San José, 22 marzo.- Luego de un inédito retiro temporal de la representación estatal y de un intento de recusación contra los jueces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) retomó este lunes la audiencia por el caso de secuestro, violación y tortura que sufrió la periodista Jineth Bedoya en el año 2000 en el ejercicio de su profesión y la alegada impunidad en la que permanecen los hechos.
La audiencia, que fue suspendida el pasado martes por una recusación del Estado contra 4 de 6 jueces que fue rechazada al día siguiente, se reanudó este lunes con el interrogatorio del Estado al periodista Jorge Cardona, en calidad de testigo; la declaración y el interrogatorio de las partes a María del Pilar Ospina como testigo del Estado; y la exposición de la perita Daniela Kravetz.
DECLARACIÓN DE TESTIGO Y PERITA
Ospina, quien ha sido fiscal, analista y asesora de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, expuso acerca de las leyes recientes con las que Colombia busca implementar la justicia transicional y combatir la violencia de género, además de un protocolo vigente desde 2016 para la investigación de la violencia sexual.
Ospina afirmó que ese protocolo «hace una caracterización de la violencia sexual y de género, implementa una perspectiva de género en las investigaciones y un enfoque en las víctimas».
La testigo estatal aseguró que ese protocolo tiene herramientas para luchar contra prejuicios y mitos y contiene lineamientos específicos para cada etapa del proceso de investigación.
Ospina subrayó que el impacto más significativo de ese protocolo es que se trata de «un instrumento de aplicación diaria» y brinda «herramientas prácticas y sencillas» para las investigaciones.
Por su parte, la perita Kravetz expuso acerca de la obligación de los Estados de la debida diligencia en la investigación de la violencia sexual y en particular cuando estos hechos ocurren contra las mujeres periodistas y las defensoras de los derechos humanos.
«Los Estados tienen la obligación positiva de proteger a quienes tiene un riesgo especial por el ejercicio de su profesión», dijo la perita.
«La violencia sexual es empleada en un contexto de conflicto armado por actores estatales y no estatales con distintos fines: como represalia o castigo, para silenciar y deslegitimar su trabajo, para humillar y discriminar por su condición de mujeres», explicó.
En ese sentido, Kravetz expresó que las investigaciones deben analizar el contexto, pues «ante hechos de violencia, incluyendo amenazas, es muy importante que los operadores de justicia tomen en cuenta el vínculo con las actividades profesionales»
«En términos de amenazas es importante entender que también son violaciones a los derechos humanos que pueden tener un impacto muy profundo cuando quedan impunes» tanto en el ámbito social como en el profesional de las víctimas, comentó.
Sobre el protocolo colombiano para investigar la violencia sexual, la perita consideró que «se queda corto» en cuanto a los casos relacionados al conflicto armado y que ha habido poco avance en las investigaciones de hechos ocurridos en ese contexto, principalmente en la persecución de autores intelectuales.
EL CASO Y EL INÉDITO RETIRO TEMPORAL DEL ESTADO
El caso se refiere al secuestro, violación y torturas de las que fue víctima la periodista Jineth Bedoya en el año 2000 cuando trabajaba en un reportaje acerca de la violencia y otros actos delictivos en la cárcel Modelo de Bogotá, que involucraba a paramilitares, narcotraficantes, la guerrilla, policías y militares.
La demanda señala que el Estado tuvo conocimiento de la situación de riesgo real e inminente en que se encontraba la periodista y no adoptó medidas razonables para protegerla, en un contexto generalizado de violencia sexual contra las mujeres en el conflicto armado colombiano.
Además, la acusación señala una revictimización de la periodista durante el proceso judicial y que hasta la fecha no se ha investigado a los autores intelectuales de los hechos.
La audiencia comenzó el lunes anterior, pero ese día el director de la Defensa Jurídica del Estado colombiano, Camilo Gómez, retiró a la delegación estatal y presentó una recusación contra 4 de 6 jueces, pues consideró que en las preguntas de los magistrados a la periodista se evidenció «falta de objetividad» y «prejuzgamiento».
El día siguiente la Corte suspendió la audiencia para conocer el escrito de recusación y el miércoles los jueces Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Eduardo Vio Grossi, los dos que no fueron recusados, emitieron una resolución en la que rechazaron en todos sus extremos el escrito del Estado, dispusieron reanudar la audiencia y expresaron su confianza en que Colombia respetará la decisión.
Este lunes el Estado se reincorporó a la audiencia, la cual finalizará el martes con los alegatos finales.
