehabilitarse. No hacía daño a nadie”, relata Mary Jane Sardino en la Fundación Kalinga.
Según el sacerdote, los sicarios que ejecutaron las “operaciones de limpieza” en los barrios pobres de Manila a menudo empleaban un «trueque de cabezas: ofrecían a la víctima “morir o seguir viviendo”, a cambio del pago de un “auto rescate” y de señalar a otra persona con la que intercambiar su nombre.
Acusado de sedición por sus críticas a la campaña antidrogas, Flavie sigue empeñado en buscar fondos para continuar la investigación yen evitar que las víctimas sucumban al eterno anonimato en una fosa común.
Federico Segarra
EFE
